Hoy cunde la desconfianza. Nadie cree lo que dice el gobierno. Lo hemos visto, borra con el codo lo que firma con la mano. Si dice “A”, lo más probable es que haga “Z”.

La desconfianza campea, y ya no sólo en la gente del agro sino en buena parte de los argentinos. Por eso, muchos están guardando sus ahorros en dólares y fuera del sistema financiero. Los indicadores privados revelan que la caída en la confianza de los consumidores es muy pronunciada. Y la fecha de cambio de tendencia coincide con el día en que comenzó el conflicto.

Esto revela que la gente común, respecto al conflicto, no le da la razón al gobierno o que, al menos, entiende que está manejando mal la cuestión.

La estrategia del Gobierno, de buscar culpables no está dando resultados. Nadie se chupa el dedo.

Por el contrario aumenta la desconfianza. Y esta desconfianza es muy grave. Sobre todo porque no tiene nada que ver con un problema internacional o un shock mundial. Nada de eso. Lo que pasa es que, a partir de ver cómo el gobierno ha ido manejando la crisis agraria, la gente de cualquier estrato económico tiene una gran desconfianza no sólo en la idoneidad, sino también en el buen juicio del gobierno.

Es curioso pero desde que asumió el nuevo ministro de economía, prácticamente no se lo ha visto. Y el secretario de agricultura… ¿dónde está?

Por eso las bases no quieren más palabras, sino hechos, y de esta forma, las cabezas del gremialismo rural quedaron en la encrucijada: o correr el riesgo de perder el apoyo de la gran urbe o quedar superados por las presiones de los autoconvocados y de mucha gente de campo.

En esta encrucijada, los gremialistas optaron por prolongar el paro. Y el gobierno ahora quedó atascado por su tozudez de pretender arrodillar al agro.

La gente de la producción agraria, no sólo se hartó de que le eleven las alícuotas (para peor con un cuadro de retenciones móviles), cuando al gobierno se le antoja, sino también pretenden ir por más. Es lógico, el hartazgo comprende a la política trazada desde el Ejecutivo para crear dependientes de la voluntad del gobernante. Los planes de ayuda social, la diseminación de puestos públicos e incluso los subsidios de toda índole le permiten contar con votantes cautivos. A este ejército de dependientes, se agregan aquellos empresarios que reciben privilegios. Así se acentúa el dominio del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes, y sobre las provincias, en un alarmante proceso de desfederalización. Ahora el agro ha tomado nota de ello y quiere presentar batalla.

La mega-devaluación de 2002 dejó un amplio margen para implantar los derechos de exportación. Como estos impuestos no se coparticipan, el gobierno central logra incrementar, sin mayor esfuerzo, su capacidad financiera y, así, puede ejercer un poder creciente. Mientras mayor es la alícuota por derechos de exportación, menor es el monto por impuestos que va a las provincias, como el que grava las ganancias y las propiedades inmuebles. Los gobiernos provinciales, sea cual fuere su tendencia política, deben doblegarse al “Rey” y, como señores feudales, caen de rodillas frente al trono. Los representantes del pueblo y los estados provinciales quedan como convidados de piedra. Y por omisión o, directamente, por acción, la mayoría de ellos son cómplices de la sangría que sufre el interior.

Además de involucrar miles de millones de dólares, estos gravámenes tienen el enorme atractivo de una fácil cobranza. Ésta resulta ser una de las razones de su aplicación; recaudar estos fondos es muy sencillo y, además, incomoda a poca gente. En rigor, los contribuyentes no efectúan el acto de pagar pues, en su lugar, lo hacen terceros.

El dólar alto asegura protección a las industrias no competitivas. La industrialización promovida desde el Estado da origen a empresas ineficientes que abren paso a una nueva clase empresarial, que insiste en la importancia de industrializar al país a costa de otros sectores, como es el caso del agro. Una visión industrialista con intereses particulares ha usado tal argumento para alcanzar un mejor posicionamiento a la hora de distribuir prebendas. Pero el gobierno se ha encargado de hacer creer que el gran beneficiado es el agro.

Los derechos de exportación resultan de una política proteccionista que financia la construcción del poder para doblegar toda oposición y adquirir, mediante la anulación de la dignidad de las personas, la anuencia popular.

¿Cómo sigue esta película? Nadie lo puede predecir. Pero, así las cosas, es probable que se incremente la temperatura del conflicto. Es hora, entonces, de buscar una suerte de “Cardenal Samoré”, pues desde el gobierno nada se va a lograr. Se necesita un mediador que saque al conflicto del atascamiento. Tiene que ser alguien -o una institución- totalmente de afuera y con gran altura moral.