Las dilaciones del gobierno de Cristina Kirchner para convocar al diálogo con el campo, tras el paro de 21 días, enrarecieron nuevamente el clima. Los dirigentes ruralistas criticaron ayer ciertas "actitudes provocadoras" de la Casa Rosada, anticiparon que limitarán el comercio de granos y que no aceptarán las compensaciones y los reintegros que se les ofrecerán desde el Gobierno para paliar el aumento de las retenciones a las exportaciones del agro.

Según pudo saber LA NACION, el Gobierno se recluyó ayer para reponerse de las heridas de una dura batalla. No hubo reuniones sobre la crisis del campo. Pero según fuentes oficiales mañana o pasado mañana el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, "cruzará llamadas" con los dirigentes ruralistas. El ministro de Economía, Martín Lousteau, viajó ayer a Miami para reunirse hoy con el responsable del BID, Luis Alberto Moreno, por créditos de US$ 8000 millones.

"Las reuniones con el campo serían el martes o el miércoles", insistieron ayer en el Gobierno.

El Gobierno les presentará allí un mecanismo automático de reintegros a los pequeños productores por la suba de las retenciones de la resolución del 11 de marzo -que provocó el paro- y compensaciones por el costo de fletes de aquellos más alejados de los puertos. Pero el campo no lo aceptaría.

Según confirmó ayer a LA NACION el vicepresidente de la Sociedad Rural (SRA), Hugo Luis Biolcati, las entidades "presentarán proyectos que permiten hacer viable esta resolución sin afectar la recaudación".

Las precisiones se las darán al Gobierno. En declaraciones a Radio América, dijo: "Si quieren plata, hablemos de plata. Pero no empecemos con teorías raras sobre la soja".

No se privó, tampoco, de criticar el spot del Gobierno que criticó al campo ("Lo que no necesitan los argentinos -decía el corto- es intolerancia, desabastecimiento e inequidad"). Para Biolcati fueron "actitudes que tienden más a la confrontación: es hora de guardar un poco las armas y trabajar juntos". Y agregó: "Los mensajes de más son provocativos e irritantes".

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, confirmó que "se les aconsejará a los productores no entregar mercadería hasta que la negociación establezca un precio razonable: no se puede a un precio menor de lo correcto".

Preocupación oficial

Esta medida preocupa, y mucho, a la Casa Rosada. Golpearía sobre todo el corazón de la política fiscal. Si no se comercializan granos, ello podría disminuir el volumen de exportaciones y, por ende, descenderían los ingresos fiscales por retenciones.

Debilitaría también la base del modelo, que comienza a encontrar límites fiscales, y el pilar político clave del ex presidente Néstor Kirchner: el de ser un "buen administrador" y el de tener con ello disciplinados a gobernadores, intendentes y legisladores mediante el poder del manejo de la caja.

La preocupación oficial pasa por que el gasto creció en febrero al 39%, la recaudación se desaceleró en marzo y una baja del precio internacional de los granos podría afectarla.

Además, la Nación debe afrontar vencimientos de la deuda pública en 2008 y de un alto volumen de préstamos garantizados, sin financiamiento internacional a la vista.

La inflación, por añadidura, provocará aumentos en los subsidios, los salarios estatales y las jubilaciones. La compra de gasoil y fueloil a Venezuela costaría US$ 4000 millones, a lo que se agregarían las compensaciones al agro. Para cumplir con ello, Cristina Kirchner sabe que necesitará un superávit primario del 4% del PBI y en la actualidad ronda los 3 puntos.

Ello explica por qué Kirchner apoyó la suba de retenciones. Y así como Biolcati convocó ayer al Gobierno a "hablar de plata", Llambías advirtió sobre limitar el comercio de granos.

Consultado sobre si la designación de Ricardo Echegaray en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) significaba más presencia de Néstor Kirchner en la crisis, Llambías dijo "coincidir con ello". Se notó preocupación de los ruralistas porque el Gobierno, que ayer hizo un paréntesis, unifica aún criterios sobre las compensaciones y las políticas para la carne, el trigo y el maíz.

"Si están trabajando ahora después de 21 días, es un poco alarmante que recién se lo tomen en serio y hagan los deberes", dijo Biolcati.

Por Mariano Obarrio