El paro agropecuario puso en debate público y a consideración de la sociedad mucho más de lo que pretendía. Instalada como una disputa que arrancó por la oposición a una medida de política fiscal, la protesta abrió el juego al análisis sobre la rentabilidad del sector, la diversidad de su estructura interna y los actores económicos que participan de la actividad. Pero además, puso una lupa sobre el Estado y el manejo de los fondos públicos en una sociedad que sigue fragmentada. Así, los argentinos durante dos semanas se animaron a opinar e indagar sobre temas que hasta hace poco estaban escondidos detrás de los verdes campos de soja o del abultado superávit.
Al calor de consignas radicales como “este es un paro de la abundancia” o “la expresión de la oligarquía”, también surgieron otras que hablaban de “voracidad fiscal” o “confiscación” , que expresaron el duro enfrentamiento entre el gobierno y el campo. Pero en el medio, la sociedad se animó a cuestionar cuánto gana un productor o qué hace el gobierno con la plata de las retenciones e incluso desempolvó viejas demandas como la discusión de un nuevo régimen de coparticipación.
Por eso, ya nada va a ser lo mismo para los que subieron al cuadrilátero, porque la pelea fue muy dura, dejó muchas heridas y esencialmente porque los espectadores —todos los argentinos— ya no se van a conformar con un espectáculo mediocre. Así, el Estado no podrá tan fácilmente recaudar sin dejar clara su política de asignación de fondos y los productores obtener rentabilidades desmedidas sin ser objeto de críticas por parte de los asalariados que sufren el impacto inflacionario que provocan sus ganancias.
“El el núcleo del problema en la ecuación agraria actual es la incorporación del capital financiero como nuevo protagonista de la producción agropecuaria, lo cual provoca un número considerable de distorsiones que influyen de manera negativa y que deben ser corregidas”, dijo Enrique Martínez, titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) en un documento de trabajo sobre el sector denominado.
El funcionario defendió la política de retenciones móviles con argumentos que superan su condición de integrante del gobierno, aunque consideró “imprescindible un gran esfuerzo para corregir la distorsión y concentración de la estructura productiva, recuperando un rol activo para los productores asentados en cada territorio” (ver página 6).

La diferencia de escala

La diferenciación por escala productiva con la consigna de “no todo es lo mismo en el campo” fue una lucha que encaró la Federación Agraria Argentina (FAA) hace algunos años cuando disparó la discusión sobre el uso y tenencia de la tierra en el país. Sin embargo, estos argumentos de política sectorial terminaron licuados en una protesta que tomó como bandera el tema de las retenciones. Por caso, la entidad que históricamente viene discutiendo aspectos cruciales como la ley de arrendamiento o la diversificación de la producción para lograr sustentabilidad, no supo diferenciarse en el paro imponiendo su propia agenda, más vinculada con la necesidad del pequeño y mediano productor que con los pooles de siembra o arrendatarios de grandes superficies cultivables.
Y así, el gobierno se dio el lujo de “correrlos” con argumentos como el desendeudamiento del sector y la propia presidenta Cristina Fernández en su primer discurso crítico al sector recordó la licuación de deudas y la reestructuración de pasivos de los productores con el Banco Nación. “Cuando las vacas vienen gordas son para ellos y las penitas para los demás”, dijo la mandataria.
En las rutas, en tanto, los productores se ocuparon de desmitificar el discurso oficial y en panfletos que distribuían a los automovilistas retrucaban los argumentos del ministro de Economía. “Es mentira que gracias a las retenciones el gasoil es más barato”, expresaban. “El gasoil para el transporte en colectivos vale 1 peso, en los surtidores de las estaciones de servicio (precio al público) 1,70 a 2 pesos y para el campo (mayorista) vale 2,20 a 2,30 pesos. Y en los momentos de mayor consumo, siembra/cosecha, muchas veces no se consigue”, argumentaban los productores.
Además, explicaban que “el campo vende con un dólar entre 1,75 y 2,05 (tipo de cambio menos retenciones) según los productos y compra los insumos con un dólar de 3,15”.
Finalmente cuestionaban la efectividad de la medida para frenar la inflación de los precios internos. “El trigo en 2002 (año en el que se reimplantaron las retenciones) valía 380 peso por tonelada ($/tn), ahora vale 580 $/tn, es decir que aumentó el 52%. El precio del pan ese mismo año era 2 pesos por kilo y hoy cuesta 4 pesos el kilo, es decir, aumentó el 100%. Con lo cual, el principal objetivo de las retenciones es recaudatorio”, indicaban.

El modelo cuestionado

Pero más allá de los números finos, que permiten diferenciar la realidad de un productor de 50 hectáreas de la de los pooles de siembra o los grandes arrendatarios que trabajan miles de hectáreas productivas en el país, el paro también abrió el debate sobre el propio modelo económico e incluso trazó profundas diferencias políticas y viejos antagonismos de clase.
“Es hora de analizar el modelo de país que queremos, y sobre la forma en que deben manejarse nuestros recursos”, expresó la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem), un sector proveedor clave del campo y llamó a que “los mismos sean distribuidos en forma lógica, racional y de acuerdo a los criterios que dicta nuestra Constitución Nacional, es decir, considerando el modelo federal que la inspira y no a criterio de un grupo político que circunstancialmente maneje los destinos del país”, agregó en un comunicado.
En tanto, el miembro honorario y ex presidente de la Asociación de Productores de Siembra Directa, Víctor Trucco, dijo que “el intento de distribuir la renta es propio de una discusión en el café de la facultad de los años 70, pero no de la economía del siglo XXI”. A su juicio, no se trata de “discutir ideología, sino derechos”. Para el dirigente “no se puede discutir en la Argentina de Alberdi, de quién es el resultado del bien que producimos”.
“No se puede permitir que el gobierno, porque entiende que una actividad tiene ganancias y las considera extraordinarias, pueda confiscarle parte de sus ingresos, esto no es constitucional, más allá de los argumentos que se usen”, argumentó el dirigente contrarrestando el argumento de Cristina cuando le dijo a los productores que “nadie critica que se compren una 4x4, que vivan bien. Lo que no me parece bien es que quieran hacerlo a costa de que otros argentinos no puedan acceder a las cuestiones más elementales”.
Para la Fundación para la Integracion Federal (Funif) la clave está en cómo el Estado legitima su política fiscal y considera que “sería socialmente positivo destinar parte de los recursos adicionales generados por las subas de las retenciones a moderar el impacto de la inflación en los sectores de menores ingresos (descuentos y/o cupones alimenticios)”.
“Si los fondos captados del campo no se utilizan correctamente, las quejas del sector van a ser cada día más justificadas”, aseguran y quizás encuentren el consenso que en una forma muy sui generis, lograron con las cacerolas.