Sin embargo, se trata de otra evidencia de que la Argentina carece de una
estrategia orientada a aprovechar la oportunidad histórica que brinda el
contexto internacional. El principal problema no son las retenciones, sino la
forma en que se aplican y el uso que se hace de los ingresos que generan.
Los precios internacionales siguen favoreciendo a la Argentina. Paradójicamente,
esta excelente noticia se ha convertido en el epicentro de un inédito nivel de
conflictividad con los sectores agropecuarios. Se ha llegado al punto de
producir desabastecimiento, riesgos de actos de violencia y efectos muy
negativos sobre las decisiones de la producción. Según el diagnóstico oficial,
se trata de una presión sectorial tendiente a apropiarse de las ganancias
extraordinarias que producen los excelentes precios internacionales.
¿Es esta la mejor interpretación de los conflictos desencadenados por el aumento
de las retenciones? En base a la evolución del precio de la tonelada de soja en
los mercados internacionales y el precio que perciben los productores una vez
que se deducen las retenciones a las exportaciones se pueden trazar algunas
referencias más objetivas alrededor de este interrogante.
Según datos del Ministerio de Economía:
• En 1997 el precio internacional de la soja fue el más alto de la década de
los ’90, con U$S 281, y el precio neto de retenciones –3,5% en esa fecha– era de
U$S 271.
• En el 2001 el precio internacional de la soja fue el más bajo de la década de
los ‘90,alcanzó el nivel mas bajo con U$S 169, y el precio neto de retenciones
era de U$S 163.
• En marzo del 2008 el precio internacional de la soja está en el entorno de los
U$S 495 que, aplicando retenciones del 44%, llevan el precio neto a
aproximadamente U$S 284.
En otras palabras, el precio internacional de la soja actual casi duplica al
de hace una década, pero los precios que recibe el productor son muy parecidos a
los de aquella época. Esto es consecuencia de que casi la totalidad del aumento
en el precio internacional fue absorbido por el incremento en las retenciones,
que llegan al 44%.
Se puede argumentar que lo que separa a la década del ’90 de la actualidad es
una fuerte devaluación que hace que los casi U$S 300 por tonelada percibidos en
1997 no sean equivalentes a los de la actualidad. Sin embargo, hay evidencias
que sugieren que las diferencias no serían tan importantes.
Muchos insumos del sector agropecuario son importados y, por lo tanto, no fueron
“licuados” por la devaluación. Los insumos de origen nacional han experimentado
un fuerte crecimiento en pesos, al punto que muchos tienen un costo, medido en
dólares, similar al anterior a la devaluación. Finalmente, algunos insumos
tienen precios en dólares todavía relativamente baratos, como el gas oil, pero
están sujetos a fuerte desabastecimiento lo que hace que para conseguirlos haya
que pagar sobreprecios que llevan los costos de estos insumos a niveles
similares a los tiempos anteriores a la devaluación. Esto sugiere que la
iracunda reacción de los productores agropecuarios es, en parte, una
manifestación de que los efectos de la devaluación se están esfumando y, por lo
tanto, semejantes niveles de retenciones a las exportaciones han dejado de ser
tolerables.
La aplicación de retenciones a las exportaciones en un contexto de precios
internacionales atípicamente altos tiene lógica. Chile lo hace como una manera
de socializar parte de los beneficios generados por el alto precio del cobre. La
Argentina, al ser un país exportador de alimentos, tiene razones adicionales
para hacerlo. Sin embargo, como cualquier impuesto, es necesario aplicarlos con
mucha prudencia. El nivel que han alcanzado las retenciones luego del último
ajuste parece estar ignorando que los efectos de la devaluación son transitorios
y que no se han tomado medidas tendientes a ganar competitividad por vías más
genuinas. Muy por el contrario, se multiplican loas mecanismos vías a través de
las cuales la Argentina sigue perdiendo competitividad por aumentos de costos
internos.
Esto lleva a enfatizar que el punto más cuestionable de la estrategia oficial es
el uso que se hace del aumento en los ingresos fiscales. La centralización en el
gobierno nacional violenta los principios federales y propicia el desperdicio a
través de una gran maraña de subsidios fuertemente concentrados en Buenos Aires
e intervenciones nacionales en el interior que avasallan funciones de las
provincias. Así se explica que mientras las retenciones y los impuestos
nacionales tienen niveles exagerados, la gente percibe –especialmente los que
viven en el interior– que se acentúa el deterioro en los servicios a cargo del
Estado, como la educación, la salud, la seguridad y la falta de infraestructura.
La Argentina va camino a reincidir en desaprovechar las oportunidades que le
ofrece el muy favorable contexto internacional. Para no volver a repetir
fracasos es fundamental rectificar la estrategia. Hay que apuntar a niveles más
razonables de imposición tributaria con reglas que garanticen una gestión más
federal y eficiente del gasto público y la inversión.
Precio internacional y precio neto luego de aplicación
de retenciones
