Sin embargo solemos olvidar que existen, a lo largo de la historia, gobernantes que cuanto más tienen más quieren.

Un ejemplo patético acaba de suceder. Paro no abrir tanto el análisis concentremos nuestras líneas en la soja.

La suba en la alícuota de los derechos de exportación a la soja podría representar nada más y nada menos que unos U$S 1.500 millones adicionales para la caja fiscal.

No es moco de pavo, para decirlo vulgarmente. Y así, en lugar de achicar el gasto público y hacer más razonable la forma de gastarlo, se opta por llevar adelante un nuevo atropello a la producción, sobre todo primaria, la que, justamente, está dando muestras obvias de eficiencia y competitividad.

Lo que a uno le da bronca es la forma en que se pretende mostrar esta medida de intervención en los mercados. Está claro que es una forma de modificar los ingresos de los productores, en desmedro de ellos y a favor del Estado (léase gobierno).

Sin embargo, se insiste en hacer llegar un mensaje coronado por el cinismo. A estas medidas, claramente discrecionales y arbitrarias, se pretende llamarlas “política económica” lo que es una falta de respeto a la ciencia económica.

Hablar de mayor certidumbre, a consecuencia de más intervención estatal en los mercados, es como pretender hacer creer que si cortamos las alas de las aves, éstas volarán más alto.

Así también, expresar que estas medidas son para neutralizar la inflación externa es prácticamente faltar a la verdad cuando todos sabemos que la soja se exporta casi totalmente. Si fuéramos mal pensados, deberíamos decir que el mensaje oficial fue una burla.

Para muestra sólo falta un botón. "Es esencial para el sostenimiento de precios domésticos compatibles con la capacidad del poder adquisitivo", dijo un alto funcionario de la Secretaría de Agricultura.

Es increíble pero real: se habló de “previsibilidad” y con estas medidas se han dado las condiciones necesarias para desmoronar lo que durante años se ha logrado con los mercados de futuros. Algo que tarda tanto en levantarse, se puede voltear en cuestión de minutos.

Ahora, se quiebran los estímulos para llevar adelante negocios futuros, en el mercado físico, como así también, los correspondientes a los mercados a término institucionalizados. ¿Cómo es posible que se hable de previsibilidad?

La actual estrategia es nada menos que una especie de estatización de la actividad agrícola, con la que la Argentina queda a pocos pasos de un sistema socialista de producción.

¿Acaso acotar el precio a determinada banda no es una herramienta más propia de una economía socialista que una de mercado? No hay que ser muy inteligente para saber la respuesta.

Y decimos esto porque en las propias palabras de las autoridades han surgido expresiones que muestran que su intención es la de administrar las ganancias de los productores que, en definitiva, son señores empresarios. Que saben muy bien cómo competir en el mundo de hoy.

Se trata de un sistema donde el poder central “hace caja” con fondos que deberían quedar en manos de la gente que los genera, esto es en las provincias, en el interior del país. Del país federal por el que lucharon nuestros padres, poco está quedando.

Las nuevas alícuotas a la soja son una piedra en el camino –muy especialmente- de las empresas más débiles. Ellas tienden a discriminar las pequeñas economías y productores del interior del país.

Las zonas más alejadas de los puertos sufrirán doblemente los costos. Es evidente que la producción habrá de caer. Y que las economías marginales llevarán la carga más pesada.