Joaquín V. González pone al descubierto nuestra presunta maldición: "La prosperidad de una nación no depende tanto de la posesión de ricas minas de oro cuanto de la formación de ciudadanos inteligentes y virtuosos, capaces de darse cuenta de que no sólo labran su dicha personal, sino también la de sus compatriotas y semejantes" Es admirable cómo se adelanta a tantos en el entendimiento de lo que hoy se conoce como capital social.

Hasta la reorganización nacional, el país contaba con algo menos de un millón de habitantes; y sólo una tercera parte se concentraba en las ciudades grandes. Entre el establecimiento de la Constitución Nacional y la presidencia de Avellaneda, la cantidad pasó a duplicarse. La proporción campo-ciudad continuó más o menos igual. En 1874, había cerca de dos millones de habitantes y de ellos, más de seiscientos mil residían en los pueblos y en las ciudades pequeñas.

Pero al finalizar el siglo, se modificó la estructura: la población pasó a duplicarse. Ya con cuatro millones de habitantes, la proporción urbana se acercó al 40%.

Como se sabe, durante los primeros quince años del siglo XX, el país alcanza el ritmo de desarrollo económico más elevado de su historia. En esos años es cuando la agricultura accede a un altísimo grado de crecimiento y la ganadería se perfecciona, al tiempo que la red ferroviaria se expande vertiginosamente. Con estas transformaciones, crecen las exportaciones básicamente agrícolas y ganaderas -aunque también se dan industrias ligadas- y una enorme afluencia inmigratoria baña el territorio nacional. Pero casi simultáneamente se inicia -como en la mayor parte del mundo- el éxodo de la gente a las ciudades.

A fines de la primera década, la población alcanza a ocho millones de personas. De los cuatro millones de habitantes de crecimiento, un millón va a dar al campo y el resto a la ciudad. Para 1915, un 42% era rural y un 58% urbana. A partir de allí, este fenómeno, en buena parte contradictorio con el tipo de actividad económica, se extiende hasta nuestros días. No es casual que Alejandro Bunge, en su libro Una nueva Argentina, en el año 1940, llame a nuestro país: "La agrícola Argentina, país de población urbana".

El desarrollo del sector agropecuario está supeditado al desarrollo del interior del país, con sus pequeñas poblaciones y ciudades.

En tal caso, se trata de crear el "ambiente adecuado" para lograr una retención poblacional en ese interior, retención que frenaría el crecimiento de las "villas de emergencia" de las grandes ciudades costeras, como es Buenos Aires y Rosario. Si es política de estado que los derechos de exportación permanezcan como instrumento de baja en los precios de los alimentos, los fondos correspondientes debieran volver al lugar de origen, en la forma de escuelas, estructura vial y energética, hospitales, seguridad, etc. Si no es en su totalidad, al menos, en su mayor parte. El dinero recaudado en rigor pertenecería fundamentalmente al territorio de la sociedad rural -espacio en el que viven pobres y ricos- donde se origina.

La instalación de industrias ligadas al agro en ese interior es lo que asegura la permanencia e incluso la atracción de contingentes laborales y es la solución de los problemas sociales de los grandes conglomerados. No es una quimera sino una realidad: el agro induce a la generación de industrias aguas arriba en las ciudades del interior, es decir en donde están sus clientes. También empuja a la instalación de industrias manufactureras, aguas abajo, en el interior. Por ello, el crecimiento y fortalecimiento de las cadenas agroindustriales contribuyen decisivamente, en un ambiente institucional amigable, al desarrollo armónico del país. Esta verdad de Perogrullo, está escondida detrás del telón de intereses muy parciales.

La gigante red agroindustrial que se ha ido desarrollando no tiene límites próximos. Es tal el potencial de crecimiento que asombra que los propios interesados no sepan entregar una imagen que se corresponda con la realidad a la población urbana actual.

No es cierto que la demanda laboral esté necesariamente en la gran urbe. Con sólo recorrer una determinada cadena agroindustrial advertiremos la falacia. Está, entonces, en los integrantes de las cadenas de valor correspondientes "vender" lo que hacen. Para ello, se requiere, de una vez por todas, un movimiento gremial unificado, con un mensaje claro y preciso dirigido a la sociedad. Las facciones son exactamente la contradicción del concepto de capital social que, en la actualidad prima en toda mesa de debate y discusión intelectual.

Desde las demandas de la sociedad se irán construyendo espontáneamente nuevas instituciones. Este país de enorme cabeza y frágil estructura es una negación al sentido común.

Muy ciertas resultan la palabras de Francis Fukuyama cuando expresa: "La cultura política refleja la experiencia común de muchos grupos de personas en un momento determinado, y puede cambiar fácilmente por obra de la dirigencia, la educación, nuevos entornos y desafíos, los modelos externos, etcétera."

El autor es director de Consultoría Agroeconómica