A partir de la década de 1940, fue abonándose la idea de que los productores no respondían a los incentivos. De esta forma, la interpretación de la realidad quedó encerrada en un círculo cuyo origen se reconoce en la falta de respuesta del agro a los estímulos favorables y su presunta incapacidad para originar crecimiento económico.

Nace así una suerte de visión donde la industrialización debía realizarse, aun a costa del agro, como forma de salir del estancamiento. No se entiende que el agro dispara industrias -cada vez más sofisticadas y complejas- hacia atrás y hacia delante –en dirección al cliente final- y que, en consecuencia, si debe haber una política económica de apoyo hacia allí tiene que dirigirse. Así se instaura un ideología que, si no se puede definir como antiexportadora, bien se puede hacerlo como indiferente al crecimiento las exportaciones derivadas de las ventajas comparativas. Así comienzan a establecerse políticas antiexportadoras, en lo que respecto al agro.

Las políticas económicas antiexportadoras, al reducir –vía derechos de exportación- el costo local de los productos de exportación –precisamente, los alimentos- contribuye, sin duda, al aumento del valor real de los salarios. Y lo hacen a costa de perjudicar a los sectores con mayor probabilidad de crecimiento sostenido. Se instala así la política de la inmediatez.

Podría entenderse que frente a una coyuntura muy delicada, ellos se implanten como forma de contribución en una emergencia. Pero, está claro que no pueden permanecer para dejar al país en la política de la inmediatez. No es posible que una autoridad centralizada, en forma discrecional, decida a través de estos impuestos cuánto van a ganar o perder unos y cuánto, otros. Por ello debiera haber una ley del Congreso que brinde horizonte al respecto.

Vamos a la historia. Los tipos de cambio múltiples –de la década anterior- deriva en derechos de exportación en el año 1958. Desde entonces, y con algunas interrupciones, se aplican hasta 1976. Reaparecen en 1983 y duran hasta 1991, cuando prácticamente son anulados, hasta su nueva imposición en el año 2002.

Cuando se eliminan, el sector agropecuario aumenta su tecnificación y la producción de cereales y oleaginosas se incrementa de 35 millones de toneladas, a principios de la década de 1990, a 70 millones a fines de ésta.

Hoy miramos, con certidumbre, un horizonte de 100 millones de toneladas y verificamos un impresionante crecimiento en la producción de bienes altamente diferenciados como es el caso de los vinos.

Hace unos días me toco participar como orador en un Seminario en Santiago de Chile. En un momento dado, otro conferencista –chileno- explicó el temor que existe en la industria chilena por el avasallante ingreso de la vinicultura argentina en el mundo. Un gran operador teme a la producción argentina, porque ella es altamente competitiva.

Es que en aquellas áreas donde nos ponemos las pilas y donde no se aplican impuestos distorsivos, surge el éxito que se desparrama sobre la sociedad. Y si tenemos dudas al respecto: preguntemos a un mendocino o a un sanjuanino y veamos qué nos contesta.

Sin embargo subyace en la dirigencia una clara actitud discriminatoria, que no quiere o no puede comprender cuán distorsivos resultan. Tal actitud no es producto únicamente del país sino que se nutre del exterior. En Agriculture in Regional Economic Growth (1959), Douglass C. North (Premio Nobel en Economía) critica a reconocidos economistas por identificar el crecimiento económico con una revolución industrial, así como por sugerir que la ventaja comparativa de explotar tierras cultivables y otros recursos naturales podría retardar e incluso impedir el “despegue” industrial. De igual manera, censura a varios de ellos por considerar que la fuerza motriz del crecimiento económico es el desarrollo industrial y por asignar a la agricultura un rol subalterno en el proceso global de desarrollo urbano-industrial.

Este economista sostiene que una producción exitosa de productos agrícolas y extractivos para la exportación puede ser—y, bajo ciertas condiciones, ha sido—el principal impulsor del crecimiento económico, del desarrollo de economías externas, de la urbanización y, por último, del desarrollo industrial de EE.UU. Sí, señores, él entiende que ha sido la agricultura la protagonista.

La historia reciente no es nueva. Si sube el nivel de inflación, menor es el tipo de cambio real, y con los derechos de exportación, más bajo pasa a ser el tipo de cambio efectivo. El tipo de cambio efectivo está dado básicamente por el nivel de impuestos (y premios) que acarrea. Y los derechos de exportación son impuestos que gravan la producción cuyo destino es la exportación misma.

Desde la aplicación del nuevo modelo (post convertibilidad), la economía fue cerrándose de forma violenta, con un alto encarecimiento de insumos importados, como fertilizantes y agroquímicos además de una buena parte de los bienes de capital que hacen a la modernización y productividad del agro.

La presión de la suba general de precios, con la amenaza de mayor inflación, por el rezago sufrido por parte de los servicios, y los derechos de exportación, en un contexto de insumos encarecidos, no constituyen el aliciente necesario para la inversión en adición de valor y diferenciación de productos.

El efecto de un tipo de cambio efectivo en baja es perverso. Lo es porque, de acuerdo a la percepción general, los ingresos del sector parecen altos, cuando en realidad la ganancia es baja, pues los insumos muy relacionados con el tipo de cambio son elevados. La realidad es estos impuestos disminuyen los ingresos pero no disminuyen los costos, lo que provoca una distorsión.

La incertidumbre que estas intervenciones del Estado sobre la actividad privada genera es la que, finalmente, mayor daño ocasiona. La señal implícita en cada aumento de derechos de exportación es terrible ya que voltea el espíritu empresarial y la actitud de emprendimiento hacia la adición de valor en la cadena.

No es posible que sigamos utilizando la palabra “retención”. Pues con los derechos no hay retención alguna sino un verdadero impuesto de magnitud impactante. Que esta nota sirva, al menos, para dejar de llamar a las cosas con un nombre que no se corresponde con la realidad.

Hablemos claro: no existen retenciones. Como la digo en mi libro Marketing Agroindustrial, acá no se retiene nada; acá se impone. Se cobra un impuesto. Lo que el agro sufre es la aplicación de un impuesto a determinada producción.