BUENOS AIRES - Desde hace cientos de años se utilizan sistemas biológicos, organismos vivos o sus derivados para crear y modificar procesos o productos, a fin de utilizarlos como alimentos, medicamentos y otras aplicaciones industriales, en lo que se definió como “biotecnología tradicional”. Mucho después, en la última cuarta parte del siglo pasado, se elaboró insulina humana a partir de bacterias transgénicas -ahora casi todas las vacunas provienen de organismos genéticamente modificados (OGM)-; lácteos de fermentación, y se intervinieron genomas de plantas, microorganismos y animales para dotarlos de características que no estaban presentes por evolución natural o hibridación experimental inducida.
Los especialistas intuyeron que las incursiones no se limitarían a tales actividades de primera generación, sino que habría una segunda, con alimentos que mejorarían sus propiedades (aceite de soja con mayor proporción de ácidos grasos, maíz con aminoácidos esenciales o papas con más almidón para absorber menos aceite al freírlas). La tercera permitiría obtener vacunas orales contra el cólera, la hepatitis B y enfermedades gastrointestinales de papas, bananas, lechuga y espinaca; plásticos a partir del maíz, y remedios y anticuerpos de diferentes plantas.
Desde la Fundación Redbio Argentina señalaron que “el desarrollo de un OGM requiere por lo menos diez años de trabajo para identificar el gen que interesa; su clonación y caracterización molecular, y el estudio de su utilidad y de los efectos sobre la salud humana”.
En 1996 se inscribieron en la Argentina las primeras variedades de soja resistentes a glifosato y dos años después el algodón resistente a lepidópteros y el maíz Bt.
No obstante las estrictas disposiciones identificatorias exigidas por los países compradores de productos agropecuarios, las autoridades locales insistieron en que no se trata de poner etiquetas sino en confiar en los organismos verificadores, como la Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agropecuaria (Conabia). Por las dudas, funcionarios de la Secretaría de Agricultura insistieron en que no se demostró que provocan impactos negativos sobre el ambiente o la salud y que no surgieron dificultades insalvables, aunque admitieron que se conseguirían mejores precios si se garantizara un sistema de trazabilidad.
La producción agrícola transgénica de la Argentina tuvo un valor comercial de 8.900 millones de dólares en el 2004 y ubicó en el segundo lugar en el mundo, detrás de la de los Estados Unidos, representando así el 20% de los 44.000 millones de la total, según Carlisle Ford Runge, de la Universidad de Minnesota (Estados Unidos).
El país está entre aquellos en desarrollo con programas de biotecnología bien elaborados y una considerable capacidad de investigación, de acuerdo con una evaluación de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). No obstante, recomendó construir “capacidad en bioseguridad”.
Los cuestionamientos impulsaron negociaciones multilaterales orientadas al diseño de instrumentos de protección. Tras años de debates y de revisión de las primeras normas aprobadas para regular la comercialización de productos con o procedentes de OGM, el 18 de abril del año pasado se resolvió que los países de la Unión Europea indicaran en las etiquetas de los productos cualquier intervención biotecnológica en la cadena alimentaria. El comité científico de la UE llegó a sostener que la soja transgénica es tan segura como la no transgénica, cuestión con la pareció coincidir la Organización Mundial de la Salud. Un informe de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos ratificó el concepto, hace casi un año, al subrayar que los alimentos obtenidos a partir de cultivos genéticamente modificados son tan seguros como los creados con otros procedimientos, incluyendo la hibridación convencional o mezcla de genes. Sin embargo, reconoció que las técnicas utilizadas podrían resultar “involuntariamente dañinas”, por lo que deberían someterse a un “estricto control” antes de lanzarse al mercado.
Greenpeace Argentina denunció la distribución en el país de semillas “prohibidas” y obligó a las autoridades a detectarlas, al igual que los cultivos, para proceder a su destrucción, pese al rechazo de la empresa propietaria de una de las patentes (en enero último, un barco de la organización ecologista interceptó a otro que transportaba a Francia 32.000 toneladas de soja transgénica).
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires promovió hace un par de años un proyecto de ley para cubrir el vacío legal referido a los OGM y aclaró que no pretendía que se dejaran de producir o comercializar alimentos transgénicos sino obligar a las partes involucradas a informar si alguno de sus componentes era o los contenía. Entre otros intentos similares, el concejo deliberante de San Carlos de Bariloche aprobó una ordenanza para que supermercados, almacenes y comercios de comestibles exhibieran una lista de los productos elaborados con técnicas de ingeniería genética.
Con todo, la biotecnología genera negocios que figuran entre los de mayor crecimiento en el mundo. Cuando se descifró el genoma humano o “mapa de la vida”, a mediados del 2000, se originó una revolución científica y la posibilidad de que la industria farmacéutica descubriera nuevos medicamentos. En el 2006, vencerán las patentes de 11 fármacos de base biológica, que movilizan unos 13.000 millones de dólares, negocio que podría ser aprovechado por los países con “know how” para hacerlos, conforme recordó el argentino Carlos Magariños, director general de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).
De cualquier manera, Martín Lema, de la Universidad Nacional de Quilmes, remarcó en su libro “Guerra biológica y bioterrorismo” acerca de la “cruel paradoja” de que la tecnología que nació para mejorar la calidad de vida y trabajar en la genética humana, animal y vegetal, ahora también se aplica en microorganismos y toxinas destinados a armas biológicas.