Cuota Hilton, precio de la urea, biocombustibles, cadena agroindustrial, regalías por el uso de tecnología transgénica fueron algunos de los temas que acapararon la atención del complejo de la agroindustria argentina.

Sin pretender imponer un orden de prelación, el reparto de la cuota Hilton generó una controversia fenomenal que terminó enfrentando claramente a los grandes frigoríficos con el Gobierno y con la industria que agrupa a los pequeños y medianos establecimientos.

La “judicialización” de la cuota —que, según todos afirman, nadie quiere— se agudizó luego que el juez federal Martín Silva Garretón, a pedido de las plantas agrupadas en el Consorcio de la Carne Argentina, ordenó a la Secretaría de Agricultura a que deje de emitir certificados de exportación de Hilton a una docena de plantas que tienen amparos judiciales.

La crisis estalló cuando la Secretaría decidió una nueva distribución a partir de la resolución 1108/04 que permitió la incorporación de 18 nuevas plantas de faena al negocio de 200 millones de dólares que recibieron, en conjunto, unas 5.300 toneladas.

El Consorcio calificó a este reparto como un “escándalo”, señalando que en 2003/04 las 10 primeras firmas de ese grupo recibieron 14.638 toneladas, mientras que en el ciclo 2004/05 obtienen 11.561 toneladas, un 26 % menos.

DESDE AGRICULTURA. El titular de Agricultura, Miguel Campos dijo que uno de los objetivos del actual reparto fue ampliar la cantidad de plantas que pudieran participar de la Hilton, recordando que en 2003 se distribuyó la cuota entre 45 establecimientos y este año la cantidad aumentó a 68. Cuestionó la intervención judicial en el reparto.

“De las 28 mil toneladas, hay 10.200 que han sido asignadas por jueces a través de fallos” que la Secretaría “no tiene más remedio que cumplir”, agregó.

Parece que el caso más emblemático es el del frigorífico Subpga, de Berazategui que este año, gracias a un amparo judicial, recibió más cuota este año, casi un 10 % del total.

La empresa mantiene una deuda de 12 millones de pesos con la AFIP, está inhabilitada por el Banco Central, debe 1,5 millón de pesos a la obra social del personal de la carne y debe 23.200 pesos por multas impagas.

En tanto, siete entidades que agrupan a un sector de la industria frigorífica (entre ellas, Cadif, Ciccra y Unica) respaldaron el reparto instrumentado por Agricultura y cuestionaron la estrategia del Consorcio de paralizar la entrega de los certificados que ahora avaló un juez federal.

REGALÍAS DE SEMILLAS. El pago de regalías fue otro de los asuntos más espinosos que enfrentaron a sectores del negocio agrícola.

El tema adquirió inusitada dimensión cuando la multinacional estadounidense Monsanto reclamó el pago de royalties por el gen RR de la soja planteando una discusión que adquirió una dinámica impensada.

A partir de esa demanda, Agricultura convocó a las empresas semilleras y a las entidades del campo para comenzar a trabajar sobre una propuesta de consenso que contemplara el pago de ese canon, el derecho al uso propio de los agricultores y la supresión definitiva de la llamada “bolsa blanca” (semilla ilegal y sin fiscalizar).

A mediados de diciembre las partes firmaron un acta-compromiso —que no rubricó Monsanto, pese a que había manifestado su voluntad de acordar— con puntos de coincidencia que deberían servir para que Agricultura elabore una iniciativa que contemple las aspiraciones de los sectores.

Pero Monsanto pateó el tablero y envió comunicaciones a los agricultores manifestando su decisión de implementar el pago de la tecnología de la soja RR a partir de marzo próximo.

El valor de la licencia será del 3 % del precio del grano, pero en el primer año ofrecen un descuento del 33 % que implica un valor de 3 dls/tn para quienes adquieran la licencia antes del 15 de enero próximo.

Monsanto había amenazado con cobrar la regalía en los puertos de los países a los que la Argentina envía productos del complejo sojero.

FORO DE LA AGROINDUSTRIA. A mediados de noviembre quedó conformada, en tanto, el Foro de la Agroindustria, una iniciativa gestada por la Sociedad Rural Argentina y la Coordinadora de la Industria de Productos Alimenticios (Copal) hace un par de años.

Unas 40 entidades de ese sector decidieron reunirse para unificar su discurso ante el Gobierno respecto de cuestiones que son de absoluta prioridad como la eliminación de los impuestos distorsivos (retenciones, entre otros).

Todo esto en un contexto en el que se plantea producir 100 millones de toneladas de granos, aumentar a un millón de toneladas las exportaciones de carnes vacunas y potenciar las capacidades de la lechería, avicultura, pesca y el resto de las economías regionales.

Para alcanzar esos objetivos, el Foro reclama del Gobierno reglas claras y previsibles y menor presión impositiva para —en un escenario de menor rentabilidad por precios agrícolas en caída respecto del ciclo pasado y costos de producción más elevados— poder seguir invirtiendo.

PRECIO DE LA UREA. Otra polémica tuvo como eje el precio de la urea. Los productores afirman que Profértil, la principal abastecedora de ese nutriente, el más utilizado dentro del paquete de fertilización, tiene un precio para este producto en la Argentina y otra para la exportación a países como Brasil, Uruguay y Chile. La empresa tiene más del 70 % del mercado local y vende 710 mil de las 950 mil toneladas que se consumen y exporta unas 440 mil toneladas entre los meses de noviembre y mayo.

“La empresa elabora la urea granulada con costos nacionales (su principal insumo es el gas) pretendiendo vender al precio internacional”, decía el titular de Cartez (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona), Néstor Roulet.

Las entidades hicieron una presentación ante Defensa de la Competencia, porque “los productores no están pagando por la urea un precio razonable”, afirmaba Eduardo Rodríguez Arias en representación de CRA.

El economista en jefe de la Sociedad Rural Argentina, Ernesto Ambrosetti, destacaba que no hay motivos suficientes como para entender porque los precios al productor son tal elevados en el mercado interno.

La firma salió al cruce de estas imputaciones, diciendo que es “inextacto” que tenga una “posición dominante” en el mercado y que el agricultor argentino pague la urea granulada “más cara que productores de terceros países”.

Califica a la urea como un “commoditie” y por lo tanto su precio de venta en la Argentina no depende de los costos de producción de Profértil, sino de los valores que “día a día se van estableciendo en los mercados internacionales”.

Considera, por otra parte, que si la urea que produce “nunca se puede vender más cara en la Argentina que la importada. Si ello ocurriera, los productores agropecuarios locales dejarían de comprar nuestro producto. Y ello no sucede”. Sobre este punto, cabe señalar que mientras en 1999 y 2000 se importaron alrededor de 600 mil toneladas (el 50 % procedente de Rusia, Ucrania y Alemania), en 2002 el ingreso de la urea se redujo a menos de 200 mil toneladas, de acuerdo con datos oficiales.

Es decir, que el principal abastecedor pasó a ser Profértil que tiene, sin dudas, una posición de claro dominio en el mercado a partir de los volúmenes que produce.

Desde Cartez decían que, analizadas las exportaciones, “encontramos que en junio de 2004, Profértil exportó a países vecinos urea granulada a 190 dls. por tonelada, mientras que en Argentina se comercializaba al productor a 270 dólares. por tonelada”.

LEY DE BIOCOMBUSTIBLES. Cuando el Senado dio media sanción al proyecto de ley de biocombustibles, se produjo un cierto alivio. Es que había incluído, además del biodiesel, al etanol de maíz, producto este que la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, haciendo suya un dictamen de la Comisión de Energía había desechado de la iniciativa original.

Recordemos que los biocombustibles se obtienen a partir de productos vegetales como el girasol, la soja, el maíz, el sorgo o la caña de azúcar.

Hay un fuerte interés en los países desarrollados en promoverlos ante la certeza de que la existencia de combustibles fósiles es finita.

Estos, además, cargan con la pesada mochila de ser fuentes de contaminación de la atmósfera en proporciones considerables a partir de la emisión de los gases denominados de “efecto invernadero”.

El proyecto establece “el corte obligatorio del 5 % y beneficios impositivos importantes con estabilidad fiscal”.

El propósito del mismo es enviar un “claro mensaje de que vamos hacia energías renovables y limpias” Una planta de biodiesel, capaz de elaborar 100 mil toneladas al año, cuesta unos 15 millones de dls.

El corte al 5 % significa una necesidad de 600 mil toneladas de biodiesel al año. En cuanto al alcohol, la fuente principal sería la molienda de maíz. Una tonelada de este cereal provee 400 litros de alcohol y 600 kilos de un coproducto que se destina a la alimentación animal.

Argentina es el segundo exportador mundial de maíz con embarques del orden de las 10 millones de toneladas anuales que salen sin ningún grado de elaboración.

Los biocombustibles significan tecnología y elaboración; en definitiva, servirán para agregar valor a la producción local de commodities

Frigoríficos del reparto

Quickfood recibió en 2003, 1.621 toneladas y este año apenas 1.271 toneladas, casi un 28 % menos. Swift pasó de 2.309 a 890 toneladas y Gorina de 1.228 a 881 toneladas. De acuerdo con su propia evaluación, la cuota se repartió de la siguiente manera descontadas las 1.960 toneladas que se adjudicaron a grupos de productores: 8.146 toneladas en base a la past-performance; 1.960 toneladas en base al concepto de regionalidad; 4.960 toneladas a plantas nuevas; 3.107 toneladas adjudicadas a partir de acuerdos con empresas que presentaron medidas cautelares y 7.867 toneladas adjudicadas o reservadas por medidas judiciales.

Luis A. Gramuglia