“Absurda, grotesca y descabellada". Con esas tres palabras un alto funcionario del Ministerio de Economía calificó ayer la pretensión del Argentina Beef Consorcium (ABC) –que agrupa a los frigoríficos más grandes– de dar marcha atrás con la distribución de la Cuota Hilton, las 28.000 toneladas de carnes que se exportan cada año a Europa por unos US$ 200 millones. Así, Roberto Lavagna dio fuerte respaldo político al secretario de Agricultura, Miguel Campos, quien enfrenta una denuncia penal impulsada por la entidad empresaria.
Las quejas del ABC comenzaron cuando, a mediados de octubre, Campos estampó su firma a la resolución de distribución de la Hilton: en conjunto, las doce empresas que integran esa entidad (entre ellas figuran Swift, Quickfood y Finexcor) vieron que su participación se reducía de 9.200 toneladas en 2003 a 6.800 toneladas este año. El miércoles, en conferencia de prensa, el Consorcio calificó el recorte como "un despojo" y acusó al titular de Agricultura de haber cometido "múltiples irregularidades".
Desde que salió la resolución, oficialmente se dijo que muchos frigoríficos –y no sólo los del ABC– habían visto reducida su asignación de Hilton por dos razones. Primero por las órdenes judiciales que obligaron a Agricultura a ceder cerca del 40% de las 28.000 toneladas a frigoríficos amparados. Por el otro, este año entraron en vigencia nuevos criterios de distribución, que el Gobierno dictó como un intento de "desconcentrar" el negocio. Unas 7.000 toneladas se distribuyeron entre nuevos exportadores (los frigoríficos con Hilton pasaron de ser 48 a 66) y grupos de productores.
Pero los grandes insistieron en sus denuncias, acusando a Agricultura de no haber hecho todo lo posible para desactivar las medidas cautelares y cometer irregularidades, al respetar incluso decisiones de los jueces que habían sido revocadas en sus respectivas cámaras. A ese argumento contestó ayer Economía: "Tal como lo dicen los dictámenes de la Procuración del Tesoro, las medidas cautelares dictadas por el Poder Judicial son de cumplimiento obligatorio para la Administración".
Fuente: Clarín
