Los negociadores técnicos de los cuatro países del Mercosur y de la Comisión Europea llevaban dos días y medio de conversaciones en el Palacio San Martín cuando ayer los enviados de Bruselas decidieron levantarse intempestivamente de la mesa de diálogo. Los europeos, conducidos por el director de Comercio de la Comisión, Karl Falkenberg, consideraron que la propuesta de sus pares brasileños para liberalizar las inversiones y los servicios del Mercosur era reiterativa de las anteriores y que, en esos términos, resultaba imposible avanzar en la negociación.

Ayer, alrededor de las 15, la Cancillería comunicó la suspensión de la conferencia de prensa conjunta que, a las 18.30, iban a dar las delegaciones de ambos bloques como corolario de las jornadas de trabajo. Se anunció que las declaraciones públicas se postergaron hasta mañana, cuando en una reunión ministerial Mercosur-Unión Europea (UE) en San Pablo se intente reactivar la relación.

Los técnicos siempre llegan a las reuniones con mandatos precisos de las autoridades políticas para ceder hasta cierto límite. Es lo que les sucedió a los enviados de Itamaraty en materia de servicios e inversiones, los temas que más le interesan a la UE.

En contraposición con la liberalización que sobre esos dos asuntos rige en la Argentina desde los 90, en Brasil las compañías extranjeras operan con normalidad, pero existe un control del Gobierno, más allá de que no suele interferir. Después del compromiso ministerial de hace dos semanas en Guadalajara, México, para sellar un acuerdo de apertura ambicioso en octubre próximo, Brasil ofreció en esta negociación de Buenos Aires mayores garantías de "trato nacional y no discriminatorio" a los inversores europeos en servicios. Pero los diplomáticos de Brasil dijeron que no pueden prometer más de lo que la ley de su país les permite. La legislación brasileña establece que el presidente puede fijar un techo a la inversión extranjera en telecomunicaciones y debe autorizar la entrada en el mercado de los bancos foráneos, entre otras pautas que dejan margen a la discrecionalidad.

Los jefes de Estado del socio mayor del Mercosur nunca los usaron, pero los europeos quieren una garantía de que jamás las podrán utilizar contra ellos. Para eso se necesita reformar la ley en Brasil, materia sobre la que no pueden opinar los negociadores sino los políticos.

De ahí que ahora se depositen todas las esperanzas en la reunión de mañana entre el comisario europeo de Comercio, Pascal Lamy, y los cancilleres de los cuatro países del Mercosur, excepto Rafael Bielsa, que será sustituido por el secretario del área, Martín Redrado. En el ámbito de la jornada inaugural del undécimo período de sesiones de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad, según sus siglas en inglés), la cita Mercosur-UE será decisiva para destrabar la discusión. Negociadores que participaron del tenso choque en Buenos Aires opinaron que, en lugar de un pacto ambicioso, se va camino hacia uno "light", mientras que otros advirtieron que ahora la situación puede finalizar sin acuerdo.

Redrado, que participó de la discusión junto con el subsecretario de Integración Económica Americana, Eduardo Sigal, negó que los europeos se hubiesen retirado enojados y destacó que el encuentro sirvió para "identificar los temas en los que el nivel de expectativas es mayor". Se quejó de que los negociadores europeos no habían traído una mejor oferta de apertura al comercio de bienes agrícolas, agroindustriales y pesqueros, pese a que se proclaman dispuestos a hacerlo en caso de que el Mercosur ceda a sus intereses.

La Coordinadora de las Industrias de Productos de la Alimentación (Copal) difundió ayer un comunicado de apoyo a un acuerdo y rechazó por insatisfactoria la oferta europea. La entidad criticó que la UE haya omitido la cláusula de "trato especial y diferenciado", que consiste en que los países en desarrollo, como los del Mercosur, se liberen a un ritmo más lento que los desarrollados, como la mayoría de los europeos. Pidió la eliminación de todos los aranceles a la importación, la ampliación de las cuotas de acceso para productos considerados sensibles y la desaparición de los subsidios a la exportación hacia el Mercosur, concesión que la Cancillería da por hecha porque así lo acordó la UE en su pacto con Chile de 2003.