BUENOS AIRES - Las entidades del campo con representación nacional expresaron fuerte oposición a las versiones oficiales que dieron cuenta de la intención de incrementar la alícuota que el sector paga por el impuesto a las Ganancias que, según se supo de manera oficiosa, se estudia elevar del 2% al 9%.
En ese contexto, desde la máxima conducción del gremialismo rural se sostuvo ayer que desde la AFIP se pretende implementar un régimen especial de retenciones del tributo a las Ganancias para el comercio de granos, incrementándose la actual alícuota del 2% al 9%, lo que supone un aumento de más del 350% de la presión fiscal, afirmó el presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens.
"Con la excusa de querer combatir a la evasión, se vuelve al facilismo de recaudar anticipadamente impuestos", se quejó el dirigente, tras lo cual refirió que el campo ha sido considerado un sostén de las arcas del Estado, donde ingentes recursos provenientes del sector fueron y son utilizados para paliar la crisis socio-económica del país.
Por su parte, el titular del ruralismo confederado, Benito Legerén, consideró inapropiado frenar el avance de la evasión fiscal agregando más presión impositiva, que, en su opinión, desalienta la inversión, desacelera el desarrollo y alienta la evasión.
Si bien el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) aseguró que la entidad rechaza toda iniciativa que apunte a cambiar, una vez más, la reglas del juego fiscal incrementando la presión tributaria, más aún en plena cosecha, agregó que, abiertos al diálogo, los productores reclaman una actitud oficial más firme para alentar el desarrollo de un sector decisivamente importante para el futuro del país.
Aclaró, no obstante, que "estamos en total desacuerdo con el proyecto de la AFIP de modificar la alícuota del régimen de retención del Impuesto a las Ganancias para el comercio de granos, ya que esa iniciativa frenará inversiones sectoriales, así como el crecimiento del país".
Asimismo, Miguens puso de relieve que la pretensión del organismo recaudador es inaceptable, ya que no es posible que se siga discriminando al campo, principal motor de la recuperación económica del país, quitándole más de 2.400 millones de pesos, adicionales, de capital de trabajo imprescindible para la evolución de los establecimientos rurales.
Para el titular de la SRA, con esa actitud se pretende restar capacidad de inversión y con ello se limita y retarda la reactivación económica.
Miguens también reconoció que tanto el Estado como los particulares "debemos combatir a la evasión", pero subrayó que eso no puede realizarse con el esfuerzo particular de un solo sector.
En definitiva, agregó, medidas como la que se pretende implementar sólo aumentan la presión fiscal de quienes quieren trabajar y producir como la ley manda, así como que quienes se encuentren en la marginalidad seguirán estando, agravándose la brecha entre unos y otros, con el indudable perjuicio para los auténticos hombres de campo.
En ese sentido y de cara al rechazo a las medidas que estaría analizando la AFIP, la Sociedad Rural Argentina hizo un llamamiento a las autoridades para que dejen de lado esta pretensión fiscal, discriminatoria e inadmisible para el sector productivo.