SANTIAGO DEL ESTERO.- El gobierno de la intervención federal cumplió ayer su primera semana de gestión ocupado en salvar los obstáculos que le dejó el régimen juarista en sus últimos días de vida y mostrando claras señales de que impulsará una renovación en todas las áreas de la administración pública.

Esos obstáculos, que el interventor Pablo Lanusse llama "los últimos estertores" de la estructura de poder que Carlos Juárez y Mercedes Aragonés armaron en el último medio siglo, se expresaron hasta ahora en tres conflictos: la usurpación de viviendas, los nombramientos políticos de último momento y el robo de mercadería destinada a ayuda social.

"El balance de la semana está dentro de lo que esperábamos -dijo ayer Lanusse ante una consulta de LA NACION-. Empezamos por lo que era más urgente y fácilmente ejecutable." Pero reconoció que "algunas áreas demandaron más atención de la que se podía prever en un principio, como el tema de las viviendas".

La usurpación de casas construidas por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), que comenzó en el barrio Juan Díaz de Solís, de esta capital, y pronto se extendió a otros barrios y localidades, fue impulsada por dirigentes del juarismo y generó reclamos de los propietarios legales de esas casas sin terminar, quejas de las empresas constructoras, protestas de los obreros que se quedaron sin trabajo, peleas (tiroteos incluidos) entre los propios usurpadores, reventas y desguaces de las viviendas usurpadas.

Lanusse ordenó realizar la denuncia penal y relevó al anterior presidente del IPVU. Ayer visitó el barrio Solís y dialogó con los vecinos. Les prometió que no habrá desalojos masivos ni preferencias políticas para las adjudicaciones, y precisó que se estudiará caso por caso, para lo cual se inició un censo entre los ocupantes para determinar quiénes tienen derecho a permanecer allí y quiénes no.

El tema de las usurpaciones fue también uno de los factores desencadenantes del caótico clima de asamblea que se vivió el martes en la Casa de Gobierno. Centenares de vecinos ingresaron -aprovechando la nueva "política de puertas abiertas"- e intentaron plantear en persona sus variados reclamos antes postergados a los nuevos funcionarios. Al día siguiente, la custodia del lugar dejó de estar en manos de la policía santiagueña y pasó a ser un área de incumbencia de la Gendarmería.

Se instrumentó un sistema de registros al ingresar que provocó un pequeño altercado cuando un gendarme pretendió obligar al jefe de Gabinete, Pablo Fontdevilla, a que se identifique antes de entrar.

Profunda revisión

Lanusse dejó además sin efecto seis nombramientos de dirigentes políticos como personal estable que la ex gobernadora realizó un día antes de cesar en su cargo. Algunos de ellos estuvieron también implicados en el tercer "regalo" que los Juárez le dejaron a Lanusse: la sustracción de enormes cantidades de mercadería destinada a la ayuda social por parte de un grupo de funcionarios y legisladores juaristas, que fueron detenidos.

Pero fuera de los "estertores", el área que más preocupa a la intervención es la Justicia. El plazo que se autoimpuso para normalizarla es de 60 días y, según el ministro Luis Alen, la depuración comenzará por el Superior Tribunal de Justicia.

La danza de candidatos a jueces ya comenzó en el foro local, pero desde el gobierno provincial dijeron que todavía no hay nombres y no descartaron que se llame a profesionales de otras provincias.

Con más sigilo, pero no menos expectativa, el gobierno de Lanusse está realizando una revisión del Ministerio de Economía, último cargo de Juárez antes de la intervención. El actual ministro Miguel Pesce prepara un diagnóstico de la situación financiera provincial, que Lanusse difundirá en los próximos días.

Por lo pronto, la intervención ya fijó posición sobre el superávit de $ 500 millones que Juárez dijo haber dejado. Según Fontdevilla, ese ahorro se logró "a costa del hambre de la gente".

Además, la intervención prepara una avanzada sobre concesiones y contrataciones irregulares. Aunque los funcionarios prefieren no dar nombres hasta que el caso esté analizado, fuentes consultadas sostienen que podrían revisarse las concesiones del grupo económico liderado por el empresario Néstor Ick, de fuertes vínculos con el juarismo y propietario del Banco de Santiago del Estero.

Por Oliver Galak  - Enviado especial

Apoyo de la Casa Rosada

SANTIAGO DEL ESTERO (De un enviado especial).- El interventor Pablo Lanusse anunció ayer que en las próximas semanas vendrán a esta provincia varios ministros de la Nación, como gesto de apoyo hacia el trabajo que se realiza en cada una de las áreas.

Obras Públicas, Justicia y Economía fueron las áreas en las que los mayores esfuerzos estuvieron concentrados durante esta semana. Pero el resto de los ministerios y dependencias también avanzó en sus proyectos:

Seguridad: la intervención de la policía provincial, comandada por Oscar Londra y otros jefes de Gendarmería, tuvo como prioridad el control de los problemas surgidos por la usurpación de viviendas.

Educación y Salud: ambos ministros encontraron que el principal problema es la mala infraestructura de escuelas y hospitales. En el caso de los centros de salud, además hay una marcada ausencia de insumos, en especial vacunas.

Ministerio de Gobierno: el ministro Luis Ilarregui negó que la intervención quiera imponer un candidato a gobernador y dijo que el proceso electoral puede llevar hasta 210 días. Sostuvo que no se intervendrán los municipios.

Cultura: el asesor Peteco Carabajal propuso "recuperar la dignidad cultural", un área casi olvidada por los Juárez.