El presunto delito ambiental se registra en la comunidad conocida como Calle 3 Mil del distrito de Guajayvi, departamento de San Pedro. Según la denuncia, el uso abusivo de herbicidas en cultivos extensivos de granos supuestamente ocasionó la destrucción de cultivos de piña y produjo la muerte de animales menores.

Uno de los denunciantes es Patricio Colmán, quien aseguró que sufrió un enorme perjuicio por el uso sin control de productos químicos en la cercanía de sus plantaciones de piña. Ante la situación, presentó una denuncia en la Fiscalía de Santaní, informando la pérdida de más de 100.000 plantas de piña y de otros cultivos que se encuentran en su época de fructificación.

Según el acta de denuncia, el principal responsable del establecimiento agrícola es una persona de nombre Joao Lorini, quien sería de nacionalidad brasileña.

Patricio Colmán señaló que es la segunda vez que está siendo perjudicado por los responsables de la misma finca agrícola. Agregó que, lamentablemente, en las dos ocasiones nunca se hicieron responsables del perjuicio ocasionado a los colonos de la zona.

Juez rechazó pedido de orden de allanamiento hecho por fiscal

La denuncia fue presentada en la Unidad Penal Nº 1 del fiscal Cristian David González, de Santaní. El representante del Ministerio Público, atendiendo el presunto grave delito ambiental, requirió una orden de allanamiento de la finca en cuestión.

Sin embargo, el juez penal de garantías, Oscar Segovia, rechazó la solicitud con el argumento de que no había suficiente prueba relacionada con la denuncia.

Muerte de animales menores

Vilma Pérez, productora que también denunció ser víctima de los perjuicios ocasionados por las fumigaciones con herbicidas, manifestó que desde que se instalaron en la zona los grandes cultivadores de granos, ya no pueden criar ni cerdos, mucho menos aves de corral. Afirmó que todos se mueren, probablemente por el mal uso de los productos químicos en las plantaciones cercanas.

También solicitó la intervención de las instituciones correspondientes para solucionar el problema que les afecta, según relató.

El fiscal de la causa, Cristian David González, expresó que seguirá insistiendo con la intervención del establecimiento. El objetivo es conocer qué tipo de productos se están utilizando en el rociado de las parcelas agrícolas y si los responsables cuentan con los documentos respaldatorios para la realización de este trabajo, enfatizó.