En la venta de plantas, accedían a Monte Cristo, en Córdoba; y a Arenaza, en Buenos Aires, para producir postres, yogures y flanes. Lo que de forma encubierta era una desviación de la entonces Vicentín, por donde también había pasado BAF con iguales resultados, luego se dio un negocio con los venezolanos de Maralac (que también fundieron La Suipachense) que nunca pudieron sostener la calidad de los productos que se comercializaban con la marca Sancor y de los que se hicieron en su totalidad con el correr de los años y el incremento de deudas cruzadas.
La crisis y los malos números eran una realidad constante y unos 380 empleados comenzaron a sufrirlo hace casi tres años, con paralizaciones, faltas de pago de salarios y el final era lógico con la quiebra de noviembre pasado. En un proceso judicial con muchas pausas, en los últimos meses había empezado a haber algunos movimientos y a rondar interesados.
Lo contábamos en Bichos hace tiempo ya, que ARSA y SanCor volvían a convocar a los mismos interesados, a través de las intenciones de lo que es ahora la Nueva Vicentín, con el Grupo Grassi y protagonistas como Leandro Salvatierra, además del empresario de medios Gustavo Scaglione, pero con otra firma diferente a la que pretende algo de la ex cooperativa y a partir de la que frenó el proceso de venta.
Hace un mes a través de ciertos medios se conocía que la Nueva Vicentín Argentina intentaba asegurarse la compra directa de los activos, por unos supuestos diez millones de dólares, con el argumento de preservar el valor de las marcas y evitar el deterioro de las plantas. Esto no es veraz, ya que las marcas no están en los supermercados desde hace más de un año y las plantas, en completo abandono, se encuentran frenadas, sin mantenimiento alguno y vandalizadas. Hace algunas semanas se habían recuperado elementos robados de Arenaza, a partir de una denuncia que databa de hacía un año.
Esta semana el juez Federico Güerri rechazó esa vía rápida y ratificó que la liquidación debe encuadrarse en el procedimiento competitivo, con participación de la sindicatura y evaluación de todas las propuestas, para que todos compitan en igualdad de condiciones con otros oferentes y en definitiva la mejor propuesta sea la que avance.
Con muchos interesados en la compra, hacía ya un mes que se había blanqueado el movimiento de la Nueva Vicentín y Grassi en algunos medios, intentando generar una avanzada de ventaja en la definición, sin embargo, al no ser los únicos interesados, el juez decidió cumplir con su tarea como lo indica la Ley.
Están mirando de cerca el tema la firma Elcor, que comercializa los productos Tonadita, pero también otras empresas o grupos empresarios, con diferentes opciones de las plantas por separado. El escenario abre la posibilidad de que los activos se fragmenten entre distintos compradores o que se reconstituya una unidad productiva, ninguna de las dos opciones es mala, sobre todo por parte de quienes tienen los fondos concretos, planes de producción y expansión.
La dimensión laboral es especialmente sensible, porque la paralización de ARSA dejó a casi cuatro centenares de familias sin ingresos y afectó a productores, transportistas y comercios de cada zona, quedando solos los trabajadores sin atención de salud, ni sustento, con el habitual silencio gremial, mientras las internas y los intereses personales en Atilra se atienden en otros sentidos.
Queda claro que el juez acertó al impedir un atajo que hubiera desnaturalizado el proceso de liquidación y al garantizar que la definición se dé en un marco competitivo.
En juego no está solo la venta de maquinarias y marcas, sino la posibilidad de recuperar capacidad industrial, empleos y confianza.
El desenlace marcará si ARSA se convierte en un nuevo capítulo de fragmentación y pérdida o si logra reinsertarse en el mercado con proyectos que devuelvan producción y trabajo a una industria que todavía conserva marcas con fuerte arraigo en los consumidores.
Fuente: El ida por el campo
