El Gobierno de Santa Fe anunció una nueva etapa del programa “Acuerdo Santa Fe”, que incorpora cinco cortes de carne de cerdo a un precio de $7.900 por kilo.
El anuncio fue realizado por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien destacó que la iniciativa no contempla subsidios estatales y que surge de una articulación entre los distintos actores de la cadena de valor.
“Aquí no hay subsidios del Estado. Hay articulación de toda la cadena de valor con la Provincia, generando un espacio de encuentro para dar respuestas a los santafesinos en función de la crisis económica que estamos viviendo”, sostuvo el mandatario.
La Provincia presenta el programa como una herramienta para acercar alimentos a precios considerados accesibles en un contexto económico complejo. Sin embargo, la iniciativa también vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo para el sector agropecuario: hasta dónde debe involucrarse el Estado en la formación de precios de los alimentos y qué efectos puede generar la fijación de valores de referencia sobre una cadena productiva.
Un precio de referencia, no un subsidio
Desde el Gobierno santafesino remarcaron especialmente que no se trata de un esquema de subsidios.
La explicación oficial apunta a que el mecanismo funciona mediante la articulación entre los diferentes integrantes de la cadena —productores, industria y comercialización— y la Provincia.
El propio programa “Acuerdo Santa Fe” fue creado como una herramienta destinada a establecer precios de referencia para distintos productos y promover el comercio local. La normativa provincial contempla acuerdos con cámaras, mercados, cooperativas, frigoríficos, entidades financieras, municipios y comunas, con listas de precios consensuadas y revisiones periódicas.
Es decir, técnicamente no se presenta como un precio máximo obligatorio impuesto por el Estado, sino como un acuerdo de adhesión voluntaria.
Pero desde la mirada productiva, la discusión no termina allí.
El debate detrás de los $7.900
El interrogante central para el sector es si este tipo de mecanismos contribuye realmente a solucionar los problemas de competitividad de la cadena porcina o si, por el contrario, termina atacando una consecuencia —el precio final— sin resolver las causas que determinan los costos.
En una actividad como la producción de cerdos, el valor final de la carne está determinado por múltiples variables: precio del maíz y la soja, alimentación, genética, sanidad, energía, mano de obra, infraestructura, transporte, costos financieros, faena, industrialización y comercialización, entre otras.
Por eso, desde una mirada estrictamente productiva, el desafío no debería ser solamente conseguir un precio determinado en góndola, sino generar las condiciones para que producir carne de cerdo sea cada vez más rentable y competitivo.
La diferencia no es menor.
Un acuerdo puede conseguir temporalmente un valor atractivo para el consumidor, pero la sustentabilidad del sistema depende de que ese precio sea compatible con los costos y con la rentabilidad de cada eslabón de la cadena.
El riesgo de mirar solamente la góndola
El concepto de “precio accesible” suele poner el foco en el consumidor. Sin embargo, para el agro, la discusión comienza bastante antes de que el producto llegue al supermercado.
La carne no empieza en la góndola: empieza en el campo.
Y detrás de cada kilo de cerdo hay productores que deben tomar decisiones de inversión, comprar alimento, incorporar genética, sostener instalaciones, afrontar costos sanitarios y financieros y asumir el riesgo productivo.
Por eso, cualquier política que busque influir sobre el precio final debería contemplar también qué sucede con la rentabilidad de quienes producen.
El Gobierno provincial sostiene que la iniciativa surge precisamente de la articulación de toda la cadena. El desafío será comprobar que esa articulación pueda mantenerse sin que el esfuerzo recaiga de manera desproporcionada sobre alguno de sus integrantes.
Santa Fe ya tiene experiencia con el programa
“Acuerdo Santa Fe” no es una iniciativa nueva.
La Provincia ya había incorporado cortes de cerdo al programa en 2024. En aquella oportunidad, el Gobierno anunció cinco cortes a un precio de referencia de $4.490 por kilo y explicó que la iniciativa buscaba articular a productores, frigoríficos y supermercados.
Meses después, la administración santafesina informó que, desde la incorporación de los cortes porcinos al programa, el consumo había aumentado entre 50% y 80%, según sus propios registros, y decidió extender la iniciativa.
El programa general contempla productos de la canasta básica y establece valores de referencia durante períodos determinados. La Provincia sostiene que su objetivo es fortalecer el comercio pyme y facilitar el acceso a determinados bienes.
Ahora, el nuevo precio de $7.900 por kilo marca una actualización importante respecto de aquellos primeros valores, aunque la comparación nominal entre años debe hacerse con cautela por el proceso inflacionario.
¿Ayuda al consumidor o distorsiona la señal de precios?
Este es probablemente el punto más interesante para el debate agropecuario.
Desde la perspectiva oficial, el acuerdo permite acercar carne a un precio determinado sin que el Estado tenga que subsidiar directamente el producto.
Desde una mirada de mercado, en cambio, la pregunta es diferente: ¿qué sucede cuando el Estado interviene para promover determinados precios en una cadena que debería encontrar su equilibrio entre oferta, demanda y costos?
Los precios cumplen una función central en cualquier actividad productiva: transmiten información sobre la escasez, la demanda, los costos y la rentabilidad esperada.
Cuando se busca mantener artificialmente un valor por debajo del que surgiría de la interacción normal del mercado, el problema puede trasladarse hacia atrás en la cadena.
En el caso de la carne porcina, esto podría traducirse en menor margen para alguno de los actores, menor incentivo a invertir o, si el mecanismo no resulta sostenible, una eventual discontinuidad del acuerdo.
El desafío, entonces, no debería ser solamente lograr carne barata hoy, sino conseguir que haya cada vez más carne producida de manera eficiente y competitiva mañana.
La alternativa: producir más y bajar costos
Para el sector agropecuario, una estrategia de largo plazo pasa menos por administrar precios y más por reducir los costos estructurales que enfrenta la producción.
En ese sentido, medidas vinculadas con impuestos, infraestructura, logística, financiamiento, energía y condiciones para la inversión pueden tener un impacto mucho más profundo sobre la competitividad de la cadena.
El objetivo sería que el productor pueda aumentar su escala, invertir, mejorar la conversión alimenticia, incorporar genética y tecnología y producir más kilos de carne por madre y por hectárea.
Eso permitiría que la mayor eficiencia productiva se traduzca, eventualmente, en precios más competitivos sin necesidad de establecer acuerdos de precios.
Una discusión que va más allá del cerdo
El caso santafesino vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en la Argentina: cómo conseguir alimentos accesibles sin desalentar la producción.
El consumidor necesita precios competitivos, pero el productor también necesita rentabilidad.
La industria necesita previsibilidad y los supermercados necesitan margen para operar.
La solución sostenible debería contemplar a todos.
Porque si el objetivo es que los argentinos consuman más carne porcina, la respuesta de fondo no pasa solamente por determinar cuánto debe costar un kilo en la góndola.
Pasa por conseguir que producir un kilo de cerdo en Argentina sea cada vez más barato, eficiente y competitivo.
Y allí aparece la discusión que excede al programa santafesino: si el Estado debe participar administrando precios o si su principal función debería ser generar las condiciones para que el mercado pueda producir más y mejor.
