Por Elida Thiery (Aire Agro) - En las últimas semanas se conocieron cambios en dos normativas vinculadas al sector lechero que tenderían a mejorar los negocios, pero sobre todo el trámite exportador, que en definitiva significa la gran alternativa para el crecimiento de la cadena. La armonización normativa es un proceso que se viene desarrollando en distintas áreas del comercio regional y que apunta a consolidar la integración.
La Resolución Conjunta 7/2026, difundida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca junto con la ANMAT, fue presentada como una actualización del Código Alimentario Argentino en lo referido a la leche de larga duración, permitiendo que la industria láctea comparta los mismos criterios técnicos que Brasil y otros socios, respecto al producto.
El texto oficial se inscribe en el marco de la armonización normativa del Mercosur, un proceso que busca unificar criterios técnicos y sanitarios en los países del bloque para facilitar el comercio y garantizar estándares comunes.
La medida no introduce cambios sustanciales en la práctica cotidiana de la industria láctea argentina, sino que adapta la redacción de la normativa nacional a los lineamientos regionales.
La leche larga vida es uno de los productos de mayor consumo en los hogares, es la gran protagonista de la exportación y su regulación siempre ha estado bajo estrictos parámetros de calidad.
Argentina ya contaba con disposiciones que aseguraban la inocuidad y la estabilidad del producto, por lo que la resolución no altera las condiciones de producción, ni las exigencias de control que rigen en el país, sino que modifica la forma en que esos requisitos se expresan en el Código Alimentario, para que coincidan con las definiciones y terminología acordadas en el ámbito del Mercado Común del Sur.
La medida responde a la necesidad de hablar un mismo idioma regulatorio dentro del bloque, evitando duplicaciones y simplificando la circulación de productos.
Desde el sector industrial se interpreta como un paso administrativo que no genera nuevas cargas, ni costos, dado que las plantas elaboradoras ya cumplen con los estándares exigidos, consiguiendo coherencia normativa sin cambiar la realidad de los productores, ni de los consumidores argentinos, reforzando la seguridad jurídica en el intercambio comercial y modernizando la legislación alimentaria.
Fuera del SIOCAL
Por otro lado, el Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos (SIOCAL), que sucedió al RUCA (Registro Único de la Cadena Agroindustrial), atraviesa una etapa de redefinición.
Aunque conserva su denominación, desde el 11 de junio dejó de incluir a los operadores lácteos, en línea con la decisión de la Secretaría de Agricultura de retirar las competencias de fiscalización y registración sobre esa actividad, según la Resolución 81/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La medida se concreta ahora con la salida definitiva de industrias, usinas y depósitos de las bases de datos de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, la ex ONCCA.
El cambio responde a un reordenamiento de la cadena, porque los operadores lácteos ya no estarán obligados a registrarse bajo la órbita del organismo, ni quedarán alcanzados por su control.
El sistema, creado en 2006 para incorporar a la lechería dentro de un esquema de supervisión similar al de carnes y granos, nunca contó con un marco sancionatorio específico. La única herramienta era excluir a las empresas del registro, lo que impedía exportar, pero el alcance era limitado y afectaba a pocas firmas.
Con el tiempo, la estructura se superpuso con funciones de la ARCA, las agencias provinciales de recaudación, el SENASA y las oficinas de alimentos, generando más burocracia que control efectivo. Los intentos de darle autonomía y financiamiento propio a través de las multas no prosperaron y el sistema se fue vaciando de personal.
En dos décadas, apenas se habrían aplicado un par de sanciones en el sector lácteo, que terminaron apeladas y nunca se cobraron.
Por parte de los gobiernos provinciales tampoco había acciones que colaboraran en este sentido.
Hoy, el incumplimiento de las resoluciones vigentes carece de consecuencias prácticas.
La alternativa sería recurrir a ARCA para frenar la facturación, una medida que termina afectando al productor primario.
Por eso, la apuesta actual es avanzar hacia un esquema de fiscalización inteligente basado en el remito electrónico tambo-industria, que permita detectar inconsistencias de manera automática y enviar intimaciones digitales sin necesidad de desplegar inspectores en el territorio. Es una manera más efectiva de golpear la puerta de los evasores para advertirles sobre las faltas.
La salida de los lácteos del SIOCAL marca el final de un ciclo iniciado hace dos décadas, que fue muy poco efectivo y abre paso a un nuevo intento de ordenar la cadena con herramientas más modernas y menos dependientes de la burocracia tradicional. Productoslácteos y huevos
Fuente: El ida por el campo
