Que lo que está pasando en Argentina podría tratarse de un cambio estructural, también lo ha planteado otro economista con larga trayectoria, y además historiador, como Pablo Gerchunoff, quien señala que el proceso que transita el país en los últimos años podría asimilarse, en algunos aspectos, a lo que ocurrió con el “Modelo Agroexportador” imperante entre los años 1880 y 1930, cuando Argentina se integró al mundo a partir del aprovechamiento de su potencial para la producción de alimentos. Debe señalarse que, con dicha estrategia económica, entre 1880 y 1930 el
PBI per cápita de Argentina aumentó un promedio del 2,3% anual, versus 1,4% que lo hizo entre 1930 y 1974, con un modelo económico de “Industrialización por sustitución de Importaciones”. En las últimas décadas, ente 1974 y 2025, la producción por habitante subió sólo un 0,6% anual promedio, un período en que la estrategia económica cambió varias veces entre apertura y proteccionismo, aunque casi siempre signado por la alta inflación, desde el “rodrigazo” de 1975 , cuando Argentina pasó de ser un país con inflación alta a uno con inflación muy alta . Las consecuencias fueron también sociales, con tasas de pobreza que superaron el 50% cada vez que hubo una hiper-inflación o hiper-devaluación, y con al menos un
cuarto de la población bajo la línea de la pobreza en los últimos 30 años.
Las décadas finales del Siglo XIX, por los efectos de la revolución industrial, como la especialización internacional y el aumento de la demanda de alimentos, dieron lugar a la posibilidad de que Argentina ponga en valor sus recursos naturales, a partir de la existencia de vastas extensiones de tierras fértiles, vitales para la producción de alimentos. Claro que un país cuasi despoblado y con escasa infraestructura necesitaba mayor cantidad de personas para trabajar la tierra, y capital para darle productividad, además de los incentivos institucionales adecuados.
Con la Constitución de 1853, la pacificación del país tras varias décadas de guerras civiles, la unificación de la moneda y la integración al sistema de patrón oro, y la aprobación de normativas que generaron incentivos para la llegada de cerca de seis millones de migrantes desde varios países del mundo (especialmente Italia y España), así como la atracción de inversiones extranjeras, mayormente inglesas, se generó el marco institucional adecuado para que la economía argentina pueda prosperar.
Por entonces, el país logró acceder al financiamiento internacional, y atrajo capitales que permitieron darle viabilidad a la producción local, como ferrocarriles y puertos. Como resultado, a principios del Siglo XX Argentina ya se ubicaba entre los países de altos ingresos del mundo. Claro que en aquella oportunidad hubo una generación de políticos que impulsaron los cambios, de la talla de Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca y Pellegrini, entre otros, que contrasta con la realidad local de las últimas décadas.
¿Qué factores indicarían que Argentina podría estar inaugurando un nuevo proceso de crecimiento económico sostenido, emparentado con aquel viejo modelo agroexportador? En primer lugar, nuevamente se destaca la importancia de los factores internacionales. No sólo la demanda por alimentos, sino que ahora se agregan razones como la transición energética, que aumenta la demanda por minerales que el país tiene en abundancia, como cobre y litio, y los cambios geopolíticos ocurridos en los últimos años, que inducen aprovisionamiento de energía y otros recursos estratégicos desde fuentes más seguras y estables, lo que asegura la demanda por el gas y petróleo no convencional, minerales raros y otros recursos que el país genera con Vaca Muerta y otras áreas geográficas, generalmente al borde de la Cordillera de los Andes.
También están ocurriendo cambios institucionales claves para aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece el mundo, como los acuerdos comerciales con la Unión Europea y EEUU, la aprobación de la Ley Bases, la reforma laboral y los regímenes de incentivos para grandes inversiones, como el RIGI, y posiblemente el Super RIGI.
Claramente el concepto de Equilibrio Fiscal, impuesto por la actual administración de gobierno, resulta otro factor de gran importancia, en un país que decidió convivir por décadas con el déficit y la alta inflación. Resta que dicho concepto sea asumido por la mayor parte de la dirigencia política local, y se plasme en un compromiso y normativa que le de credibilidad inter-temporal.
El modelo actual también demanda de nuevas e importantes infraestructuras para poner en valor los RRNN locales, como gasoductos y oleoductos, además de reformas en puertos y la necesidad de solucionar importantes problemas de logística, como el traslado de insumos a las provincias con mayor crecimiento de la producción, actual y potencial.
Obviamente, plasmar estas posibilidades requiere de financiamiento internacional, que está cada vez más cerca con la reducción observada en el riesgo país. Inclusive, existen repercusiones en materia de migraciones, actuales y futuras, ya no tanto de índole internacional, sino interprovincial, desde los grandes aglomerados urbanos a provincias como Neuquén, San Juan y otras cordilleranas que detentan los RRNN más prometedores.
Por supuesto que los desafíos son aún enormes y algunos de ellos muy conocidos, como la consolidación de un equilibrio fiscal de mayor calidad, con mayor inversión en infraestructura y menor gasto improductivo, tanto en Nación como en Provincias. Se advierte respecto a estas últimas, que deberían volver al déficit cero, dado que en 2025 cayeron nuevamente en el desequilibrio financiero, tras aumentar las erogaciones más que los ingresos fiscales.
Resulta necesario, además, mejorar los niveles de competitividad de la producción nacional, con la postergada reforma tributaria integral, mayor inversión en infraestructura y seguir avanzando en materia de desregulación.
También existe un desafío importante con los efectos indirectos entre sectores. Según el gobierno nacional, las exportaciones de energía y minería ascenderían a 50 mil millones de dólares en 2030, que se suman a las del sector agropecuario (suele aportar alrededor de 35 mil millones), industria del conocimiento y otras actividades, lo que induce, y especialmente lo harán desde 2028, una fuerte entrada de dólares y un tipo de cambio no demasiado competitivo, que encarece el costo de los bienes y servicios no transables, como la mano de obra. Es el problema denominado como “enfermedad o mal holandés”.
Lo anterior dificulta la trayectoria de las actividades que son más intensivas en mano de obra y están más expuestas a la competencia internacional, ahora con una economía más abierta, como algunas industrias textiles, del calzado, metalúrgicas, caucho y neumáticos, entre otras. Entre éstas, algunas actividades resultan viables, pero se hallan en riesgo, dada una apertura económica y apreciación cambiaria que avanzan más rápido que las reformas estructurales que podrían dotarlas de mayor competitividad.
Otras actividades son posiblemente inviables, aún si se concretaran las mencionadas reformas, y en este caso requieren de políticas de reconversión.
Si el problema será el encarecimiento en dólares del costo de la mano de obra (en alguna medida ya se percibe), se puede compensar con reducciones adicionales en las contribuciones patronales. También ayudaría que, en un país con abundancia de gas, dicho insumo resulte relativamente barato, en la comparación internacional, para la producción local. También habrá que pensar en reintegros a los exportadores, en lugar de derechos de exportación.
En materia tributaria, la estrategia del gobierno consiste en ir lento con la reforma integral (reducir, eliminar o sustituir los cinco impuestos más distorsivos, como derechos de exportación, impuesto al cheque, ingresos brutos provincial y municipal, e impuesto provincial a los sellos), pero rápido con los incentivos para las grandes inversiones, con el RIGI y posiblemente el Super RIGI, que también apuntan a eliminar el cepo para estos proyectos. El riesgo es la transición: ir lento con la reforma tributaria integral y otras políticas dirigidas a la competitividad de la producción, especialmente industrial, puede disparar mayores tasas de desempleo y por la vía política trabar las reformas y el modelo.
Aquí se tiene una gran diferencia con el modelo agroexportador del siglo XIX: su irrupción ocurrió en una economía que tenía muy poca actividad manufacturera, sólo algunas actividades cuasi artesanales del interior. En cambio, las reformas y apertura actual se producen con la presencia de un sector industrial que lleva varias décadas y provee un importante nivel de empleo, en especial en los grandes aglomerados urbanos del país, donde se asentaron preferentemente las actividades que se dedican a la sustitución de importaciones. El aumento del desempleo en las zonas más pobladas del país podría convertirse en la mayor amenaza social y política para el actual modelo económico. A este respecto, el historiador Gerchunoff reclama atender también a los “perdedores”, de lo contrario su importancia cuantitativa puede trabar políticamente la evolución de los aspectos virtuosos del nuevo modelo.
Debe considerarse que, si bien las actividades basadas en RRNN no generan tanto efecto directo sobre el empleo, sí lo hacen cuando se consideran sus efectos aguas arriba y abajo. De todos modos, es probable que la destrucción de empleo vaya más rápido que la creación, porque la primera va de la mano con políticas ya en marcha, como la apertura económica sin nivelar previamente la cancha, mientras que la segunda resulta muy dependiente de que se consolide la confianza en el rumbo escogido y se concreten las nuevas inversiones, y aquí juega un rol importante la incertidumbre electoral existente para la elección de 2027.
Ante este panorama, ayudaría mucho que las fuerzas de centro y centro derecha que aspiren a competir en las próximas elecciones, acuerden el respeto por tres puntos básicos, cualesquiera que resulte el ganador: mantener el superávit fiscal, la apertura económica compensada y un sistema monetario que asegure la estabilidad a largo plazo.
Una economía asentada en mayor medida en la producción de RRNN corre otros dos riesgos adicionales: la volatilidad de los precios de las commodities y el riesgo del deterioro en la institucionalidad del país. El primero fue uno de los problemas del modelo agroexportador, en el cual las caídas severas en los precios mundiales de los productos agropecuarios, solían disparar crisis económicas locales. Y la volatilidad de precios es claramente mayor en bienes primarios que en los industriales.
El riesgo para las instituciones del país parte de la existencia de una “economía de rentas”, que suelen ser más proclives a que sean capturadas por una élite política populista y/o autoritaria, que incline los recursos en su provecho. Varios países africanos, asiáticos y latinoamericanos dan cuenta de ello.
Lo planteado requiere de estrategias diseñadas cuidadosamente. En el caso del riesgo institucional, las tendencias al autoritarismo y/o al populismo económico que suelen generar las economías con alta importancia de los RRNN, debe compensarse con un mejor funcionamiento democrático, el respeto por la división de poderes y mejorando los aspectos que actualmente generan inseguridad jurídica. Por supuesto, también dependerá de cómo vote la gente.
Para morigerar los efectos de la volatilidad de precios y para que la apreciación del peso y la pérdida de competitividad de los sectores transables tradicionales no resulte tan marcada, resultará importante contar con un creciente superávit fiscal. Es decir, que en épocas de bonanza pase a engordar un fondo de ahorro soberano o fondo anticíclico, resulta una opción muy recomendable para los problemas de volatilidad y el “mal holandés”.
La constitución de un fondo anticíclico a nivel nacional permitiría evitar fuertes apreciaciones del peso (resta demanda en momentos de auge), acumularía recursos que podrían utilizarse en años de recesión, evitando crisis fiscales y los consecuentes manotazos de ahogado que dan los gobiernos en esas circunstancias, y permitiría contar con recursos para ayudar a amortiguar los efectos internos de la alta volatilidad de los precios de las commodities. Ejemplos a seguir, son los fondos creados en países como Chile y Noruega, que les han generado mayor estabilidad y la posibilidad de ahorrar miles de millones de dólares para afrontar caídas de precios futuros o crisis fiscales por reducción de ingresos en los períodos recesivos.
También las provincias ganadoras, como Neuquén, San Juan y algunas otras, deberían preocuparse por generar sus propios ahorros y fondos anticíclicos, para estabilizar sus finanzas y actividad económica a largo plazo. Pero, además, dado que se trata de la explotación de RRNN no renovables, la estrategia debe apuntar a reemplazar a futuro el aporte de dichos recursos, una vez que se hayan agotado. Aquí se inscriben las
políticas de desarrollo de la infraestructura y de incentivos especiales para evitar que caigan las actividades viables en riesgo de esas provincias, consolidar las actividades con potencial y crear nuevas oportunidades.
En estas provincias, generalmente áridas, invertir fuertemente en riego podría aumentar masivamente las tierras aptas para la producción de alimentos a futuro, así como la mejora en la infraestructura de rutas ayudará a consolidar el desarrollo turístico. Claramente también deben apostar por la educación, para que a futuro el desarrollo esté ligado fundamentalmente a la calidad de sus RRHH.
El nuevo escenario también genera importantes externalidades entre regiones. Por ejemplo, una provincia como Neuquén resultará excedentaria en recursos fiscales, por el aumento en sus ingresos por regalías e ingresos brutos, mientras otras provincias vecinas, como La Pampa, exhiben infraestructura en mal estado, como las rutas nacionales del oeste de esa provincia que son muy utilizadas por las personas de Córdoba y norte del país que viajan a vacacionar en los atractivos turísticos de Neuquén.
Debería ser del interés de esta última provincia que se mejoren dichas rutas, buscando alternativas de complementación con La Pampa y la Nación en tal sentido. Lo mismo puede decirse de la infraestructura que se necesitará para el transporte de arena desde Entre Ríos a Vaca Muerta en Neuquén.
Resulta claro, finalmente, que se necesitará de un nuevo acuerdo fiscal y económico entre la Nación y las Provincias, para producir las reformas tributarias y otras políticas vitales para la viabilidad de esta nueva oportunidad que se le presenta a Argentina.
Por Marcelo Capello
Fuente: IERAL
