El Índice FADA mide la participación del Estado, considerando impuestos nacionales, provinciales y municipales, sobre la renta agrícola. La renta agrícola surge del valor de la producción descontado los costos necesarios para la producción. Cabe destacar que esta renta agrícola se distribuye entre tres conceptos: los impuestos (participación del Estado), la renta de la tierra (costo de oportunidad de la tierra) y el resultado agrícola. Ver metodología, para mayor información.
La medición de junio 2026 marca una participación de los impuestos sobre la renta agrícola del 61,9% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol.
Para junio 2026 de cada $100 de renta que genera una hectárea agrícola, $61,9 es lo que representan los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales
Las participaciones por cultivo para junio 2026 son de 61,7% en soja, maíz 59%, trigo 73,6% y girasol 68,1%. El caso más crítico continúa siendo el trigo, afectado por el fuerte encarecimiento de los fertilizantes. Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y los problemas logísticos asociados al estrecho de Ormuz impulsaron una importante suba en el precio de la urea, insumo fundamental para este cultivo, deteriorando su resultado económico
El Índice de junio es 0,7 puntos porcentuales más bajo que el de marzo 2026, que había marcado 62,5%. El trasfondo de esta pequeña baja se explica principalmente por la mejora en los índices de trigo y girasol, favorecidos por mayores precios, mientras que soja se mantuvo estable y maíz registró un deterioro asociado al aumento de costos, particularmente fertilizantes y fletes.
La conformación de la renta agrícola promedio queda entonces en: 61,9% que se van en impuestos, 8,5% de resultado económico y 29,7% de costo de la tierra.
Costos y relación insumo-producto
Los costos continuaron mostrando incrementos durante junio, destacándose especialmente la fuerte suba de los fletes. En comparación con marzo de 2026, los costos de transporte se ubicaron un 26% por encima en pesos y un 23,6% en dólares. Asimismo, frente a junio de 2025 registraron aumentos del 37,3% en pesos y del 13,5% en dólares. Este comportamiento refleja un marcado encarecimiento de la logística en los últimos meses.
Por su parte, los insumos continuaron exhibiendo aumentos tanto mensuales como interanuales, impulsados principalmente por la persistencia de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que continúan presionando al alza los precios internacionales de los fertilizantes y otros insumos vinculados a la producción agrícola.
En contraste, las labores mostraron una dinámica más moderada. En pesos registraron una caída de 7,1% respecto de marzo, en un contexto de inflación estimada de 7,6% en el mismo período. Al comparar con un año atrás, las labores tuvieron una evolución del 36,8%.
Si analizamos la relación insumo - producto, muestra que se requieren 4 tn de maíz por cada tn de UREA y en trigo esta relación es de 3,4. En la
medición de marzo 2026, eran 3,9 y 3,8, respectivamente, mientras que un año atrás (junio 2025) eran de 2,8 y 2,5, por lo que hoy se requieren para trigo y maíz, más unidades de producto por cada unidad de insumo. Esto se explica principalmente por el encarecimiento de la urea, cuyo precio aumentó un 49% en lo que va del año como consecuencia de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.
Tipo de cambio y costos
El tipo de cambio oficial en junio es $1.430. En el marco del esquema de bandas cambiarias vigente, en el cual tanto el piso como el techo se actualizan en función del último dato de inflación, el rango para junio se establece con un piso de $770 y un techo de $1.806.
Al analizar la estructura de costos de los cultivos según la moneda, se observa que, en una hectárea de soja, los costos se distribuyen 53% pesificados y 47% dolarizados. Si se considera el costo de la tierra dentro del esquema de costos, aquellos que son dolarizados en una hectárea de soja pasan a representar el 60%.
En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 50% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 50%. Si se considera el costo de la tierra, el peso de los costos dolarizados es 58%.
Precios
En junio de 2026, el trigo registró una suba del 15,5% respecto de marzo y se ubicó 6,8% por encima de junio de 2025. Esta mejora responde tanto al
aumento de los precios internacionales del cereal como a la reducción de los derechos de exportación, cuya alícuota pasó de 7,5% a 5,5%.
Por su parte, la soja mostró una evolución más estable en el mercado local, manteniéndose en torno a los USD 327 por tonelada, un nivel similar al observado en marzo. No obstante, el precio se ubicó 19,2% por encima del registrado en junio de 2025.
En el caso del maíz, se observó una leve mejora del 1,2% respecto de marzo, mientras que en la comparación interanual el incremento alcanzó el 3%.
A pesar de estas variaciones recientes, los precios actuales continúan ubicándose por debajo del promedio de los últimos cinco años. El trigo es el cultivo que presenta la mayor diferencia, con valores 12% inferiores a dicho promedio, seguido por el maíz (-8%) y la soja (-1%).
Una caída de precios, lleva a una menor renta agrícola dado que cae el valor de la producción, lo que se traduce en una mayor participación del Estado en la renta agrícola
Federalismo fiscal
Un tema recurrente en este reporte es el federalismo fiscal de un esquema donde la mayor parte de los impuestos son nacionales no coparticipables, en una actividad que por definición es federal y está arraigada regionalmente. Así, la vigencia de los derechos de exportación impacta de manera negativa sobre el federalismo por tres vías. La primera, es que se incrementan los recursos no coparticipables en manos de Nación; la segunda, es que se reducen los recursos coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias; la tercera, es vía los recursos que salen de las regiones productivas en el marco de la existencia de derechos de exportación.
Desde diciembre de 2023, los Derechos de Exportación se han reducido en aproximadamente un tercio para los principales cultivos. En efecto, la alícuota de soja pasó del 33% al 24%, la de maíz del 12% al 8,5%, la de trigo del 12% al 5,5% y la de girasol del 7% al 4,5%. Dado que las retenciones constituyen un impuesto nacional no coparticipable, estas reducciones disminuyeron su participación dentro de la carga tributaria total. Como resultado, los impuestos nacionales no coparticipables representan actualmente el 56,7% del total, el nivel más bajo para un mes de junio desde el inicio de la medición en 2007, con excepción de junio de 2018.
Índices provinciales
Mientras el Índice FADA nacional es de 61,9%, Córdoba registra un 60,2%, Buenos Aires 59%, Santa Fe 55,6%, La Pampa 58,9%, Entre Ríos 65,5% y
San Luis 58,2%.
Debe aclararse que, como se verá debajo, que el Índice FADA sea de mayor valor (porcentual) en una provincia que en otra, no implica necesariamente que dicha provincia sea la que más impuestos abona, en pesos, si no que se debe a la conjunción del peso de los impuestos sobre una renta que puede ser menor, lo que lleva una participación porcentual mayor, debido principalmente a los diferentes rendimientos agrícolas y costos en cada provincia.
Es así que en estos resultados, se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales, y los fletes, que generan efectos diferenciados
sobre cada uno de los cultivos. Así como la participación de cada cultivo en el área sembrada de cada provincia.
En los casos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa, se consideran los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol, utilizando sus participaciones en la superficie sembrada, para luego calcular los números de una hectárea promedio de cada provincia. Para el caso de San Luis, sólo se consideran soja y maíz, ya que explican el 95% del área. Para el caso de Entre Ríos, se consideran soja, maíz y trigo.
Para cada caso se utilizaron los rindes promedio de las últimas 5 campañas. Los costos de producción de labores e insumos necesarios para esos rindes promedio en cada región. En cuanto a los fletes se estimaron para Buenos Aires 250 km., Córdoba 340 km., Santa Fe 120 km., San Luis 580 km., La Pampa 340 km. y Entre Ríos 260 km.
Índices provinciales
A nivel cultivo, se puede observar la compleja situación del trigo, en donde a raíz del aumento en el precio de la urea, el cultivo no es rentable en La Pampa, Córdoba ni Entre Ríos. En estas dos últimas, los márgenes son mínimamente positivos antes del pago de impuestos, mientras que en La Pampa son directamente negativos.
Esta situación hace replantear ante la próxima campaña las decisiones del productor ante el cultivo, donde el fertilizante es altamente demandado para lograr buena reposición de nutrientes en el suelo y mejores rindes por hectárea, pero se convierte en una variable de ajuste donde, si bien el productor es tomador de precio, puede manejar la dimensión de impacto en sus costos de producción.
En provincias como Buenos Aires y Santa Fe, donde los rendimientos promedio son mejores, la participación del Estado en la renta agrícola, si bien es alta, se ve compensada por una mayor renta, lo que hace que el Índice sea menor.
Índices provinciales
Los impuestos nacionales, van en línea con el valor de la producción y con la rentabilidad en cada provincia, por lo que son más altos en términos absolutos en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, y más bajos en San Luis, La Pampa y Entre Ríos.
Los impuestos provinciales presentan divergencias. En el caso de Buenos Aires, significan $55.792 por hectárea, la mayor parte es inmobiliario rural y el resto ingresos brutos e impuesto a los sellos. La alícuota de ingresos brutos es del 1%. Este monto por hectárea es un promedio provincial, en la zona núcleo el inmobiliario rural casi que triplica el promedio provincial, esto sucede en todas las provincias, con grandes diferencias regionales en el valor de los inmobiliarios rurales. En particular para inicios de 2026, se registran aumentos del inmobiliario que van desde el 70% y hasta 110%.
Por su lado, los partidos cobran sus propias tasas, la mayoría son tasas viales con un 70% de lo recaudado destinado a los caminos rurales y el otro 30% a otros destinos. Estas tasas significan, en promedio, $6.008 por hectárea, con las más diversas formas de cálculo y los más diversos valores.
En el caso de Córdoba, sólo se paga impuesto inmobiliario rural e impuesto a los sellos, la producción primaria está exenta de Ingresos Brutos y no existen tasas municipales. Son $43.998 de impuestos provinciales. La provincia aplicó en 2026 un tope de aumento en el inmobiliario del 29,7%.
En el caso de Santa Fe, al igual que Córdoba, no se pagan Ingresos Brutos, pero si existen las tasas municipales como en el caso de Buenos Aires. De impuestos provinciales una hectárea paga $16.082, con un aumento estimado en 14% a inicios del 2026. En cuanto a las tasas municipales, se estimaron en un promedio de $9.294 por hectárea. En la mayoría de los casos en 2026 estas tasas están expresadas en litros de gasoil.
Para resumir la sección de impuestos provinciales:
1. En todas las provincias analizadas se paga impuesto inmobiliario rural e impuesto a los sellos para la compraventa de granos.
2. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se pagan Ingresos Brutos. La alícuota es del 1% en los casos de Buenos Aires y San Luis, 0,5% en Entre Ríos y 0,5% en La Pampa. En Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta.
3. Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa tiene las guías cerealeras. Córdoba, San Luis y Entre Ríos no tienen imposiciones a nivel local. Vale resaltar que esto no sólo depende de la decisión de los propios municipios sino del ordenamiento normativo en cuanto a lo territorial. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires un municipio/partido tiene jurisdicción sobre las áreas rurales y coexisten caminos rurales municipales y provinciales, mientras que, en Córdoba, dentro de un departamento hay muchos municipios, pero estos no tienen jurisdicción sobre las áreas rurales, sólo sobre el ejido urbano.
4. San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas.
Costos provinciales. El rol del flete
Para profundizar en cada caso, se analizan los costos involucrados en una hectárea de maíz, para tomar como ejemplo. En el cálculo del índice se toma desde el valor FOB al resultado después de todos los impuestos. Por ello, se consideran los costos de exportación (fobbing), comercialización, transporte, seguros, administración y producción.
Al analizar los costos resaltan dos puntos. El primero, los gastos de fobbing representan entre el 8% y el 9% de todos los costos involucrados en una hectárea de maíz.
El segundo punto, son los fletes, donde se puede ver claramente cómo se va incrementando la participación a medida que uno se desplaza hacia el
interior mediterráneo. En el caso del maíz, el flete representa el 38,1% de los costos en Buenos Aires, en Córdoba el 35,6%, en San Luis el 37,3%, La Pampa el 33,5% y en Entre Ríos el 31,2%. En Santa Fe, como el grueso de la producción se encuentra relativamente cerca de los puertos, representa el 23,6%.
Analizado desde otra óptica, podemos ver el peso de los fletes en el valor bruto de la producción de maíz de cada provincia. Es así que, si pensamos que la producción sale en camiones, podemos calcular cuántos camiones de cada 10 que se producen de maíz, se van en fletes.
En Córdoba, San Luis y La Pampa 2 de cada 10 camiones de maíz se van en fletes, puesto de otro modo los fletes son el 20,2%, 21,6% y 20,2% del valor de la producción por hectárea, respectivamente. En Buenos Aires y Entre Ríos 1,7 de cada 10 camiones de maíz se van en concepto de fletes (16,4% y 17%, en ese orden), mientras que Santa Fe 1 de cada 10 camiones corresponde al costo de transporte (11,1% del valor de producción de maíz).
