El equilibrio fiscal se consolidó como uno de los pilares centrales de la política económica del Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, tras más de dos años de ajuste, el margen para seguir recortando gastos comienza a estrecharse y el desafío pasa ahora por sostener las cuentas públicas sin resignar recaudación ni frenar la actividad económica.
Así lo plantea un reciente informe de Movimiento CREA, que analiza la evolución de las finanzas públicas y el impacto de las últimas medidas tributarias sobre la agroindustria.
Durante el inicio de la gestión, el Ejecutivo llevó adelante un fuerte ajuste del gasto público, que pasó de representar el 19,6% al 15% del Producto Bruto Interno (PBI). El recorte alcanzó prácticamente todas las partidas, incluyendo obra pública, subsidios, programas sociales, salarios estatales y transferencias a las provincias, lo que permitió cerrar 2024 con un superávit primario equivalente al 1,8% del PBI.
En 2025, el ajuste continuó aunque con menor intensidad. Algunas partidas comenzaron a recuperarse parcialmente, como las jubilaciones, mientras que los subsidios energéticos siguieron disminuyendo. De esa manera, el resultado fiscal volvió a ser positivo por segundo año consecutivo, con un superávit primario del 1,39% del PBI.
Menos margen para ajustar
Según CREA, el escenario para 2026 es más complejo. Muchas partidas ya se encuentran en niveles mínimos y otras, como las jubilaciones, requieren reformas legislativas para avanzar en nuevos recortes.
A esto se suma el impacto del aumento internacional del petróleo derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que encarece los costos energéticos y limita la reducción de subsidios. Además, el Fondo Monetario Internacional exige un determinado nivel de cobertura para programas sociales como la AUH y la Tarjeta Alimentar.
Frente a estas restricciones, el mantenimiento del superávit depende cada vez más de la capacidad de sostener la recaudación tributaria.
La recaudación, bajo presión
El informe señala que los ingresos fiscales muestran señales de debilitamiento. La eliminación del Impuesto PAIS ya había reducido recursos durante 2025 y, en lo que va de 2026, la recaudación acumulada se ubica por debajo de la registrada el año anterior.
Si bien la economía continúa creciendo, algunos sectores con fuerte incidencia en la generación de impuestos, como la industria y el comercio, atraviesan una desaceleración que impacta sobre la recaudación del IVA, principal tributo nacional.
Además, la reforma laboral impulsada por el Gobierno también tendría un costo fiscal estimado en torno al 0,47% del PBI, según datos citados por CREA.
Retenciones: alivio parcial para el agro
En este contexto, el Gobierno anunció una nueva reducción de los derechos de exportación para distintos cultivos.
El trigo y la cebada bajarán del 7,5% al 5,5% a partir de junio de 2026, mientras que desde enero de 2027 comenzará una reducción gradual para la soja, sus derivados, el maíz y el sorgo. En el caso de la soja, la alícuota descendería hasta el 21% hacia fines de 2027, alcanzando el nivel más bajo desde 2002.
Si bien CREA considera positiva cualquier reducción de un impuesto que califica como distorsivo, sostiene que se perdió una oportunidad para eliminar completamente las retenciones en trigo y cebada, dado que el costo fiscal hubiera sido mínimo.
La entidad remarca que el anuncio llega en un momento particularmente sensible para los productores, ya que el conflicto bélico en Medio Oriente provocó un fuerte incremento en los precios de los fertilizantes, que registran subas cercanas al 42%, un insumo clave para la producción triguera.
El equilibrio fiscal como condición
El análisis concluye que la estrategia oficial continúa subordinando la reducción de impuestos al mantenimiento del superávit fiscal. Según CREA, el Gobierno busca equilibrar tres objetivos que muchas veces entran en tensión: seguir reduciendo el gasto público, sostener la recaudación y avanzar con una menor presión tributaria.
Actualmente, el superávit acumulado ronda el 0,5% del PBI, mientras que la meta oficial para todo 2026 es alcanzar el 1,5%. El FMI, por su parte, plantea un objetivo algo más moderado del 1,4%.
Para la entidad, más allá de las dificultades que enfrenta la economía, el superávit fiscal ha sido una de las variables que explican la estabilidad alcanzada en los últimos años. Sin embargo, advierte que sostenerlo exigirá decisiones cada vez más complejas en una etapa en la que las demandas de alivio impositivo, especialmente desde el agro, continúan creciendo.
