La Comisión Europea (CE) publicó recientemente un documento que encendió alarmas en los principales países exportadores de biodiesel. A través de una revisión de los criterios vinculados al riesgo de ILUC (cambio indirecto en el uso del suelo), el organismo comunitario concluyó que la soja pasa a ser considerada por primera vez como un cultivo de alto riesgo, al mismo nivel que el aceite de palma.

De avanzar esta medida, la Unión Europea dejaría de importar biodiesel elaborado a partir de soja o aceite de soja para uso energético, lo que implicaría un cierre definitivo del mercado europeo para las exportaciones provenientes de Argentina, Brasil y Estados Unidos.

Un mercado clave que quedaría clausurado

Según el documento puesto en consulta pública durante las últimas semanas, la UE solo permitiría en adelante el uso de aceite de colza, producido mayoritariamente dentro del bloque europeo, como insumo para biodiesel.

En el caso argentino, el impacto sería particularmente severo: el mercado europeo es hoy el único destino de exportación del biodiesel de soja, por lo que la adopción definitiva de esta norma podría implicar el virtual cierre de la industria local, con un daño comercial estimado en 350 millones de dólares por año.

Críticas desde el sector: “una barrera injustificada al comercio”

Desde la industria aceitera y exportadora cuestionaron con dureza la iniciativa europea. El presidente de la Cámara Argentina de Aceites de la República Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras, afirmó que la decisión carece de sustento técnico.

“La medida europea es desde todo punto de vista una barrera injustificada al comercio. El concepto de cambio indirecto del uso del suelo es un invento para eliminar competencia a las fábricas europeas de biodiesel y dejarnos afuera del único mercado”, sostuvo.

Idígoras remarcó que la situación de la soja en Argentina no se ajusta a los criterios utilizados por la UE, y adelantó que el sector presentará información técnica para refutar el diagnóstico.

“La superficie sembrada de soja en la Argentina no crece; de hecho, viene bajando desde hace más de una década. Además, no se pierde reserva de carbono en el suelo”, explicó.

Un trasfondo político detrás de la decisión

Desde CIARA también señalaron que el debate excede lo ambiental y tiene un fuerte componente geopolítico y comercial.

“Todos sabemos que esto no es un debate científico sino político. La Unión Europea busca compensar a los países que se oponen al acuerdo con el MERCOSUR y, para eso, cierra el mercado a productos altamente competitivos de la Argentina”, advirtió Idígoras.

Estrategia de defensa y posible reclamo en la OMC

Frente a este escenario, el sector privado ya inició gestiones con el Gobierno nacional. Según adelantaron desde CIARA, se mantienen conversaciones con Cancillería y el Ministerio de Economía para definir una estrategia de defensa agresiva.

Entre las alternativas que se analizan se encuentra llevar el conflicto hasta un panel en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y presentar una denuncia en el marco del acuerdo birregional UE–MERCOSUR, firmado en diciembre pasado.

La definición final de la Comisión Europea podría producirse a lo largo de este año, pero el sector advierte que, de confirmarse la medida, el impacto sobre la agroindustria argentina y su capacidad exportadora sería inmediato y profundo.