El Gobierno nacional designó a María Beatriz “Pilu” Giraudo como nueva presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), luego de la renuncia de Pablo Cortese, quien dejó su cargo tras un fuerte desgaste provocado por la interna entre laboratorios veterinarios y la desregulación en la importación de vacunas antiaftosa.
Cortese, técnico de carrera con 33 años en el organismo, argumentó “motivos personales”, aunque su salida estuvo directamente vinculada al creciente conflicto entre empresas del sector, especialmente tras la disputa por el ingreso de vacunas provenientes de Brasil a través del laboratorio Tecnovax SA, lo que motivó intimaciones legales por parte de Biogénesis Bagó.
La nueva titular del Senasa, Pilu Giraudo, es una reconocida dirigente del agro con perfil técnico y político. Fue presidenta de Aapresid y vicepresidenta del INTA, acompañando en distintas gestiones a Juan Cruz Molina Hafford y Nicolás Bronzovich. Llega al cargo propuesta por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y con el respaldo de Juan Pazo, titular de la Agencia Regulatoria de la Cadena Agroalimentaria (ARCA).
Giraudo deberá enfrentar de inmediato las tensiones heredadas: la puja por el control del mercado de vacunas, la fiscalización sanitaria y la confianza de los actores del sector. Senasa, con 5.500 agentes en todo el país, cumple un rol clave en el control de enfermedades, plagas e inocuidad de alimentos, tanto para el consumo interno como para la exportación.
La polémica se desató a principios de este año, cuando el Gobierno avanzó con una política de desregulación que buscó abrir el mercado a vacunas más baratas. En ese contexto, Tecnovax intentó ingresar al país la vacuna “Ourovac aftosa Biv” del laboratorio brasileño Ourofino Saúde Animal, a un precio de US$ 0,60, frente al valor de US$ 1,20 que maneja la industria local. Sin embargo, las dosis fueron interdictas y aún no superaron la fase de análisis técnico.
La carta documento enviada por Biogénesis Bagó a Cortese terminó por acelerar su decisión de dejar el cargo. Se le exigía información sobre el destino de las vacunas y advertía sobre eventuales acciones legales. El conflicto reflejó un punto crítico en la gestión de Cortese, quien se retiró visiblemente agotado y ajeno al juego político que hoy domina las decisiones en el organismo.
