En las últimas 8 décadas, salvo en una de ellas, el gran problema económico de Argentina ha sido la alta tasa de inflación. Y durante ese largo derrotero, en las pocas oportunidades que se logró bajar la inflación, ocurrió acompañado de un tipo de cambio relativamente bajo, que dejó más expuestos los problemas estructurales de competitividad. Sin competitividad no hay exportaciones y sin exportaciones no hay crecimiento. Ergo, a largo plazo, quien logre bajar la inflación en forma permanente y generar reformas cambiarias y estructurales que permitan a nuestras empresas competir en el mundo, en un contexto de buenas instituciones, habrá puesto a la Argentina en el camino del crecimiento económico.
Por supuesto, la tarea de estabilizar la economía y mejorar su competitividad no es sencilla, y resulta aún más desafiante en un país federal. ¿Por qué? Porque además de la voluntad política necesaria para impulsar las reformas a nivel de gobierno nacional, se requiere también similar voluntad en los gobiernos provinciales, que en un país federal cuentan con autonomía. Y también de los municipios.
Para bajar la inflación a niveles internacionales, con la historia y presente de Argentina, se requiere equilibrar las cuentas públicas, para así controlar la emisión de dinero. Como en 2023 el déficit fiscal nacional más provincial ascendía a 4,6% del PIB y la presión tributaria era alta (8,6 puntos del PIB mayor en 2023 que en 2000), para lograr el equilibrio fiscal no quedaba otra que bajar fuertemente el gasto público. ¿Quién, Nación o Provincias? Ambos, porque entre 2000 y 2023 el gasto público nacional había subido 4,8 puntos del PIB, y 2,6 puntos en el conjunto de provincias.
El exceso de gasto era evidente en ambos niveles de gobierno. Si Nación no ajustaba su gasto y lo exigía en provincias, o viceversa, hubiésemos estado en un problema de “federalismo”. En cambio, si ambos niveles de gobierno ajustaban su gasto, más que un problema de federalismo, se trataba de un intento conjunto por estabilizar la economía, aportando cada uno su parte, porque ambos generaron el problema. ¿Y qué pasó con el gasto en 2024? Se ajustó un 26% anual real a nivel nacional y un 17% en provincias. Aún si no se tuvieran en cuenta los fuertes recortes en las transferencias discrecionales a provincias que llevó a cabo el gobierno nacional, el resto de sus erogaciones hubiesen bajado un 23% el año pasado. Aprobado: ambos niveles de gobierno aportaron al equilibrio fiscal y la baja de la inflación en 2024.
Pero para crecer también se requiere ser competitivos. Máxime si con la estabilización el tipo de cambio real se ubica en niveles relativamente bajos. Se necesita una reforma laboral, mejor infraestructura e impuestos más bajos (y menos distorsivos), entre otras reformas. Para bajar impuestos, manteniendo el equilibrio fiscal que se necesita para disminuir la inflación, se debe reducir aún más el peso del gasto público. Ambos niveles de gobierno deben seguir bajando el peso del gasto y los impuestos en el PIB, para tener una economía estable y competitiva. Los municipios también. Si el PIB crece, se puede alcanzar ese objetivo con un gasto que no suba más que la inflación.
¿Pero qué está pasando con el gasto público en lo que va de 2025? A nivel nacional, entre enero y mayo baja un 0,2% anual real. Pero en un conjunto de 17 provincias que publicaron datos del primer trimestre, sus erogaciones suben un 21% anual promedio. Si esta situación se confirma para el consolidado de 24 jurisdicciones, estaríamos en un problema, porque se estaría revirtiendo el ajuste provincial del año previo y habría a futuro menos posibilidades de bajar impuestos provinciales. Resultaría más difícil mejorar la competitividad.
En este contexto económico y político, se presentaron sendos proyectos de ley al Congreso, impulsados por los gobernadores, para que los ATN de la ley de coparticipación se repartan en forma automática a provincias y para que la participación de las provincias en la recaudación del impuesto a los combustibles pase del 25% al 57%. En ambos casos, los mayores ingresos para provincias serían de libre disponibilidad.
Si bien los dos proyectos, de aprobarse, no eliminarían por completo el superávit fiscal nacional (lo reducen a algo menos de la mitad), dado que se están tratando junto a otros proyectos que aumentan el gasto en jubilaciones y en otros fines, sería una mala señal política para los mercados que la oposición en el Congreso decida sobre el gasto nacional, ponga en riesgo el equilibrio fiscal y, además, arrojarían dudas sobre el objetivo de mejorar la competitividad. En todo caso, se justificaría el envío automático de ATN a provincias si éstas bajan impuestos distorsivos, como el impuesto de Sellos o Ingresos Brutos, o utilizan los recursos para financiar reformas pro-competitividad. Pero sería muy mala idea que los recursos extras alimenten el gasto corriente provincial.
Con relación a la reforma en la distribución del impuesto a los combustibles, dado que la porción de recursos que perdería la Nación se utiliza actualmente (o debería utilizar) en la construcción y mantenimiento de infraestructura vial e hídrica, lo lógico sería que, de aprobarse la ley, las provincias pasen a hacerse cargo de dicha construcción y/o mantenimiento, con responsabilidades acorde a los recursos distribuidos, cuando la función no resulte concesionada a privados. Se requiere un nuevo acuerdo fiscal, que delimite las responsabilidades que asumirán las provincias al respecto, y luego modificar la ley en ese sentido.
¿Cómo alinear incentivos entre niveles de gobierno, en un país federal, para lograr estabilizar la economía y ganar competitividad? Desde la política real, se trata de un problema de incentivos e intereses. Bajar la inflación le genera votos al presidente, no a los gobernadores o intendentes. Para éstos, cosechar votos significa hacer obra pública, mejorar los salarios de los agentes públicos y minimizar los conflictos en un año electoral. En determinadas situaciones, dichos incentivos suelen conducir a un mayor gasto público, deteriorando las posibilidades de estabilizar y darle competitividad a la economía.
¿Qué “palancas” tiene un presidente en Argentina para alinear incentivos de gobernadores e intendentes? Históricamente se usaron con este fin las transferencias discrecionales. Pero aquí el actual gobierno tiene un problema, pues el año pasado prácticamente eliminó las transferencias discrecionales, y una de las pocas que quedan, los ATN, con el proyecto de los gobernadores pasarían a ser de carácter automático.
¿Cuál es uno de los pocos incentivos que puede ofrecer el gobierno nacional a los provinciales para que apoyen sus iniciativas con el fin de fortalecer el proceso de estabilización y mejora de la competitividad? Dado el contexto, a mediano plazo, sólo el acceso al endeudamiento externo, que debe ser autorizado por el poder central. Las provincias tienen actualmente capacidad de endeudamiento, pues su stock de deuda pasó del 7,4% del PIB en 2019 a 3,9% en 2024. Con financiamiento, podrían exhibir mayores niveles de obra pública y ganar competitividad electoral. Claro que se trata de un recurso que no estaría al alcance de todas las jurisdicciones, sino sólo para las de mayor ingreso per cápita y con mejores antecedentes fiscales en el pasado.
No obstante, para que tanto Nación como Provincias accedan al financiamiento externo, que ayude a viabilizar la transición, debe bajar el riesgo país, como mínimo 200 puntos. Pero el riesgo país difícilmente baje en un contexto en que la oposición y gobernadores logren aprobar leyes sobre jubilaciones y otras erogaciones que dinamitarían el equilibrio fiscal y las posibilidades de mejorar la competitividad de la economía. En definitiva, un perro que se muerde la cola.
Por: Marcelo Capello
