En una nueva jugada del gobierno nacional para profundizar el proceso de desregulación económica, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, anunció una flexibilización clave en el comercio de agroquímicos. La medida, instrumentada a través de la Resolución 485/2025 del Senasa, busca simplificar el régimen de aprobación, registro y distribución de fitosanitarios en todo el país.
La noticia fue comunicada directamente por el propio Sturzenegger a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó: “FACILITAMOS EL COMERCIO DE AGROQUÍMICOS”, en un mensaje en el que celebró la firma de la resolución por parte del presidente del Senasa, Pablo Cortese. El ministro sostuvo que este cambio permitirá eliminar trabas burocráticas, reducir costos y fomentar la competitividad del sector agrícola.
Según el documento oficial, la resolución apunta a actualizar y modernizar los procedimientos administrativos vinculados a la aprobación de agroquímicos. Entre otras cosas, se prevé un régimen más dinámico para el ingreso de productos ya autorizados en otros países, la eliminación de requisitos considerados innecesarios y la implementación de criterios más simples para la renovación de registros.
Desde el Gobierno explican que esta reforma se enmarca dentro del paquete de medidas derivadas de la llamada “Ley Bases” y responde a la necesidad de volver más eficiente al aparato estatal. “Durante años, la regulación en este sector fue excesiva, lo que derivó en altos costos y demoras innecesarias para los productores. Esta resolución busca devolverle competitividad al campo argentino”, indicaron fuentes cercanas al ministerio.
La reacción del sector agroindustrial fue inmediata y positiva. Varias cámaras empresarias y asociaciones de productores manifestaron su respaldo a la decisión y aseguraron que la desregulación ayudará a acceder a insumos clave con mayor rapidez, lo que puede mejorar los rindes y reducir los costos operativos. En un contexto donde el agro es uno de los principales motores de la economía, el mensaje de alivio regulatorio fue bien recibido.
Sin embargo, la decisión también despertó preocupación en sectores ambientalistas, académicos y vinculados a la salud pública. Desde distintas organizaciones no gubernamentales se advirtió que una liberalización sin controles estrictos podría derivar en un uso más extendido y riesgoso de químicos en el sistema productivo, lo que a su vez podría tener consecuencias sobre el ambiente, los alimentos y la salud de las personas expuestas.
Especialistas en toxicología y agroecología consultados por medios nacionales destacaron que si bien algunos trámites podían resultar engorrosos, también cumplían la función de filtrar y monitorear productos potencialmente peligrosos. “No se puede hablar de eficiencia sin pensar en las garantías sanitarias. El Estado no debe retirarse de su rol de control”, advirtieron desde una red de científicos independientes.
A nivel técnico, lo que genera inquietud es la posible apertura para el ingreso de agroquímicos no debidamente evaluados en el país, o la falta de recursos en el Senasa para realizar controles efectivos frente a una mayor dinámica de mercado. La clave, según los expertos, estará en cómo se implementa la resolución y qué grado de fiscalización real se mantendrá en el territorio.
La resolución 485/25 se inscribe dentro de una línea clara del gobierno de Javier Milei, que a través del flamante Ministerio de Desregulación viene avanzando en la revisión y eliminación de normativas que considera trabas al desarrollo económico. En los últimos meses ya se derogaron centenares de regulaciones en distintos sectores, y se anunció que este será un proceso permanente.
El caso de los agroquímicos no es menor: se trata de un insumo estratégico en la producción agrícola, clave en la balanza comercial argentina, pero también uno de los temas más sensibles en términos de salud ambiental y debate público. Por eso, la resolución marca no solo un cambio de reglas, sino también un punto de tensión entre la visión pro mercado del Ejecutivo y las demandas de un control estatal robusto.
En definitiva, el anuncio del ministro Sturzenegger abre un nuevo capítulo en el vínculo entre el Estado, el agro y la salud pública. El tiempo dirá si la simplificación regulatoria logra el equilibrio entre dinamismo productivo y responsabilidad sanitaria. Mientras tanto, la lupa social y mediática se posa sobre el Senasa, que deberá demostrar que la eficiencia no implica bajar la guardia.
