El 8 de marzo de 2015, Estados Unidos inició un proceso contra Venezuela en el contexto de lo que se conoce como “guerra multiforme”, dirigiendo sus acciones especialmente a atacar la economía nacional y perturbar las políticas sociales con el objetivo de promover un cambio de gobierno.

Hace 9 años, el presidente de turno en Washington, Barack Obama, emitió la Orden Ejecutiva 13.692, que calificó a Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos de América”.

Con esta acción, sin pólvora ni balas, el imperio más poderoso que se ha conocido en la historia de la humanidad declaró una guerra económica y de presión política que ha sido refrendada, año tras año, por sus dos predecesores, el expresidente Donald Trump y el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden.

La Orden Ejecutiva 13.692, popularizada como “decreto Obama”, sentó las bases jurídicas, políticas y administrativas para la imposición de medidas coercitivas unilaterales (MCU) contra Venezuela. Dicho decreto exhibe como pretendido basamento jurídico la “Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela”, aprobada por el Congreso estadounidense en el año 2014.

Las acciones por parte de Estados Unidos propiciaron que en 2017 el pueblo venezolano se movilizara para exigir la derogación del mismo. Por esta razón, se llevó a cabo un proceso de recolección de firmas casa por casa, como parte de la campaña “Obama, deroga el decreto ya”.

Aunque la campaña buscaba recolectar 10 millones de firmas contra el instrumento jurídico, la misma logró el hito de 13 millones 477 mil 652 firmas. “En su momento, Venezuela remitió dichas firmas al Gobierno de EEUU, sin obtener respuesta alguna”, dice un texto publicado en la página del Observatorio Venezolano Antibloqueo.

Obama, durante su periodo como presidente, sancionó a Venezuela con 161 medidas coercitivas unilaterales que se concentraron en su mayoría hacia el sector financiero y la industria petrolera nacional (Pdvsa).

Desde ese momento, la guerra económica que se evidenciaba desde el 2013, había escalado a tal punto que sus efectos eran utilizados para aumentar los conflictos políticos internos, donde la violencia fue evidente a través de “las guarimbas”, que eran actos propiciados por sectores de extrema derecha, donde se utilizaron a grupos de choque para generar violencia en el país.

Además, la ofensiva económica internacional no sólo sería propiciada por Washington. A la misma se uniría en 2017 la Unión Europea, que bloquearía a Venezuela haciendo énfasis en las transacciones financieras y comercio, entre otros.

Todas las opciones sobre la mesa. Y, como colofón, llegaría en 2017 a la presidencia estadounidense un empresario que tenía como intención romper cánones de orden mundial conocidos hasta entonces: Donald Trump.

Electo el 10 de enero de 2017, Trump amenazó públicamente al presidente Nicolás Maduro, el 11 de agosto de ese año, con una “opción militar”, a la vez que recrudeció las sanciones.

Además, inició una escalada de discursos agresivos que aumentarían las tensiones entre ambos países y que determinó que Venezuela rompiera relaciones con Estados Unidos el 23 de enero de 2019.

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, calificó hace un año a Donald Trump como “psicópata narcisista”, luego que aprobara con su rúbrica 766 sanciones coercitivas contra Venezuela, seis veces más que las firmadas por Obama.
“Fue brutal, intensivo, inmisericorde y cruel el desarrollo de estas políticas de Donald Trump contra Venezuela”, refirió Rodríguez en un acto realizado en la Plaza Bolívar de Caracas, con motivo del Día del Antiimperialismo Bolivariano que se cumple los 9 de marzo.

A través de una asamblea nacional paralela en Venezuela, promovida por los Estados Unidos, el 28 de enero el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro cancelan las órdenes de compra a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ceden el control de su filial Citgo y de cuentas bancarias del Estado venezolano en su territorio al dirigente de Voluntad Popular Juan Guaidó, quien el 23 de enero de ese año se había autojuramentado como “presidente interino”.

En el 2018, el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, William Brownfield, manifestaba la necesidad de impulsar y acelerar el colapso de Venezuela a través de diversas sanciones contra Pdvsa, pese al impacto negativo que esto podría generar en las familias más vulnerables.

“En este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor de meses o quizás años”, expresó el también exsecretario de Estado norteamericano, viendo el escenario donde los impactos de estas medidas de guerra económica eran evidentes en la salud, la alimentación y otras áreas de la vida cotidiana del venezolano.

El presidente Nicolás Maduro, durante su mensaje a la nación el pasado 15 de enero, aseveró que desde el año 2015 se produjo un descenso de la producción petrolera en 87%. En este sentido, puntualizó que alcanzó su nivel más bajo en el 2020 con 339 mil barriles diarios frente a los 2,5 millones que se producían en enero de 2015.

El jefe de Estado explicó que 3 mil 993 millones de barriles de petróleo dejó de producir Venezuela, como consecuencia de las sanciones criminales impuestas por los Estados Unidos, acción que se tradujo en la pérdida de 323 mil millones de dólares.

La empresa Citgo, aún en manos foráneas, representa para el Estado venezolano el 15% de los ingresos, lo que ha sido explicado como un factor económico determinante para el presupuesto nacional que incide en aspectos fundamentales como potenciales aumentos de salario y la optimización de los servicios públicos.

La refinería, que es el principal activo que posee Venezuela fuera de sus fronteras, está valorada en más de 13 mil millones de dólares, según informó recientemente el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Actualmente, la filial de Pdvsa enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos; varias trasnacionales a través del subterfugio jurídico del embargo, quieren tomar control de la empresa.

Citgo, que sigue en control de un sector de la oposición de ultraderecha, reportó en 2023 ganancias 2 mil millones de dólares, los cuales no han llegado a las arcas del país.
Biden continúa la agresión. Joe Biden, sucesor de Trump, asumió la presidencia el 20 de enero de 2021, y a sus 78 años se convirtió en la persona más longeva en asumir ese cargo.
Antes de cumplirse un nuevo año del decreto Obama (9 Marzo 2015), Biden, el pasado martes 5 de marzo, firmó la extensión de la Orden Ejecutiva 13.692, “más allá del 8 de marzo de 2024”.

El actual presidente de EEUU envió una carta al Congreso norteamericano diciendo que la situación en Venezuela continúa planteando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de ese país.

“Por esta razón, he determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13.692 con respecto a la situación en Venezuela”, agregó.
Con esto, su administración echó por tierra el levantamiento parcial de algunas de las más de 930 medidas coercitivas, especialmente a los sectores petróleo y gas, acción que se produjo luego del acuerdo de Barbados en octubre de 2023, el cual fue firmado por el Gobierno nacional con un sector de la oposición agrupado en la Plataforma Unitaria.
EEUU emitió la licencia general 44, que se traduce en autorizar transacciones que involucran al sector de petróleo, gas y oro de Venezuela, pero, además, eliminan la prohibición del comercio secundario. También autorizan transacciones con Minerven, así como eliminan la prohibición de negociación secundaria de ciertos bonos soberanos venezolanos y deuda de Pdvsa.

Renovación de sanciones

El 30 de enero de 2024, Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, anunció que ese país “no renovará las licencias que alivian las sanciones al sector energético de Venezuela cuando expiren en abril”, alegando que la hoja de ruta que quiere imponer el Gobierno norteamericano no “cuenta con todos los candidatos”.

El viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo, refirió que “al renovar la Orden de Obama, Biden se asegura mantener vigentes los seis Decretos Ejecutivos de Donald Trump, el reglamento de sanciones y los listados de personas, entes y activos sancionados, así como el congelamiento en el sistema financiero de 22 mil millones de dólares de Venezuela”.

Afirmó Castillo que, gracias a este esquema de guerra económica, “Estados Unidos ha podido imponer 766 de las 930 medidas coercitivas unilaterales dictadas contra el Gobierno, la economía y el pueblo de Venezuela”.

“Política fracasada”

Luego de la aplicación de manera ilegal de estas medidas coercitivas, desde Estados Unidos se reconoce que la política de la aplicación de sanciones a Venezuela fue un fracaso y sólo contribuyó a generar la crisis económica del país.

A finales de enero se conoció un informe emitido por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos donde se reconoce que desde 2005, Washington ha impuesto sanciones a personas y entidades venezolanas. Sin embargo, especifica que el Gobierno de Trump amplió las sanciones estadounidenses más allá de las medidas coercitivas y unilaterales dirigidas individualmente.

“El presidente Donald Trump impuso sanciones financieras adicionales a Venezuela en agosto de 2017, al prohibir el acceso a EEUU de mercados financieros por parte del Gobierno Bolivariano, incluida la empresa estatal de energía Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa)”, especifica el escrito.

El informe de 54 páginas también devela que las sanciones aplicadas ilegalmente también contribuyeron a una caída pronunciada de la economía venezolana de manera constante durante casi una década “y ha caído abruptamente desde la imposición de una serie de sanciones estadounidenses a partir de 2015”.

También reconoce que la aplicación de las mismas ha contribuido a la migración de venezolanos, los cuales se han esparcido por varias latitudes, incluyendo el país norteamericano.

“Estas sanciones no lograron destituir a Maduro y contribuyeron a una crisis económica en el país que ha llevado a 7,7 millones de venezolanos a huir”, detallan.

Además, se devela que detrás de la supuesta “flexibilización” de las medidas coercitivas unilaterales y el otorgamiento de licencias está la promoción y defensa de los intereses de Estados Unidos y sus aliados europeos, especialmente en materia energética.
La empresa Citgo continúa secuestrada por orden del Gobierno estadounidense.

Defensa del pueblo con Ley Antibloqueo

La Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, tiene por objeto establecer un marco normativo especial y temporal que provea al Poder Público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición, contra Venezuela y su población, de medidas coercitivas unilaterales y otras restrictivas o punitivas, emanadas por otro Estado, organizaciones internacionales u otros entes públicos o privados foráneos.

Tales medidas coercitivas unilaterales buscan afectar los derechos humanos del pueblo venezolano, y atentan contra el derecho internacional y, en su conjunto, constituyen crímenes de lesa humanidad y la afectación del derecho al desarrollo libre y soberano del pueblo venezolano, consagrado en la Constitución.

La caída de la producción petrolera produjo grandes pérdidas en los ingresos del país.
Alcances de las MCU aplicadas contra Venezuela

Más de 930 medidas coercitivas unilaterales (MCU) impuestas al país. Como parte de una estrategia para hostigar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“El decreto Obama”. Sentó las bases jurídicas, políticas y administrativas para la imposición (MCU) contra Venezuela.

Venezuela es el quinto país con más sanciones. Impuestas en tan solo 9 años, por detrás de Ucrania, Siria, Irán y Rusia.

La producción petrolera disminuyó en 87% desde el 2015. Alcanzó su nivel más bajo en el 2020 con 339 mil barriles diarios frente a los 2,5 millones que se producían en enero de 2015.

3 mil 993 millones de barriles de petróleo dejó de producir Venezuela. Como consecuencia de las sanciones criminales impuestas por los Estados Unidos, acción que se tradujo en la pérdida de 323 mil millones de dólares.

Pérdidas de 642 mil millones de dólares por la caída del PIB. Incluyendo al sector público y privado entre los años 2015 y 2022.

2 mil millones de dólares en oro que pertenecen al Estado venezolano tiene retenido el Gobierno de Inglaterra.