Baylón Márquez camina sobre las cenizas de unos árboles que quemó para limpiar parte de su chacra de 50 hectáreas. Mastica coca para paliar la sed. Hace poco que el galón de agua que tenía se le acabó. Dice que pago Bs 200 para acceder a una de las parcelas de conforman la comunidad Posoka integrada por unos chiquitanos e interculturales. Llegó a este lugar desde la Villa Primero de Mayo, fue reclutado ahí por unos dirigentes que, según él, son dirigentes interculturales.

Hace un año tomó posesión del terreno, intentó sembrar maíz, pero sin éxito. Sólo cosechó dos quintales de frejol. Subsiste como puede y cada cierto tiempo las 30 familias que integran su comunidad se reúnen para limpiar.

El hombre dejó su barrio en la ciudad de los añillos por este pedazo de tierra. Lo acompaña un nieto. Afirma que sus dirigentes alistan la titulación de la comunidad con el aval del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Márquez es uno de los cientos y quizás miles de personas que son llevadas desde centros urbanos para ingresar ilegalmente en tierras ubicadas en a la Chiquitanía. Su predio está en la zona de las Conchas, perteneciente al municipio de San José de Chiquitos, este suelo tiene vocación forestal por eso sus esfuerzos para producir fracasaron.

Según datos de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) en 2007 el país contaba con seis millones de hectáreas de uso forestal sostenible en manos de empresas privadas. Ese año, 89 concesiones operan en el país. Pero en 16 años, según esta entidad, se perdieron cuatro millones de hectáreas por el avasallamiento, la tala ilegal y el despojo hecho a varias empresas.

Hoy existen solo 20 concesiones que enfrentan la amenaza latente de los piratas de la madera y avasalladores. Un ejemplo de claro de este problema es la situación que se vive en Choré, reserva forestal colonizada por campesinos. Recientemente una comitiva de la Gobernación de Santa Cruz verificó la quema de varias hectáreas.

Lo que pasó en esta región está por repetirse en la Chiquitania. La llegada de varias comunidades pone en peligro el área boscosa de esta región. En la última década la tranquilidad de las comunidades fue interrumpida por el ruido de orugas que abren sendas en medios de sus bosques.

“La madera se está terminando”

EL DEBER visitó la Tierra Comunitaria de Origen Turubó Este (TCO-TE) y confirmó que sus habitantes viven en carne propia asentamiento abrupto de comunidades interculturales y el tráfico de madera.

Si bien no han sufrido ningún tipo de toma, están presionados por la creciente migración en áreas cercanas a su territorio. Incluso las nuevas comunidades han abierto caminos dentro de su territorio.

“Ingresaron y abrieron caminos sin consultarnos. Hay mucha presión sobre nosotros”, explica Celso Taborga, capitán de esta TCO que cuenta con más de 100.000 hectáreas; está conformada por las comunidades Ipiás, Ramada, Entre Ríos, Buena Vista y San Juan.
Percy Hurtado, cacique de la comunidad Buenavista, señala que hace una década la vida de los chiquitanos de esta TCO cambió.

El líder indígena cuenta que antes de la ola de migración su comunidad llegó a tener una Agrupación Social del Lugar (ASL) una instancia establecida en las normas nacionales para que los lugareños de un territorio puedan aprovechar de forma sostenible el bosque.

“Nos dieron 74.000 hectáreas, como área de manejo forestal. Trabajábamos las empresas privadas conservando las cuencas, las quebradas no impactando, no quemando porque el aprovechamiento sostenible de la madera genera divisas y empleos”, dijo.
No obstante, esta ASL fue revertida por el Gobierno de Juan Evo Morales y estas 74.000 hectáreas fue repartida a comunidades afines.

Cecilio Yovio, es director de la Unidad Educativa de San Juan de Chiquitos. El docente afirma que el avasallamiento se ha hecho cotidiano en esta zona. Cada día llegan en buses y se instalan en varios puntos del bosque seco chiquitano.

“Están asentadas alrededor de 36 comunidades alrededor de la TCO. Son casuchas, como baños que están ahí, pero ya están diciendo que hay asentamientos. A nivel social es un problema porque están impactando el territorio. Y no se le puede poner alto, porque vienen con sellos del Gobierno”, dijo.

Lo preocupante, según Yovio, es que las comunidades depredan el lugar sin ningún tipo de manejo sostenible de los bosques.

“El chiquitano siempre conservó el bosque porque ahí saca su producto, de la corteza sacar para sus remedios caseros”, señaló.

Actualmente la TCO cuenta con plan de manejo forestal de 37.000 hectáreas, pero no tiene los recursos económicos para realizar un plan de manejo sostenible.

Pérdidas de áreas

Jorge Ávila, gerente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) explicó que desde 2007 el sector viene sufriendo recortes en las áreas de manejo forestal principalmente por el avasallamiento de tierras, la tala ilegal de madera, la reversión de concesiones a las que calificó de despojo y la dotación realizada por las autoridades agrarias.

“Nosotros venimos denunciando los avasallamientos a las tierras bajo derecho forestal desde el año 2007. Desde esa época hasta ahora, hemos perdido 4 millones de hectáreas en todo el país consecuencia de los avasallamientos y de las dotaciones que ha hecho el INRA”, señaló el ejecutivo.

No solo los forestales denuncian esta situación. El asambleísta por Creemos Óscar Fenney, anunció a EL DEBER que convocarán al director de la ABT y del INRA para que asistan a la ALD y brinde un informe al respecto, ya que el desmonte y chaqueo es de magnitud en la zona y ha contado “con la venia de ciertas instituciones para tal trabajo”.

En su descargo el INRA mediante un comunicado señaló que como institución viene denunciado “los avasallamientos a las tierras bajo derecho forestal desde el año 2007”.

“Desde esa época hasta ahora, hemos perdido 4 millones de hectáreas en todo el país consecuencia de los avasallamientos y de las dotaciones que ha hecho el INRA”, señala la institución estatal.

Otra entidad apuntada fue la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT). Franz Valdez Irahola, director de Manejo de Bosques y Tierra de esta institución aclaró que las concesiones no tienen derecho propietario sobre el área donde realizan el manejo.

Explicó que función la resolución administrativa, la 2-2017 que emite la ABT, los mismos usuarios o terceras personas que tengan acreditado el derecho propietario puedan solicitar la revocatoria de los planes generales de manejo forestal, o en algunos casos recortes.
“El derecho forestal, de alguna manera, es un derecho transitorio que no acredita derecho propietario”, sostuvo Valdez.

Informó estas áreas cambiaron de actividad de forestal a agrícola.

La autoridad forestal admitió que recibió varias denuncias sobre el ingreso en áreas forestales, pero la entidad cuenta con dificultades logísticas dado que estas concesiones se encuentran a más de 200 kilómetros de distancias.

“Entonces el personal es un poco limitado, tampoco se puede hacer una fiscalización efectiva al 100% por el tema de las limitaciones que tenemos en el personal”, afirmó Valdez.