Expertos en derecho agroambiental y desarrollo rural infieren que la falta de políticas agrarias en el régimen actual de Gobierno frena la expansión de la producción y las inversiones del agro. Así, a decir del investigador en temas agrarios, Gustavo Pedraza, en Bolivia no hay una política agraria nacional y los empresarios desarrollan sus actividades sin ningún incentivo estatal.
“A pesar de las adversidades políticas, jurídicas y sanitarias, el agro es uno de los pocos sectores que ha crecido; no obstante, de un gobierno que puso techo, e impide un mayor crecimiento a las exportaciones agropecuarias”, apuntó.
Anotó que si el Gobierno quiere apoyar el crecimiento del agro debe proteger el derecho propietario, respetar el funcionamiento independiente de las instituciones que regulan las actividades del sector, liberar las exportaciones y generar incentivos fiscales para incrementar las inversiones en el sector.
“La impunidad con los tomatierras de la propiedad agraria (caso Las Londras
donde un grupo de encapuchados armados secuestraron a periodistas, policías y
civiles) es otro factor que genera temor en el sector empresarial que no se
anima a expandir sus cultivos por miedo a que su propiedad sea tomada”,
puntualizó Pedraza.
En criterio del especialista en derecho agrarioambiental y desarrollo rural, Fernando Asturizaga, el esquema de desarrollo y emprendimiento ha comenzado a verse afectado por la aplicación de normativas antiempresariales en el agro y la falta de sanciones a quienes ponen en vilo la propiedad y el trabajo agropecuario.
A su juicio, el título ejecutorial no es un documento sólido de propiedad de la tierra, porque su validez es de dos años, a partir de su emisión, y puede ser objetado, revisado y anulado por el INRA y otras entidades del Estado. Ahuyenta las inversiones en el campo.
Insinúa que se restringen las exportaciones de productos agropecuarios, no
como una medida de asegurar el abastecimiento interno, sino como una forma de
frenar el crecimiento económico del empresario. Asimismo, repara en la falta de
una estrategia de lucha contra el contrabando que golpea al sector productivo y
vertió que la innovación y la tecnología son puntales del desarrollo y la
agropecuaria no es ajena a ello; sin embargo, por temores infundados el
Gobierno, prefiere mantener una legislación precautoria en materia de
biotecnología, coartando competitividad al productor nacional.
Desempeño del agro estancado
La evaluación del sector agropecuario en la presente gestión da cuenta de un
crecimiento del 1,42% del área cultivada, que refleja por tercer año consecutivo
un estancamiento de la frontera agrícola. Heladas y sequías ocurridas en el
ciclo de invierno provocaron la afectación y pérdida - 40% y 21%-,
respectivamente, trascendiendo en una baja en la producción de un 0,17%.
Según la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), los mayores enemigos en el ámbito productivo 2021, fueron y siguen siendo, la falta de seguridad jurídica y el incremento desproporcionado del contrabando. Infieren que la implementación de biotecnología rezaga el crecimiento sectorial.
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) reportó una caída en la producción de granos en 2021. La producción total de soya, maíz, sorgo, girasol, trigo y chía alcanzó 4.744.000 toneladas, que representa una disminución del 6% con relación a 2020.
El sector demanda al Gobierno una agenda productiva, acceso a la biotecnología, principalmente en los cultivos de soya y maíz, y una lucha efectiva contra el contrabando que genera competencia desleal a los productores bolivianos.
Créditos para reactivación
Este mes, citado en la estatal ABI, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), Remmy Gonzales, informó que el Gobierno aprobó el Decreto Supremo (DS) 4632 que viabiliza la inversión de Bs 1.779 millones, para la ejecución de seis programas orientados a la reactivación productiva y agropecuaria a escala nacional.
