El Poder Ejecutivo promulgó la Ley que regula el servicio de extensión agropecuaria, aprobada por el Congreso de la República, con la finalidad de promover e incrementar las capacidades de los productores agrarios.

Mediante la Ley Nº 31368, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se regula el servicio de extensión agropecuaria, para incrementar la productividad y competitividad del productor agropecuario, así como impulsar el desarrollo rural.

La extensión agropecuaria es un servicio de carácter público, permanente y descentralizado, que implica un proceso educativo, sistemático y de interacción y acompañamiento con los productores agropecuarios.

Ello permite atender demandas integrales que incluyen la capacitación y asistencia técnica, con el fin de facilitar la adopción, aplicación de tecnologías y conocimientos que mejoren los procesos de producción de las unidades agropecuarias, agroforestales, incorporando innovaciones del tipo tecnológico, organizacional, empresarial y ambiental, considerando el entorno sociocultural de los productores y potencialidad del suelo y la disponibilidad hídrica.

Las disposiciones contenidas en la presente ley y sus normas reglamentarias son de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas y privadas, personas naturales o jurídicas vinculadas con el servicio de extensión agropecuaria.

El dispositivo legal indica que los objetivos específicos del servicio de extensión agropecuaria son:

- Fortalecer y ampliar la cobertura del servicio de extensión agropecuaria en atención a las necesidades y demandas de los productores agrarios.

- Incrementar y fortalecer la productividad y competitividad del sector agropecuario.

- Promover el uso de tecnologías sostenibles en la actividad agropecuaria.

- Fortalecer la articulación de los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA), que participan en la prestación del servicio de extensión agropecuaria.

- Promover la transferencia tecnológica y la asistencia técnica a nivel nacional.

La presente ley establece las competencias y mecanismos de articulación de las entidades de los tres niveles de gobierno, que participan en la prestación del servicio de extensión agropecuaria, considerando el potencial agrario y la demanda de los productores y las tendencias de los mercados nacional e internacional.

La competencia para promover la extensión agraria es una función compartida entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, los cuales deben articular y armonizar iniciativas y acciones con los gobiernos locales.

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) es el responsable del desarrollo normativo y supervisión de la extensión agropecuaria y el otorgamiento de la acreditación respectiva, correspondiendo a los gobiernos regionales y locales la implementación de las disposiciones previstas en la presente norma en el marco promotor competencial dentro de los límites territoriales.