Si bien, el último informe del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) no muestra cambios tan significativos entre meses, continúa manteniendo una hipótesis muy optimista en cuanto a la mejora de los principales productores - exportadores, para mantener un status de precios relativamente altos.

Ello implica que, tanto en maíz como en soja, deberían registrase niveles récord de producción en los dos líderes, USA y Brasil, y un consumo mundial similar al del ciclo 2020/21, que permita que los stocks finales a nivel global se mantengan en volúmenes cercanos a los del ciclo actual, y por ende los precios de ambos continúen sostenidos.

La realidad muestra que, en el marco actual en que se desarrollan los cultivos en Estados Unidos, con altas temperaturas y escases de precipitaciones en una gran parte del “corn belt”, se teme que no puedan alcanzarse los rendimientos medios proyectados.

En los cuadros siguientes se muestran las proyecciones del USDA para ambos cultivos.


En el caso particular de maíz, se proyecta un nivel de rendimientos récord que permitiría una producción máxima cercano a las 120 mill/ton. No obstante, deberían resignar un volumen importante de exportaciones, para alcanzar stocks finales muy reducidos que representan solo 9.2% del consumo o 34 días de uso.

Lo interesante, es que el propio USDA, a pesar de mostrar cifras similares de reservas entre años, incremente en mas de 50 dol/ton el precio medio que recibirían los productores.

Dicho en otras palabras, la situación del maíz en USA es sumamente ajustado, pensando que su uso final es básicamente interno (80%).


En soja, la situación es aun mas dramática. Aquí se presenta un incremento importante de área, un rinde muy alto y una producción récord, para mantener las pobrísimas reservas del año anterior que equivalen a solo dos semanas de consumo. También en soja el USDA proyecta precios, prácticamente 100 dol/ton. superiores al ciclo anterior.

Obviamente a este esquema, se debe adicionar un nuevo hito productivo de soja en Brasil de 144 mill/ton (en 2020/21 se alcanzaron 136 mill/ton) y un retorno de Argentina a volúmenes del orden de 52/53 mill/ton.

En síntesis, deben darse condiciones muy buenas en todos los países proveedores de ambos granos, con una demanda, que seguramente excederá la del ciclo actual, para que nada cambie.

No obstante, en las últimas semanas, se observaron fuertes variaciones en las cotizaciones del Mercado de Chicago, tanto en las posiciones cercanas, como las coincidentes con la salida de la cosecha en USA con alzas y bajas que en promedio oscilaron entre 15/20 dol/ton diarios. Estas variaciones se explican por aspectos relacionados al clima en el hemisferio norte y a un alto nivel de especulación de los fondos que operan en el mercado, que generaron una altísima volatilidad.

Ello nos permite inferir, que la tendencia actual de los precios no debería modificarse, por el contrario de mantenerse las condiciones actuales, tendría que nuevamente ir mejorando en el tiempo, aunque con alta variabilidad.

Ahora bien, la incertidumbre no solo se concentra en las variables externas; internamente se conocieron ciertas decisiones de política agrícola, relacionadas en particular a la industrialización y logística de movilización de graneles que no son muy alentadoras; y que se suman a las relacionadas a la política tributaria y cambiaria aplicada al sector.

En lo que respecta al transporte interno, la decisión de cancelar las concesiones de las empresas ferroviarias Ferroexpreso Pampeano (FEPSA) controlada por Sociedad Comercial del Plata, Nuevo Central Argentino (NCA) por Aceitera General Deheza y Ferrosur Roca unidad de Loma Negra, Cofesur, (80%), el Estado Nacional (16%) y el personal de la compañía (4%), no parece ser muy feliz.

De esta forma se rechazaron los pedidos de prórroga por 10 años de las concesiones que vencerán en forma progresiva el 31 de octubre de 2021 (extendida hasta el 30 de junio del 2022 para lograr una transición más ordenada), el 21 de diciembre de 2022 y el 10 de marzo de 2023, respectivamente.

Así, pasarán a manos del estado la operación del corredor Rosario – Bahía Blanca (integrado por los tramos Rosario-Puerto Belgrano y Huinca Renancó-Ingeniero White), de las líneas Mitre (con exclusión de los trechos entre Retiro y Tigre, Bartolomé Mitre, Zárate, Victoria y Capilla del Señor) y Roca (excepto entre Altamirano y Miramar y el servicio urbano).

Lo llamativo de la medida, es que se alega que en los últimos 30 años (estas concesiones se otorgaron en la Administración Menem) no se realizó la infraestructura adecuada para un mejor funcionamiento de los ramales, por lo cual quedarán en manos de la compañía estatal Belgrano Cargas y Logísticas (BCYL), quien deberá encargarse de la prestación de los servicios y de brindarle continuidad laboral a los trabajadores de cada uno de ellos.

La realidad muestra que, en el 2020, si bien disminuyeron los envíos por efecto de la pandemia las tres líneas involucradas transportaron 14.4 mill/ton vs. 16.1 mill/ton del 2019, según la información de la CNRT. ¿Logrará mantenerse estos volúmenes, bajo la administración del Estado?

Otro punto en cuestión es la Hidrovia. Sabemos de la importancia de esta ría que desde el Paraguay-Paraná, con 3.442 km., constituye una de las vías navegables naturales de mayor longitud del planeta, estando conformada por los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay.

En el margen occidental del Paraná en el corredor Rosario-San Martin-San Lorenzo está instalado el mayor complejo aceitero del mundo, y se canaliza a través de ella el 80% de la exportación de los granos y sus derivados anualmente, en un marco de dinamismo y eficiencia que permite la llegada, carga y despacho de miles de barcos a un sinnúmero de países.

El nivel de profundidad medio de la hidrovia oscila en torno a los 10 metros (34 pies) hasta Rosario, reduciéndose en forma progresiva hacia Santa Fe (25 pies) y hacia la confluencia con el Paraguay (12 pies) donde es muy limitada la navegación de embarcaciones de mayor porte.

Ello implica, que es necesario, aun mas en estos momentos de fuerte bajante del Paraná, un dragado permanente que permita mantener su navegabilidad.

Esta situación comenzó a sentirse en las terminales portuarias de la ría, obligando a muchos de los buques a limitar su carga, para evitar varaduras, debiendo completar sus cargas o bien en los puertos del sur (Quequén o Bahía Blanca) o en los puertos del sur de Brasil. Los barcos que acceden al complejo citado tienen capacidades variables entre 30/60.000 toneladas, y debieron resignar en muchos casos entre el 10 y 20% del total, cargando solo a 29 pies, y generando así un falso flete que se suma ante la imposibilidad de la carga total.

Las operaciones anuales de esta Hidrovia, considerando los dragados y balizamiento del canal de navegación troncal y todos los servicios conexos para el ingreso y egreso de los buques, remolcadores, practicaje etc. implican una facturación cercana a los 300 millones de dólares.

Ahora bien, estos servicios concesionados, que funcionaron sin mayores inconvenientes, con excepción a los problemas que surgieron de conflictos gremiales ajenos a su administración, al igual que en los ferrocarriles, el Estado lo cancela para tomarlos bajo su tutela, por un año hasta la decisión final de su concesión nuevamente por varias décadas o no. ¿Logrará mantener la eficiencia actual bajo la administración del Estado?

Los Biocombustibles. Finalmente, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de biocombustibles que establece un nuevo marco regulatorio y propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre las naftas y bioetanol. Tiene por objetivo reemplazar a la ley que estableció el Régimen de Promoción de Biocombustibles, que luego de 15 años de implementación, fue prorrogada hasta el 12 de julio.

El nuevo marco, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, reduce del 10% al 5% el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel, a diferencia del combustible elaborado a base de caña de azúcar (bioetanol), en que los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla obligatoria en las naftas. Además, habilita a la Secretaría de Energía a "elevar el referido porcentaje obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas".

De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% "cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras".

La Secretaría de Energía además va definir los volúmenes de ventas, la política de precios y sanciones, prohibiendo la instalación de nuevas empresas.

Con respecto a la sustitución de importaciones, el proyecto establece que la autoridad de aplicación puede adoptar los medios para lograr ese objetivo "con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo".

En ese aspecto, la iniciativa fija que las empresas de biocombustibles que decidan abastecer dichas mezclas deberán garantizar la provisión de los productos en cuestión. En caso contrario, podrían ser sancionadas por la autoridad de aplicación.

Esta nueva reglamentación pone en jaque a cerca de 25 de plantas elaboradoras de biocombustible a partir del aceite de soja que totalizan una capacidad instalada anual del orden de 4.35 millones de toneladas con una capacidad de almacenaje de 229 mil toneladas. Varias de ellas de gran porte como la de Louis Dreyfus en General Lagos (Santa Fe) con mas de 600 mil/ton año o la Renova, Patagonia Bioenergia, T6 y Unitec Bio que superan las 500 mil/ton.

Respecto a las de bioetanol a partir del maíz (Córdoba y San Luis), la capacidad alcanza las 700 mil toneladas, en tanto que las de azúcar (Salta y Tucumán) las 600 mil toneladas.

A la lista de amenazas que el productor debe enfrentar, al margen del vaivén de los mercados externos y de los puntos sobre la logística y transformación de los granos que terminan materializándose en el precio final de su producto, no podrían descartarse, los permanentes incrementos en los insumos (fertilizantes, fitosanitarios, combustibles, etc.), los temores a incrementos en los derechos de exportación, intervención en los mercados con restricciones de embarques, cupos etc., además de una política cambiaria, que amplia cada vez mas la brecha entre el dólar oficial y el libre.

En resumen

● El actual esquema de Oferta y Demanda equilibrada, con bajos niveles de stocks, permite inferir precios sostenidos y volátiles para el ciclo 2021/22.

● En este marco es muy probable que el productor se vea incentivado a incrementar el área de siembra y producción, a pesar de la incertidumbre en que se desenvuelve.

● Se observa un incremento en los costos muy importantes, en especial en los insumos básicos (fertilizantes, fitosanitarios, combustibles, etc.) además de los aumentos en los fletes y arrendamientos, que limita notablemente la mejora que pueda darse vía precio del producto.

● El llamado “costo argentino” es factible que continúe en alza, si se consideran los efectos de la estatización de varios ramales de ferrocarril, el manejo temporario hasta una nueva concesión de la hidrovia Paraguay-Paraná, la nueva ley de biocombustibles, etc.

● Finalmente, se mantienen los temores de cambios en la política agrícola tendientes a incrementar los derechos de exportación, restricciones en la aprobación de ventas al exterior, establecimientos de cupos, etc. que puedan impactar negativamente en los precios locales; además de la incertidumbre cambiara post-elecciones que aumente la brecha entre el dólar oficial y el libre, en un marco de incremento desmedido de la inflación.

Por Lic. Gustavo López - Consultor de la Fundación Producir Conservando
Fuente: Fundación Producir Conservando