En agosto pasado finalizó la mensura judicial de las tierras entregadas por el Estado paraguayo a la comunidad Loma, de los guarani ñandéva.

El juicio fue promovido por el Indert. La acción fue comunicada en tiempo y forma a los vecinos lindantes para que eventualmente puedan presentar reclamos sobre la delimitación del inmueble.

En 1984, el entonces Instituto de Bienestar Rural entregó 10.079 hectáreas a los ñandéva, según consta en la resolución 640/84 que crea la colonia nacional indígena Loma.

La mensura judicial tuvo un resultado favorable para la comunidad: los límites establecidos en la resolución 640/84 coinciden con los linderos en el terreno.

Miño Ordóñez, quién oficia de vocero de la comunidad, mencionó que “en 1980 comenzaron las gestiones para asegurar nuestra tierra. Nosotros recorrimos todo el lindero con los técnicos del entonces IBR. Se aseguraron 10.079 hectáreas para la comunidad sobre la base de tierra fiscal”.

Miño Ordóñez fue líder de la comunidad y conoce en detalle las gestiones que se realizaron para asegurar la tierra. “Desde el año 2013 venimos pidiendo al Indi el desalojo de los tres ganaderos invasores, pero este es el momento en que ni siquiera escuchan el reclamo de recuperar nuestra tierra”.

Desalojo sin compensación

Loma se encuentra en las inmediaciones del fortín Infante Rivarola, en la frontera con Bolivia, a unos 800 kilómetros de Asunción.

Están afincados en la región más seca del país: en el área que rodea a Infante Rivarola el promedio anual de lluvias es de apenas 400 milímetros.

Sin embargo, tienen agua en abundancia: Loma está ubicada sobre el acuífero Yrenda. Tienen un pozo que extrae agua de 220 metros de profundidad.

Al recorrer la comunidad vimos que todas las casas disponen de duchas y sistema de regadío para las huertas familiares. La presión con que sale el agua es envidiable.

El Estado entregó 10.079 hectáreas a los ñandéva, quienes, sin embargo, viven arrinconados en 200 hectáreas. Los ganaderos Miguel Ángel Muñoz Armas, Kurt Friesen y Oscar Hein Ratzlaff invadieron la totalidad de la tierra indígena.

La mensura judicial es el paso previo para la titulación de la tierra en favor de la comunidad ñandéva.

Luego quedará el desalojo de los invasores quienes no tienen derecho a reclamar el pago de mejores: usurparon tierra indígena y ahora tienen que devolver el inmueble.

Ya el 6 de octubre de 2011 los ganaderos fueron intimados por el Indert a devolver la tierra indígena.

Si gastaron plata en tierra ajena, es problema de ellos. No tienen derecho a compensación alguna.