La normativa originada en la Cámara de Diputados autoriza que las 17 gobernaciones y 259 municipios puedan destinar en alimentos o kits de víveres hasta el 50% de lo que perciben del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. Actualmente, el porcentaje es del 30%.

La modificación propuesta mantiene el 50% para el financiamiento de proyectos de infraestructura en educación: es decir construcción, remodelación, mantenimiento y equipamiento de centros educativos.

Un cambio al proyecto, a pedido del ministerio de Hacienda, se refiere a la obligación de que los gobiernos locales beneficiados den amplia publicidad en los medios radiales locales y participación a la sociedad civil organizada.

También incluyeron un artículo que autoriza al Ministerio de Hacienda a realizar las adecuaciones necesarias en el presupuesto general de gastos.

La ley dispone que la distribución de los alimentos a alumnos y alumnas no dependerá de ninguna circunstancia, en evidente alusión a declaraciones que hizo en su momento el ministro de Educación, Eduardo Petta, de que no se entregaban kits de alimentos a las familias de los niños que no completaban sus tareas o no participaban de las clases virtuales. También establece que las modalidades del servicio de alimentación escolar podrán ser mediante alimentos preparados en escuelas, alimentos ofrecidos por servicio de plato servido y/o la entrega de víveres a los alumnos, ya sea en la escuela o en el domicilio de los alumnos.

La adquisición de los kits y víveres de origen nacional se hará mediante un procedimiento de compra directa por vía de la excepción prevista en la Ley 2051/2003 de contrataciones públicas.