La posición oficial frente a Vicentín alarma. Y mucho. Perdón, para la gente que piensa diferente.

No es tan sólo por la posibilidad del Estado de administrar una empresa privada, en una actividad donde operan múltiples actores y no hay monopolio alguno. No. Es también sobre los medios utilizados que pasan por encima de las instituciones. Parece que Estado avanza aún más sobre la propiedad privada y vuelve a sentar un precedente peligroso. Algo que puede repetirse.

La democracia es un sistema de vida, donde no entran los abusos de la autoridad, basado en el pleno respeto por las minorías y las instituciones. Y la república exige el concurso tanto del Ejecutivo como del Congreso y del Poder Judicial. Los tres poderes de forma totalmente independiente.

Los derechos de propiedad conforman la piedra angular del desarrollo económico.

Las instituciones formales los protegen. Pero la realidad, es que frente a determinadas circunstancias y bajo la discrecionalidad de la autoridad pública, el Estado se ampara en algo así como una institucionalidad informal que le “autorizaría” a hacer caso omiso de su existencia.

La Constitución es la institución formal fundamental. Sin embargo, el Poder Ejecutivo tiende a ingresar en otras áreas y dejar a un costado al Congreso y a la Justicia. Por más que la semántica oficial intente intenta mostrar algo diferente.

La previsibilidad es el requisito básico para la inversión y esta depende del respeto al derecho de propiedad.

Una sola palabra que ataque el derecho de propiedad puede causar un mal de magnitud incalculable, en un país donde los derechos han sido violados en reiteradas ocasiones .

Es inaudito que, cuando se lleva a cabo la negociación por la deuda soberana, aparezcan decisiones como ésta. La palabra oficial ahora acumula una serie de contradicciones.

Vicentín es una antigua empresa abocada a la compra de granos. Los procesa y los exporta. Cuando se dice soberanía agroalimentaria, se desconoce que el mercado interno no usa prácticamente la soja. Ni para consumir ni para la producción de proteína cárnica. Entonces… ¿de qué soberanía se habla?

Ni siquiera hay soberanía económica. Pues no hay dinero.

Así el cuadro, uno puede preguntarse si la última intención no es acaso usar a esta empresa como trampolín para una mayor intervención estatal en el mercado de granos. ¿O me equivoco?

Vale preguntarse: ¿el Estado se hará cargo de una deuda de USD 1.300 millones? Y a esta suma hay que agregar las cotas de los abogados intervinientes. Suena tremendamente dispararatado.

La reestructuración de la deuda soberana, además, con esta disposición, se complejiza aún más. ¿Con qué cara se puede negociar diciendo que no hay dinero para pagar?

En suma, el argumento para la expropiación resulta, al menos, ridículo. ¿Qué significa “soberanía alimentaria” en un país como el nuestro?

Los 44 millones de argentinos pueden alimentarse con toda seguridad, así como otros 400 millones de habitantes del mundo.

La demanda mundial conoce la extraordinaria capacidad de la producción y la comercialización de los bienes agropecuarios y de los alimentos, tanto en el plano sustentable como en su reducido golpe ambiental y en su alta productividad.