El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Samuel Ordoñez, urgió a la Fiscalía y a la Asamblea Legislativa Plurinacional reactivar el proceso judicial contra el exministro Hugo Salvatierra por el denominado caso “tractores”. Asimismo, anunció una fiscalización al proceso que involucha a dos hermanos del exministro César Cocarico.

En el primer litigio está involucrado el padre de la actual senadora Adriana Salvatierra, Hugo Salvatierra, por la supuesta entrega irregular de tractores a menonitas cuando su destino eran campesinos afectados por los desastres naturales en 2006. Se calcula un daño económico al Estado de Bs 581.000.

“Hay muchos temas pendientes dentro del Ministerio, está el caso Salvatierra, el Fondo Indígena y el Clan Cocarico. Denuncias públicas en las que la población demanda una respuesta y es por eso que nosotros estamos realizando toda la investigación a las auditorías que corresponden y vamos a dar respuesta la sociedad de cuál ha sido el grado de responsabilidad y cerrar todos estos procesos por la vía judicial”, afirmó Ordoñez en una entrevista con la red PAT.

De acuerdo con los datos consignados en el legajo del caso Salvatierra, 99 tractores FIAT fueron vendidos a la comunidad menonita. Las irregularidades se detectaron en una auditoría que halló la responsabilidad de Hugo Salvatierra, por tanto, fue procesado por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos del Estado y conducta antieconómica.

La Fiscalía confirmó los indicios de responsabilidad y envió el proceso contra Salvatierra al Legislativo, donde el trámite está parado hace una década, precisamente el lapso en el cual el Movimiento Al Socialismo (MAS) ejerce dominio con sus dos tercios.

En tanto, el caso Cocarico tiene que ver con los procesos que apuntan a los hermanos del exministro de esa cartera del Estado César Cocarico.

Rogelio Cocarico fue denunciado en 2017 por pedir $us 600.000 para la titulación de tierras en Santa Cruz, mientras que su hermano Luis fue sindicado en Tarija por estafar con la supuesta compra de un tractor y luego por la venta de licencias de comercialización de hoja de coca.

El Fondo Indígena está referido al millonario desfalco que ejecutaron dirigentes indígenas y campesinos del MAS en proyectos productivos.

El director de esa entidad, Rafael Quispe, pidió este lunes a la Fiscalía que la exministra Nemesia Achacollo sea incluida dentro de las dos centenas de procesos penales abiertos en el país, por el millonario ilícito en el Fondo Indígena.