Mientras avanza la frontera agrícola de la mano de la alta tecnología en cultivos, y se espera obtener una cosecha superior a los 70 millones de toneladas, el campo carga con problemas estructurales que limitan su competitividad.

Un informe reciente del Banco Mundial evalúa la precariedad de los caminos rurales, las dificultades en el manejo y gestión de las aguas y la falta de cobertura en servicios como energía eléctrica y agua potable.

Se trata de una investigación que llevó tres años y será presentada próximamente a los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Economía, Roberto Lavagna, para su consideración entre las prioridades de obras públicas. También el secretario de Agricultura, Miguel Campos, tendría acceso al estudio que, de hecho, se refiere a la planificación del desarrollo agropecuario.

El deterioro de los caminos es una de las limitaciones más importantes, según admitieron los mismos pobladores rurales. Se estima que para rehabilitar y mantener la red, que cubre casi 549.000 kilómetros, habrá que invertir unos 440 millones de dólares por año. La cifra no contempla la extensión de caminos en zonas deficitarias, como el Nordeste y Noroeste. Según los técnicos, existe una marcada correspondencia entre altos índices de pobreza y baja densidad de caminos, al tiempo que a mayor producto bruto geográfico agropecuario corresponde una más alta densidad de caminos.

Otra de las prioridades que advierte el informe es la modernización de la infraestructura de riego pues, tal como se administra el recurso en la actualidad, genera un serio impacto ambiental. Según el informe, la falta de inversión en el reacondicionamiento de la red ha provocado la elevación de los niveles freáticos y la salinización de los suelos en unas 450.000 hectáreas en Chubut, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán.

El 74% del área bajo riego (1,6 millón de hectáreas) pertenece o es administrado por el sector público. "Será necesario consolidar las obras de derivación, disminuir las importantes pérdidas de los sistemas de conducción y fundamentalmente trabajar tranqueras adentro para modernizar los sistemas de distribución de las aguas", aconseja el estudio. En 1998, según el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, el 43% de la población rural no tenía acceso al agua potable. El NEA y el NOA son las regiones con mayor déficit del servicio.

Entre los deberes no cumplidos por los Estados provinciales se señala la reglamentación y el control del uso del agua subterránea. La Argentina extrae del subsuelo unos 10.000 millones de metros cúbicos de agua. Con ello se cubre el 66% de la demanda hídrica del sector ganadero, el 25% de los requerimientos del área agrícola bajo riego, el 40% del consumo industrial de agua y el 22% del abastecimiento hídrico municipal.

La contaminación de los acuíferos, como consecuencia de la falta de tratamiento de los líquidos cloacales volcados directamente al subsuelo, es uno de los principales problemas ambientales de la Argentina, en el área urbana y semiurbana y en los oasis cuyanos, en particular. En el Noroeste, apenas el 23% de la población rural aglomerada cuenta con desagües cloacales, mientras que en Cuyo sólo posee el servicio el 14% de los habitantes del campo.

En otro orden, sólo el 45% de las viviendas rurales está conectado a la red de electricidad. El principal obstáculo para el desarrollo de redes de electrificación rural lo constituye la falta de fuentes de financiamiento apropiadas (por un lado, las cooperativas no tienen facilidad de acceso al crédito de la banca privada y, por el otro, no existe financiamiento de proveedores de materiales y equipos).

Las causas del éxodo

El informe analiza el fenómeno del despoblamiento rural a partir de un dato: en 1991 la población rural era de 4,18 millones de personas; en 2001 se registró un descenso del 37,8 por ciento, con sólo 2,6 millones de personas. La dispersión de la población que vive en el campo dificulta la prestación de servicios de infraestructura (el 68% vive a campo abierto).

La falta de una vivienda digna y de centros asistenciales, la dificultad para obtener agua potable, la irregularidad en la tenencia de la tierra y el déficit de capacitación tecnológica son algunas de las causas de la pobreza rural. En este sentido, quienes participaron de la investigación proponen "el diseño de un proyecto de desarrollo agropecuario que contemple al pequeño productor como un actor viable para el aparato productivo".

Debido a los "desajustes fiscales y el nivel de endeudamiento" de la Argentina, los técnicos aconsejan "financiar la infraestructura rural productiva por vía del impuesto sobre la propiedad de la tierra y la contribución por mejoras", tal como se ha efectuado en otros países.

Por Analía H. Testa
De la Redacción de LA NACION