El gobernador bonaerense, Felipe Solá, volvió a descartar ayer la posibilidad de privatizar el Banco Provincia, aunque admitió que ese Estado (dueño del paquete accionario de la entidad) aceptó someter a la entidad a una auditoría en el contexto de lo dispuesto en la letra chica del acuerdo con el FMI.

Solá rechazó la posibilidad de enajenar el capital del Bapro aunque se mostró partidario de una reforma que le permita ganar en eficiencia, "especialmente, a la hora de cobrar los préstamos dados, porque hay una muy mala cultura al respecto".

Adelantó que si la conclusión a la que arribe la consultora privada que le obliga a contratar el acuerdo con el FMI fuera que para mejorar el banco "hay que venderlo", se opondría. "Al fin al cabo su dictamen no será vinculante. Vamos a analizarlo y tomar las cosas que nos parecen adecuadas, nada más", señaló.

En este sentido, adelantó a LA NACION (tal vez deseoso de dar un ejemplo al respecto) que la provincia tiene decidido conceder a terceros la gestión de cobro de los malos créditos del Bapro, de los que se hizo cargo hace poco más de un año al poner en marcha un fideicomiso. "La idea es dar parte de esa cartera, especialmente los préstamos que en origen eran menores a US$ 50.000, a organizaciones que nos demuestren mayor capacidad de recupero, porque la provincia está en emergencia y necesita hacerse de esos fondos", señaló.

El gobernador encabezó un ágape de agasajo al periodismo realizado ayer en la sede porteña del grupo Bapro, en la City, donde departió animadamente con el titular del banco, Ricardo Gutiérrez, y otros directores. Allí aprovechó la oportunidad para anunciar que vetará distintos artículos de la ley que regula el funcionamiento de las máquinas tragamonedas en los bingos bonaerenses y que fue aprobada la semana pasada por la Legislatura provincial.

Javier Blanco