Por circunstancias de la vida Dayne Saat de Ulloa, ganadera por vocación,
producto del desmonte ilegal de más de 1.200 hectáreas en sus propiedades de
Pailón y de San Ignacio de Velasco, tenía al Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA) y a la Autoridad de Bosque y Tierras (ABT) pisándole los talones
debido a que su situación de desmonte irregular le estaba generando problemas
legales y económicos.
Una demanda penal por $us 184.000 y el riesgo de sufrir el recorte o la
reversión de sus propiedades no la dejaban en paz, a lo que se sumaban los
tomatierras, que bajo el argumento de que había hectáreas al margen de la ley
ingresaban a los centros ganaderos provocando más incertidumbre.
Sin embargo, la puesta en vigencia de la Ley 337 de Apoyo a la Producción de
Alimentos y Restitución de Bosques significó para Dayne y otras 14.787 familias
productoras de Bolivia el oxígeno que les hacía falta para regularizar su
situación.
Así del 1,5 millones de hectáreas que se desmontaron en el país de manera
ilegal, que equivalen a un poco menos de la mitad de la superficie (3,5 millones
de hectáreas) cultivada en el país, hasta febrero de 2017 regularizaron su
situación el 85,6% (1.284.620 millones de hectáreas).
Álex Escalante, director nacional del programa, sostuvo que el mismo concluye
el 28 de marzo de esta gestión y que solo restan legalizar unas 300.000
hectáreas que en su mayoría corresponden a los pequeños productores y a las
comunidades.
Sobre las sanciones que se aplicarán a aquellos productores que no
regularizaron su situación, Escalante explicó que nuevamente se pondrá en
vigencia la ley 1.700 que contempla que las grandes y medianas empresas
infractoras pueden sufrir recortes de su superficie o, en casos extremos, la
reversión de la misma, mientras que para los pequeños y las comunidades
productoras las sanciones económicas no tendrán ninguna rebaja.
Santa Cruz, con 1.025.167 de hectáreas legalizadas, ocupa el primer lugar seguido por Beni, con 132.881 y Pando, con 77.189.
En cuanto a la recaudación por concepto de multa entre septiembre de 2013 y febrero de 2017 el Estado percibió Bs 215 millones.
Reforestación y alimentos
Otro de los aspectos de este programa es la restitución de bosques y la
producción de alimentos, aspectos que son monitoreados una vez que el productor
pagó las multas por desmontar ilegalmente.
Así, de acuerdo con los datos de la UCAB, programa de Producción de Alimentos
y Restitución de Bosques, de los 1.284.620 millones de hectáreas, 542.028 ya
están cumpliendo con el compromiso de aumentar la oferta alimentaria, pues el
45% (244.577 hectáreas), está destinado para la producción agrícola, el 53%
(286.126) responde a la actividad pecuaria y un 2% (11.325) es para la
restitución de bosques.
Rissela Castro, responsable del monitoreo de restitución de bosques, sostuvo
que los productores están cumpliendo con la expectativa del programa que
requiere que en todo centro destinado a la producción de alimentos se deje una
determinada superficie para plantación de plantines que luego permita la
recuperación de los árboles talados.
Dayne recordó cuánto le costó entender el tema de la reforestación y error tras error logró dejar en condiciones a sus cinco predios, algo que le trajo paz y seguridad jurídica


