La intervención de un banco central en el mercado de cambios o en el de futuros cambiarios no debiera llamar la atención.

Es una más de las tantas herramientas a las que, en su administración, se puede apelar si lo que se busca es asegurar una política cambiaria y monetaria sustentable.

El problema, como en tantas otras cuestiones, se genera cuando se abusa del uso de un instrumento y sólo para sostener una ficción, una lección que debimos haber aprendido con el trágico final de la convertibilidad aunque la clase política argentina insista en ignorarla.

La causa que instruye el juez Bonadio se inició en noviembre por una denuncia de los diputados Mario Negri (UCR) y Federico Pinedo (Pro), titulares por entonces de los respectivos bloques parlamentarios que habían dado forma a la alianza Cambiemos.

En su presentación acusaron a la última administración del BCRA de cometer el delito de "defraudación por infidelidad" contra la administración pública, por la sostenida y temeraria oferta que ésta hizo de contratos de dólar futuro en la plaza local a precios que -ya podía advertirse- resultarían predatorios para el patrimonio de esa entidad.

Dichos valores se ubicaban un 50% por debajo, en promedio, de los que se pactaban con el mismo instrumento en el exterior. Y, lo que es más importante aún, sólo eran ofrecidos por el ente oficial (cada vez en mayor cantidad) toda vez que nunca se plegó a ellos ningún oferente privado.

El abuso, advertido por analistas y notas periodísticas en ese entonces, "consistió en vender sostenidamente muy barato lo que todo el resto del mercado sabía que se iba a volver bastante o mucho más caro", explica el economista Ramiro Castiñeira, al describe la temeraria operatoria

Se refiere a la operaciones por las que el BCRA proveyó entonces al "mercado" (empresas, individuos, etc) de infinidad de contratos sosteniendo que el dólar terminaría, por ejemplo, enero valiendo $10,28 (lo cerró a $ 13,904) aún cuando ese mismo vencimiento ya se negociaba en Wall Street por encima de los $ 16.

Eso obligó al BCRA a fin de mes a cubrir la diferencia que, en esa caso, se elevó a $3,624 promedio por dólar. Y a seguir emitiendo pesos (el 87% de los que entraron en circulación este año tuvieron como destino pagar esos contratos) aún cuando busca restringir la base monetaria para restarle combustible a la inflación.

Una mecánica perversa

Las ventas apuntaban a derrumbar los valores negociados en la plaza local (en las del exterior no opera) para mostrar cotizaciones de cierre aplanadas y en línea un tipo de cambio que, según el relato oficial, no estaba atrasado en un intento por revertir así a las expectativas devaluatorias.

Se realizaron. incluso, a precios muy por debajo de los que los demandantes locales de este tipo de coberturas estaban dispuestos a validar; por lo que fueron creciendo en tamaño y diferencia con operaciones del exterior a medida se acercaban las elecciones presidenciales.

Así por largos meses el BCRA también quedó en esa plaza como un único oferente y la fila de compradores de hizo cada vez más y más larga aunque, para desalentarla, aumentó los requisitos y garantías para operar con futuros.

Pero al insistir con una oferta a precios ridículos y muy desarbitrados respecto de otras plazas, la fila de compradores nunca disminuyó sino que fue en franco aumento.

La pérdida causada al BCRA ya supera los 50.000 millones de pesos pese a los desagios de $1,25 a 1,75 aplicados a los contratos pactados en el Rofex para disminuirla.

Pero el perjuicio total aún resulta difícil de calcular porque el grueso de las apuestas (a un dólar promedio de $ 10,50) se habían concentrado en los contratos a vencer a fin de marzo, ya que el mercado preveía que sería el oficialismo quien triunfaría en la elecciones y, por lo mismo, descontaba que no iba a desarmar el cepo ni hacer grandes ajustes en el tipo de cambio hasta entonces.

Lo único confirmado a esta altura es que se trató de un negocio ruinoso para los contribuyentes y muy lucrativo para los que usaron esa vía para apostar contra el peso. Resta saber si, entre estos últimos, se encuentran funcionarios o testaferros que pudieran haber alentado esta depredación al erario público para beneficio propio.

De Vido, el próximo en la mira de Bonadio

Entre las causas más calientes que tramitan en el juzgado de Claudio Bonadio hay una por la importación de gas licuado que pone la mira en la actuación del ex ministro de Planificación Julio De Vido. Investigado en otras causas, incluso por enriquecimiento, el ex ministro nunca fue citado a declarar en los tribunales. Al menos, hasta ahora.

En esa investigación Bonadio quiere saber si se pagaron coimas y sobrecostos durante la compra de cargamentos de gas licuado que llegaban en inmensos barcos al puerto de Campana, donde el fluido era procesado. El monto de lo gastado por el combustible entre 2010 y 2014 es de 11.400 millones de dólares.

El juez ya allanó el Ministerio de Planificación por esta denuncia que hicieron, en 2014, los entonces diputados Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo (Pro).