Los números dan a entender que es mejor poner la plata en el banco. Ésa es la principal conclusión un informe sobre la rentabilidad agrícola esperada para el ciclo 2015/16 que elaboró un equipo coordinado por el secretario de Agricultura de Córdoba, Juan Cruz Molina Hafford, y el economista del Ieral-Fundación Mediterránea, Juan Manuel Garzón.

Al analizar la rentabilidad esperada en dos campos alquilados en Córdoba -uno ubicado en el sudeste de la provincia, en la zona núcleo, y otro en el Norte- se concluye que es mejor invertir en un plazo fijo bancario o en un título del Banco Central que en producir soja, maíz y trigo.

En el caso del campo ubicado en la zona núcleo de Córdoba, a 170 kilómetros del puerto la rentabilidad esperada sobre el capital invertido es de 21,5% (en pesos corrientes, antes de impuesto a las Ganancias), mientras que para un establecimiento que está en Jesús María, a 450 kilómetros de los puertos de Rosario, es de 7,9 por ciento. Así, según el informe las rentabilidades estimadas "se encuentran cercanas o por debajo de las tasas que podrían obtenerse, por caso, asignando los fondos a un plazo fijo bancario". Afirma que un plazo fijo por entre 30 y 44 días tiene una tasa de 23 % en tanto que un título del Banco Central, (Lebac 12 meses) 29% anual. En ambos casos, se trata de "inversiones de mucho menos riesgo que el asociado a la actividad de producir granos". La relación también es negativa si se la compara con la tasa de inflación de entre 24 y 25% en el próximo año, afirman.

La desventaja frente al circuito financiero no siempre ocurrió. Desde 2001 a 2007 convenía apostar a la producción. Recién a partir de aquel año comenzó a deteriorarse esa ventaja, y fue más pronunciada para las zonas alejadas de los puertos (NOA).

Garzón y Molina Hafford concluyen que frente a ese escenario, el productor arrendatario que deba enfrentar un costo de financiamiento "similar o mayor que la rentabilidad esperada de su actividad" tiene ante sí la opción reducir la escala o "tomar deuda", y "reducir el retorno esperado sobre su capital propio". Frente a un escenario en el que probablemente no haya profundos cambios en los derechos de exportación o la liberación de los mercados de cereales la presión se trasladará a los propietarios de la tierra "quienes deberán realizar un fuerte ajuste en los alquileres o un cambio radical en la forma de determinarlos", dicen los especialistas.

Hay otros análisis previos respecto de la campaña 2015/16 que dicen que hasta en campo propio la ecuación no cierra. En estos meses el Gobierno ha perdido un tiempo precioso en no modificar los ejes centrales de su política agrícola, como la reducción de los derechos de exportación o la desregulación de los mercados de cereales. Si se esperaba que el campo comenzara a votar con la siembra de trigo del ciclo 2015/16, se está viendo que el escrutinio provisional de la producción es negativo. Hasta el Ministerio de Agricultura, que hace los cálculos más optimistas, admite que hay una caída del área sembrada con el cereal.

A menos que ocurra un fracaso en la campaña de granos gruesos en el medio oeste de los Estados Unidos o una sorpresa política en los próximos meses, está claro que el panorama para la agricultura está lejos de ser positivo. De allí que comenzaran nuevamente las acciones de protesta con asambleas y concentraciones en las rutas. Sin embargo, hay quienes creen que ya es tarde, que ese camino debió tomarse antes y que ahora hay que preocuparse por influir en las elecciones. A juzgar por el escaso número de dirigentes rurales que aparecen en las listas de candidatos a legisladores, la presencia del agro en el Congreso será cada vez menor. Según un informe del sitio de Internet lapolíticaonline.com, el cuarto puesto en la lista para Diputados por el Frente Renovador en Córdoba que obtuvo el ex presidente de Coninagro Carlos Garreto parece la mejor ubicación del ruralismo. Quizá se pueda incluir en esa magra cosecha a la legisladora de Pro por la ciudad de Buenos Aires Cornelia Schmidt Liermann, que va también en el cuarto lugar. La fallida experiencia de los agrodiputados merece una autocrítica.