Jaqueada por una crisis profunda, con precios deprimidos, caída de exportaciones y con excedentes del año pasado, este año la vitivinicultura agregará un ingrediente inédito: no tendrá una fecha estipulada para liberar el vino que se acaba de elaborar. El presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Guillermo García, dijo que ante la falta de consenso en los sectores vitivinícolas, este año no se establecerá una fecha para poder sacar a la venta al mercado los vinos de la nueva elaboración. Por lo tanto, los vinos nuevos serán autorizados a comercializarse una vez que los inspectores constaten sus aptitudes técnicas y enológicas, dando prioridad a aquellas bodegas que no tienen stock, según anticipó Diario de Cuyo.

“En los últimos años siempre estuvimos acostumbrados al consenso y se establecía una fecha. En esta oportunidad, no se ha podido lograr el consenso y entonces lo que haremos será aplicar la ley. Los vinos serán liberados como indica la ley, cuando estén enológicamente aptos, cuando se hagan los controles de cierre de los libros, y teniendo en consideración a aquellas bodegas que no tienen vino viejo y necesitan atender sus mercados”, aseveró García ayer que fue justo 1 de junio, la fecha que se eligió en los últimos 9 años para autorizar la comercialización de los nuevos vinos.

Cada año, al término de la cosecha, los gobiernos junto a los sectores interesados -viñateros y bodegueros- pactaban una fecha que se adelantó o atrasó, según si había vino en exceso o por el contrario éste se había agotado; siempre buscando una herramienta para equilibrar los precios en el mercado. Casi siempre fue el 1 de junio, pero algunas veces se fijó en mayo o en agosto. Pero nunca ocurrió que no llegara a establecerse ningún día, según recordaron ayer referentes del sector.

Esta vez, la causa fue la falta de unidad de criterios. En los últimos meses se desató una discusión entre San Juan y Mendoza por la liberación de los vinos nuevos: el Gobernador de San Juan se puso al frente del reclamo viñatero e impulsó estirar los controles hasta agosto, con el objetivo de que las grandes fraccionadoras tengan que recurrir a los excedentes que hay y que están tirando abajo los precios. El Gobierno mendocino de “Paco” Pérez en un principio estuvo dispuesto a correr la fecha de liberación, pero luego dio marcha atrás y apostó a que sea en junio, como quieren las grandes fraccionadoras del mercado, lo que desató la disputa entre ambas provincias. Hasta la semana pasada en el Gobierno local insistieron en que habría dos fechas de liberación, una del 1 de junio para las bodegas chicas que no les queda una gota del año pasado y otra, el 1 de agosto; para las grandes. Al final, la decisión tomada por el INV no responde a ninguna, pero en la práctica se acerca más a la propuesta sanjuanina, porque García dijo que sus técnicos se apuraran en firmar la resolución a las bodegas chicas, que no acumulan excedentes. “’Vamos a hacer todos los controles priorizando a aquellas que no tienen vinos viejos, vamos a tener mucho cuidado en respetar a quienes no tienen vino viejo”, reiteró.

Angel Leotta, titular de la Cámara Vitivinícola dijo que la falta de fecha no afectará a las bodegas trasladistas. “Nunca vendemos vino de traslado en junio, julio y agosto. Las fraccionadoras tienen sus vinos propios o los de maquileros, y nosotros siempre quedamos para el final”, dijo.