Nuestro país, a partir del primer gobierno justicialista, mantuvo una obsesión industrialista que, en buena parte, pretendía lograr el crecimiento de la industria nacional aún a costa de otros sectores.

El proceso de industrialización fue en gran parte financiado con recursos procedentes de la actividad agropecuaria. En 1946 se creó el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI). Mediante este organismo el gobierno tenía el monopolio del comercio de granos: así conseguía exportar la producción agrícola a precios internacionales mediante la adquisición en el mercado interno a precios inferiores. En general, los productores, tanto chacareros como grandes empresarios agrícolas, no advertían la diferencia. Mejor dicho: la quita.

Obviamente, esta estrategia derivaba, con el paso del tiempo, en una gradual y persistente baja de la producción. Se trataba de mejorar las condiciones de vida hipotecando el mediano y largo plazo.

Durante el período justicialista, se cultivó  una cultura corporativista, renuente al libre mercado, que fue derivando en una débil capacidad de transformación y adaptación a los cambios mundiales donde productores/empresarios, trabajadores y consumidores aguardaban la protección del gobierno para su evolución.

A partir del IAPI (eliminado con la caída del gobierno justicialista), los gobiernos que suceden a la primera etapa peronista implementan la aplicación de derechos de exportación.

Los años fueron pasando y, con mayor o menor intensidad, las cosas se mantuvieron en similar condición. Hubo años en que las alícuotas fueron casi insignificantes, como en la década de la convertibilidad, pero siempre se mantuvieron en la actividad, de forma permanente en el campo tributario. Porque son verdaderos impuestos a la producción.

Lo curioso es que de a poco van dejando su función de fomento a la industria local y así va pasando a formar parte de las herramientas de poder del Ejecutivo Nacional, fundamentalmente, para solventar una creciente política de subsidios y ayudas a quienes el Gobierno considera merecedores de tal aporte.

La etapa actual es muy clara al respecto.

Las mal llamadas retenciones disminuyen el tipo de cambio real que reciben los productores, al tiempo que deben hacer frente a la compra de una parte de sus insumos afectados por un tipo de cambio real más alto habida cuenta que las importaciones se cursan por el tipo de cambio nominal acrecentado por los aranceles correspondientes.

La situación actual es gravísima. Los precios internacionales y el tipo de cambio real no permiten la aplicación  de este regresivo impuesto. La actividad y todos sus agentes están en riesgo de desaparición o, al menos, de debilidad extrema. Sobre todo, los más pequeños.

Al final de la campaña, el chacarero difícilmente saldrá parado… Y los contratistas y arrendatarios ya están heridos, muchos de ellos fatalmente. La cadena de pagos tiene visibles cortaduras.