Como si repitieran la célebre frase de Julio Cobos cuando desempató la votación en el Senado por la resolución 125, el 17 de julio de 2008, las firmas cerealeras le dijeron ayer "no positivo" al Gobierno, ante el pedido de que adelantaran el ingreso de US$ 1500 millones por ventas de soja.

La negativa sucedió durante una reunión que mantuvieron el ministro de Economía, Axel Kicillof; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, con directivos que agrupan a las empresas exportadoras de granos y subproductos que integran la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Pese a que ambas partes acordaron no informar sobre el resultado de la reunión, según trascendió, las exportadoras, al no lograr una posición común frente al pedido del Gobierno, decidieron responder en forma negativa a la solicitud. "Algunas empresas dijeron que podían pagar, pero otras no, así que les explicaron que no podían acceder al pedido", dijo una fuente del mercado granario.

No fue por una cuestión ideológica que los exportadores se negaron a la solicitud, aclaró la fuente. "Los bancos no prefinancian exportaciones si no tienen mercadería", explicó. Los empresarios dijeron que, de aquí a fin de año, prevén liquidar unos US$ 4200 millones de acuerdo con el ritmo habitual de ventas de los productores a las fábricas procesadoras y a los exportadores.

A partir de ahora, el pedido del Gobierno dejará de cursarse por las cámaras y se trasladará a las empresas en forma individual. "Algunas dijeron que podían acceder, pero otras no están autorizadas por sus casas matrices porque tienen restricciones bancarias para este tipo de préstamos", explicó un especialista.

La negativa de las firmas cerealeras no cayó nada bien a los funcionarios. Algunos testigos del encuentro dijeron que Capitanich les dijo que eran "desestabilizadores", argumento que fue rechazado por los empresarios, ya que, recordaron, a comienzos de este año anticiparon la liquidación de divisas por 2000 millones de dólares, tal como les había pedido el Gobierno. Además, explicaron que fueron los productores quienes decidieron demorar las ventas de soja en esta campaña agrícola.