Subyace en sus declaraciones una advertencia: si llega a caer en la tentación de prender el ventilador, nadie saldría beneficiado. Pero se trata más de mensajes hacia el propio gobierno nacional y la interna del oficialismo que hacia la Justicia.

El vicepresidente, tras prestar declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo , el lunes pasado, se preocupó por aclarar que, en esa oportunidad, sólo se refirió a la parte "técnico-jurídica" del caso y que se había reservado las "cuestiones políticas" para "otra instancia".

Podía estar refiriéndose a derivaciones del caso que pudieran involucrar al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, o también a lo que para muchos es un secreto a voces: que Néstor Kirchner hubiera sido el primer interesado en la operación Ciccone.

Muy poco podría obtener de la Justicia Boudou en caso de que insinuara que quien comandó el país entre 2003 y 2007 le ordenó, en plena presidencia de su esposa, que urdiera un plan para que gente de confianza se quedara con la imprenta. Por un lado, Kirchner ya no vive; por otro, el ex presidente no ocupaba ningún cargo público que lo convirtiera a Boudou, por entonces ministro de Economía, en su dependiente.

Si involucrar a Néstor Kirchner en el asunto no persuadiría a la Justicia de la inocencia de Boudou, al menos podría convencer a la presidenta de la Nación de que soltarle la mano a su vicepresidente podría derivar en costos políticos irreparables para el kirchnerismo. Aunque probablemente Boudou no tenga que recurrir a maniobras cuasi extorsivas de esa clase, porque Cristina Kirchner está decidida a bancarlo ahora por otras razones, vinculadas con la necesidad de no mostrar más debilidad en el último tramo de su mandato.

Lo más claro que parece haber hecho Boudou en su defensa judicial es intentar tomar distancia de su socio, José María Núñez Carmona. Algo difícil teniendo en cuenta que ambos estarían asociados en al menos siete empresas.

La presentación efectuada ayer ante Lijo por Rafael Resnick Brenner , el ex jefe de asesores de la AFIP, compromete aún más a Boudou. Resnick Brenner mencionó que, en tiempos en que se analizaba un plan de facilidades para la deuda de Ciccone, tuvo un encuentro con Núñez Carmona, quien le fue presentado por Guido Forcieri, entonces jefe de gabinete de Boudou en el Palacio de Hacienda, como el "encargado" en "representación del Ministerio de Economía" para "el seguimiento del trámite" del levantamiento de la quiebra de la imprenta.

Las dificultades judiciales de Boudou aparecen cuando se advierte que el artículo 265 del Código Penal contempla una pena de hasta seis años de prisión para el "funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo". Su lectura indica que para que se constituya el delito de negociaciones incompatibles basta que el funcionario haya buscado beneficiar a un interés particular, y no necesariamente un beneficio para sí mismo, que sería más difícil de probar por la posible existencia de testaferros.

De este modo, no sería indispensable, para que haya delito, que Vandenbroele, Núñez Carmona o quien sea operen como testaferros de Boudou, sino que Boudou simplemente se haya interesado en un contrato u operación de ellos.