No pocos analistas creen que si Cristina Kirchner hubiera forzado a Amado Boudou a renunciar o a pedir licencia al poco tiempo de que estallara el escándalo por la imprenta Ciccone, en abril de 2012, su gobierno se hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza.

El ex jefe de Gabinete del gobierno kirchnerista Alberto Fernández recordó que, ante otros escándalos de corrupción que tocaron al oficialismo, como el caso Skanska, el de la bolsa de Felisa Miceli y el de la valija de Antonini Wilson, no se dudó en pedirles la renuncia a los principales funcionarios supuestamente involucrados. ¿Por qué en esta ocasión, frente al festival de denuncias contra Boudou, a quien en el propio partido gobernante se considera ya un muerto político, la Presidenta procedió de otra manera?

Las respuestas a ese interrogante son variadas. Hay quienes creen que a Cristina Kirchner le cuesta mucho admitir que se equivocó al elegir a Boudou como su compañero de fórmula y que su tenaz defensa del vicepresidente sólo se explica por una gran dosis de soberbia. Ésta es una idea que esgrime, entre otros, Alberto Fernández, quien equipara el error presidencial de insistir con Boudou con la equivocación de sostener al general César Milani como jefe del Ejército, pese a las denuncias en su contra por presuntas violaciones de los derechos humanos.

También trascendió en su momento que cuando algunos de sus principales allegados le insinuaron a la Presidenta la necesidad de desprenderse del vicepresidente, ella los habría corrido con esta frase: "Si les doy la cabeza de Boudou, mañana vendrán por la mía".

Un arco más amplio y heterogéneo de dirigentes estima otra cosa: que la primera mandataria no podía abandonar a su suerte al vicepresidente porque detrás del negocio con la ex Ciccone habría una extensa red de complicidades y porque habría sido Néstor Kirchner quien le encargó a Boudou que desarticulara la posibilidad de que el grupo Boldt, al que se asociaba desde el kirchnerismo con Eduardo Duhalde, pudiera quedarse con la imprenta que podía fabricar billetes para la Casa de Moneda.

Entre los dirigentes que sostienen esa teoría, no faltan los que aseguran que soltarle el brazo a Boudou exponía a todo un gobierno a que el vicepresidente confesara muchas cosas que podrían incomodar al poder kirchnerista.

Aun cuando esto sea así, hoy se pueden advertir otras razones candentes para que Cristina Kirchner siga defendiendo a Boudou, más allá de que el trato entre ambos resulte más distante que al principio y que sean mucho más contadas las ocasiones en que el vicepresidente ocupa un lugar de privilegio en los actos que encabeza la jefa del Estado.

Esa razón guarda relación con el temor de la Presidenta a que su poder se termine diluyendo más rápidamente todavía, de cara al fin de su ciclo gubernamental, si se produce en estos momentos la caída de su vicepresidente.

Es verdad que no se trataría de un hecho imprevisto, ya que, después de todo, fue la propia mandataria quien tres meses atrás impuso como presidente provisional del Senado al legislador de origen radical Gerardo Zamora, pese a la opinión casi unánime del resto de los senadores del oficialismo.

Pero lo cierto es que una desgracia de Boudou en la Justicia en estos días sería un golpe al poder real de la Presidenta y un acercamiento más acelerado hacia la figura del pato rengo con la que en los Estados Unidos se asocia a los mandatarios sin posibilidad de reelección en las postrimerías de su gobierno.

El llamado a declaración indagatoria de Boudou constituye un problema institucional y político de enorme relevancia. No sólo porque sería el primer vicepresidente elegido por el pueblo que podría quedar procesado por hechos de corrupción, sino porque, además, da cuenta de las dificultades que el Poder Ejecutivo está comenzando a tener para manejar determinadas causas en la Justicia.

Se trata de un hecho que pondría de manifiesto la disminución de la capacidad de persuasión del Gobierno sobre los jueces y su debilidad en un terreno como el de la corrupción, cuya influencia en la opinión pública tiende a crecer en coyunturas socioeconómicas desfavorables, como la que vivimos los argentinos en la actualidad.

Frente a este escenario, la Presidenta decidió renovar su defensa del vicepresidente. Lo hizo en forma indirecta anteayer, durante un acto en la Casa Rosada en el que anunció una nueva moratoria para incorporar a 473.000 nuevos jubilados. Fue cuando reivindicó la decisión de estatizar los fondos previsionales que administraban las AFJP, entre cuyos autores intelectuales se encuentra Boudou.

Al mismo tiempo, la Casa Rosada ayudó a diseñar la estrategia judicial de Boudou, tendiente a embarrar la cancha para postergar una definición en la Justicia. En sintonía con ese plan, se pidió la nulidad del llamado a indagatoria y el vicepresidente renovó sus provocaciones al juez Ariel Lijo, tal vez con la esperanza de encontrar un camino que conduzca a la recusación del magistrado, al tiempo que, como le gusta a Cristina, recurrió a los fantasmas de Clarín y LA NACION para explicar su triste situación..