Desde el 1° de marzo en el Congreso, cuando Cristina Kirchner calificó a su ministro de Economía, Axel Kicillof, de "chiquitito, pero rendidor", al elogiar su labor en las negociaciones con Repsol por la expropiación de sus acciones en YPF, pocas dudas quedaron sobre los deseos íntimos de la Presidenta con miras a su sucesión en 2015.
Muerta la hipótesis de la segunda reelección presidencial consecutiva, vedada por la Constitución y rechazada por la opinión pública, quedó claro que Cristina Kirchner preferiría que quien pudiera sucederla fuese algún representante de la nueva generación de dirigentes vinculados con La Cámpora antes que el gobernador bonaerense, Daniel Scioli.
Ninguna alternativa está cerrada, sin embargo. De hecho, Scioli sigue siendo, entre las potenciales figuras presidenciables del oficialismo, quien reúne por lejos la mayor intención de voto, aunque esté por debajo de Sergio Massa.
El objetivo de mínima del cristinismo es condicionar una postulación presidencial de Scioli, al extremo de que éste se vea forzado a cederle el mayor número de lugares en las listas de legisladores nacionales y provinciales.
Las precandidaturas de Sergio Urribarri y Florencio Randazzo son funcionales a esa estrategia. Claro que el gobernador entrerriano es aún un desconocido a nivel nacional y, encima de eso, vio manchada su imagen con el papelón por la quiebra de la empresa amiga que iba a vender cosechadoras en Angola. En cuanto a Randazzo, no es improbable que termine buscando un acuerdo con Scioli para quedar como candidato a gobernador bonaerense.
La ilusión cristinista sobre las perspectivas de Kicillof comenzó a afirmarse en los últimos días, ante un supuesto mayor control de algunas variables económicas que parecían desmadrarse hasta hace pocas semanas. Voceros del oficialismo se jactan, en ese sentido, de que las reservas del Banco Central vienen recuperando posiciones en abril, al ubicarse hoy en torno a los 27.700 millones de dólares, tras haber perforado el piso de 27.000, aun cuando a principios de año eran de 30.586 millones de dólares. También destacan que, pese a pronósticos que califican de "agoreros", el dólar informal ha bajado desde los casi 13 pesos de fines de enero a 10,40.
Ante el optimismo que se busca contagiar desde el oficialismo, economistas del sector privado coinciden en ensayar una refutación con diversos argumentos.
Atribuyen la actual tranquilidad cambiaria a la suba de las tasas de interés inducida desde el Banco Central y señalan que, con esta medida, el Gobierno sólo ha comprado tiempo. Juzgan que si este tiempo no es usado para instrumentar una política antiinflacionaria eficaz, llegará un momento en que ningún nivel de tasas frenará otra corrida hacia el dólar. Y una eventual carrera entre tasas y tipo de cambio hará desaparecer completamente el crédito y seguirá afectando negativamente el consumo, con el agravante de que en una economía signada por alta inflación, el sindicalismo se convierte en actor político relevante, como quedó reflejado en el paro de anteayer.
También se preguntan qué podría pasar después del Mundial de Brasil, allá por julio, cuando se terminen las liquidaciones de los exportadores de soja, que en las próximas semanas permitirán mantener la paz cambiaria.
La respuesta desde el Gobierno a esas advertencias guarda relación, justamente, con la labor de Kicillof para que la Argentina pueda regresar al mercado de crédito internacional. El titular del Palacio de Hacienda convenció a la Presidenta sobre la necesidad de reanudar el diálogo con el FMI para poder acordar con el Club de París y amigarnos, como Grecia en los últimos días, con el mundo financiero. La duda pasa por los tiempos que llevará la normalización de esas relaciones.
Es que el gobierno argentino continúa siendo rehén de un discurso asociado a un rancio nacionalismo. La Presidenta sigue resistiéndose por ahora a que el FMI supervise la economía argentina, como lo hace con todos sus países miembros. Ella y Kicillof pretenderían infantilmente reemplazar al FMI por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). No obstante, cabe suponer que sucumbirán ante la realidad internacional en algún momento, aun cuando el relato oficial insista en todo lo contrario.
Las actitudes testarudas que demoran el acceso al financiamiento internacional están a la orden del día. Viene al caso un simple ejemplo. Pese a que los sucesivos gobiernos kirchneristas anuncian el soterramiento del ferrocarril Sarmiento desde 2006, a que las obras fueron licitadas y adjudicadas, y a que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (Bndes) tiene preaprobado desde noviembre último un crédito por unos 1600 millones de dólares para que el grupo brasileño Odebrecht se haga cargo de la ejecución, el proyecto sigue paralizado. Más allá de las conjeturas sobre presuntas presiones desde Brasil al gobierno argentino por las dificultades planteadas con la minera Vale y la operadora ferroviaria ALL, fuentes empresariales aseguran que el problema sería otro. Concretamente, aseguran, que Kicillof habría objetado una cláusula del crédito del Bndes, según la cual cualquier controversia sería resuelta en los tribunales brasileños y no en la justicia argentina, como pretendería el ministro.
