El nuevo índice de precios al consumidor del Indec se aproxima por primera vez en siete años a la "sensación térmica" de alta inflación que vienen sufriendo los consumidores, aunque el ministro Axel Kicillof haya vuelto a omitir esa palabra tabú para el gobierno de Cristina Kirchner. También prefirió hablar de "corrimientos" y no de aumentos generalizados de precios, como si el alza de 3,7% mensual de enero por el flamante IPCN no equivaliera, en una proyección anualizada, a una tasa de inflación superior a 40%.

Ni que casi todas las nueve divisiones que lo componen mostraron alzas importantes.

Por primera vez en cuatro décadas, además, la estructura y ponderaciones de este nuevo indicador de alcance nacional se conocen en el mismo momento (o aun después, en el caso de la metodología) de su debut, pese a que hace dos años se venía trabajando en su elaboración. O sea que todo análisis en profundidad deberá hacerse ex post. Si a esto se suma que la TV pública y algún canal de cable "amigo" dejaron de transmitir la conferencia de prensa de la conducción del Indec y Kicillof a los pocos minutos de iniciada, y que los funcionarios se retiraron sin aceptar preguntas, no ayuda a creer que la verdadera intención oficial sea aportar la mayor transparencia posible en la forma de medir la inflación, después del oscurantismo estadístico impuesto desde 2007.

Por lo pronto, el aumento de enero no está tan lejos (apenas 0,9 punto porcentual menos) del impreciso IPC Congreso (4,6%), que ayer mismo Jorge Capitanich había calificado de "mamarracho". Es cierto que ambos índices no son comparables. Pero también lo es que, por la misma razón, tampoco será posible calcular la inflación pasada con respecto a meses o años anteriores: el tradicional y manoseado IPC para la Capital Federal y el Gran Buenos Aires quedó discontinuado, después de arrojar una inverosímil suba de 1,4% en diciembre y de 10,9% para todo 2013. Por lo poco que se sabe, no habría ahora datos específicos para la región metropolitana (donde se concentra casi la mitad de la población) ni tampoco un empalme de series estadísticas. En otras palabras, una suerte de borrón y cuenta nueva, aunque con un arranque del IPC-NU que seguramente no era el esperado por el Gobierno hace unos meses.

Hasta anoche tampoco se sabía si el Indec divulgará los precios en pesos (al menos del conjunto de productos más relevantes dentro de los miles que incluye el nuevo indicador en seis regiones) como lo hacía hasta 2008, cuando Guillermo Moreno descubrió que era más sencillo controlar el "viejo" IPC que la inflación.

Desde entonces esos precios pasaron a ser un virtual secreto de Estado, guardado celosamente por Ana María Edwin y Norberto Itzcovich, los responsables político y técnico del Indec, que Kicillof intentó remover sin éxito desde que asumió. Otras dudas sin despejar, que no contribuyen a recuperar la credibilidad del organismo.

Tampoco se habló en la reunión de ayer sobre el futuro de las canastas básicas (total y alimentaria), que en los últimos años empujaron artificialmente hacia abajo las tasas de pobreza e indigencia y fueron invariablemente tomadas como válidas por el gobierno de CFK.

Aunque es cierto que un índice de precios de mayores alcances y adecuado a la actual canasta de consumo debería ser más preciso para medir la inflación, esa certeza desaparece si se tienen en cuenta otros factores.

Por un lado, el prolongado congelamiento de tarifas subsidiadas de luz y gas en el área metropolitana reduce significativamente la ponderación de ese gasto, y del mismo modo licuará el impacto en el indicador de futuros aumentos, como ya ocurre con el último ajuste de las tarifas de transporte.

Por otro, cuando todos los rubros suben entre 20 y 30% en un año (como lo revela la última medición de la Universidad del CEMA para consumos medios y altos, que arrojó un alza de 5,4% en enero), las diferencias metodológicas se tornan irrelevantes. El problema es la alta inflación, que el Gobierno se niega siquiera a mencionar y/o a atacar, y no los índices.

Si bien nadie lamentará la desaparición del IPC (cuya manipulación significó una estafa para los tenedores de bonos ajustables por CER, que dejó a la Argentina sin acceso al crédito externo), el daño sobre la confianza ha sido enorme. Y costará mucho tiempo reparar, aun con el saludable principio de sinceramiento -y amañada presentación- que implicó el nuevo indicador.