No es ninguna novedad que en nuestro país las instituciones republicanas son violentadas, más aún cuando desde el poder, ostentando cargos públicos surgidos del voto popular, se asumen actitudes o se declaran posiciones que van a contrapelo de la más elemental ética pública.

Así, desde donde se debería dar ejemplo de civilidad se apoya el delito o se actúa con un cinismo repudiable. Tal es el caso del intendente de la localidad de Salvador Mazza, en la provincia de Salta, Carlos Villalba, quien fue detenido en un prostíbulo durante un procedimiento contra la trata de personas, lo que provocó su destitución.

Si bien el municipio fue intervenido, lo llamativo es que Villalba, en vez de ser condenado al ostracismo político, quedó bajo la protección del paraguas del justicialismo salteño, que integran la mayoría de sus colaboradores. Peor aún: el presidente del justicialismo provincial, el gobernador Juan Manuel Urtubey, autorizó a Villalba para que se presente como candidato a intendente en las elecciones del mes próximo.

Que un intendente de esa catadura, suspendido en sus funciones tras la escandalosa presencia en un prostíbulo -trance que intentó superar lanzando explicaciones contradictorias e inverosímiles- vuelva a ser candidato con el aval del gobernador, muestra el grado de degradación institucional reinante, donde todo es posible.

Otro caso que cobró estado público hace días tuvo que ver con las declaraciones del diputado provincial del kirchnerismo de Santa Cruz Rubén Contreras quien, ante el pedido del gobierno provincial para que la Legislatura adhiriera a la ley nacional para la persecución y sanción de la trata de personas y asistencia a las víctimas, defendió la existencia y apertura de prostíbulos en territorio santacruceño.

Con un concepto primario y elemental, Contreras, jefe del bloque de diputados kirchneristas de Santa Cruz, sostuvo que "si cierran los prostíbulos va a haber más violaciones". Sus declaraciones produjeron pedidos de destitución, juicio político y repudio generalizado, lo que motivó que el diputado Contreras emitiera un comunicado de prensa en el cual pidió disculpas, declarando que él no avala la trata de personas.

Vale aclarar que la provincia de Santa Cruz es un lugar de destino de varios circuitos de prostitución, que se hace visible, por ejemplo, en el barrio conocido como "Las Casitas", sin que durante la intendencia y las gobernaciones de Néstor Kirchner se hiciera nada para erradicarla.

Se suma a este cuadro la reciente detención de José Marcelo Duarte, ex concejal kirchnerista del municipio bonaerense de Malvinas Argentinas, a quien se encontró con 53 kilos de cocaína ocultos en tres bolsos en su casa de Exaltación de la Cruz.

En esta caída de modelos y donde el "todo vale" es la regla común, cabe mencionar las declaraciones efectuadas por el ciudadano uruguayo Mario Vitette Sellanes, cerebro del millonario robo al Banco Río de Acassuso en enero de 2006.

Ya en libertad, fue entrevistado en Montevideo, ciudad en la cual fue recibido en el aeropuerto de Carrasco como una celebridad, por el programa televisivo La Yapa. En esa entrevista sostuvo que robar es su "profesión"; que él "no roba por tener, sólo por ser"; que es un profesional; que vive de eso y que por lo tanto no tiene de qué arrepentirse. Estas temerarias afirmaciones obligaron al gobierno uruguayo a presentar hace pocos días una denuncia ante la Justicia por apología del delito. Un claro ejemplo de cómo funcionan las instituciones en un país y cómo no funcionan en el otro.

Los casos mencionados, a los que se podrían agregar muchos más, nos hablan de una crisis moral de valores que lleva a alabar la ilegalidad.

Se ha querido ver esos pésimos ejemplos como casos estrambóticos, cuando en realidad reflejan un mal más profundo y que trasciende a estos personajes. Cabe preguntarse por el grado de influencia que en este retroceso puede haber ejercido un gobierno que ha hecho de la mentira un deporte y, de la corrupción, un hábito.