La medida de fuerza del campo, consistente principalmente en la paralización de las ventas de productos no perecederos, se ha cumplido con singular aprobación. En los tres días hábiles de operaciones en el Mercado de Liniers en los que se extendió la protesta, sólo ingresó un camión con 38 animales, cuando en esas jornadas habitualmente se registran ingresos de 2000 a 3000 vacunos. En materia de granos, en las terminales portuarias de Rosario, los ingresos de camiones se redujeron a sólo el 10% de las descargas normales. Por su parte, la presencia de numerosos productores en numerosos lugares a la vera de rutas, con entrega de material informativo de la situación de las respectivas actividades rurales afectadas por las decisiones gubernamentales completaron las acciones.

Aparece como una primera consideración la fuerza y unidad de la Comisión de Enlace, puesta a prueba por el propósito oficial de introducir fisuras en su organización. En efecto, el ministro Norberto Yauhar insistió en recibir en audiencia a una entidad por vez, con el propósito a la vista de provocar su fractura. Disconforme con este negativo resultado, se intentó obtener sin mayor suerte la renuncia de Carlos Garetto, presidente de Coninagro, una de las cuatro megaentidades que conforman la comisión. Se trata de un hecho insólito, de carácter francamente autoritario, consistente en procurar desde el gobierno la dimisión de un dirigente privado.

Son muchos e importantes los motivos de la medida de fuerza adoptada. Las retenciones a las exportaciones, del 35% del valor de exportación para el grano de soja y 32% para su aceite, 23% para el trigo, 20% para el maíz y 15% para la carne vacuna, son impuestos que se agregan a un tipo de cambio insuficiente, lo que crea una situación que no registra parangón en ninguna parte de mundo. A ello se agrega al impuesto a las ganancias sin deducir la inflación, a los bienes personales y otros. El caso del trigo es paradigmático: a partir de la administración kirchnerista se decidió desacoplar este cereal destinando la mayor parte para el consumo y el resto para la exportación.

Transcurridos cinco años, la reducción de su cosecha ha sido tal que, de no registrarse condiciones climáticas favorables, podría repetirse lo ocurrido a principios de los años 50, cuando debió recurrirse al consumo del pan negro elaborado, incluyendo la parte externa del grano, para aprovecharlo íntegramente. En tanto Brasil, el mercado argentino más importante, está buscando proveedores en otras fuentes, aquí se recurre a eliminarle la retención para estimular la siembra mediante un sistema de tal regulación que por sí solo anuncia su fracaso. Los permisos de exportación, llamados ROE, la restricción de importar, la persecución a los agricultores para que vendan la soja a gusto y paladar del Gobierno y el congelamiento de precios se suman a agravios tales como el intento de confiscación del predio de la Sociedad Rural en Palermo, la ausencia de la tradicional concurrencia de altas autoridades en las exposiciones rurales y la desaparición de stands de reparticiones oficiales que reflejan el malestar del sector rural.

La índole de la relación del Gobierno con el agro muestra el tamaño del disenso, a punto tal que el propio oficialismo se daña a sí mismo erosionando y anulando producciones capaces de proveerle una exitosa gestión que se vislumbra cada vez más lejana. Por su parte, la Comisión de Enlace, al respaldar su decisión mediante numerosas asambleas en el vasto interior, no solamente aparece fortalecida como se expresa más arriba, sino que recoge pedidos de continuar la protesta, si la voluntad de real diálogo por parte de las autoridades nacionales sigue brillando por su ausencia.