Así como con la bandera de la "democratización de la palabra" el kirchnerismo impuso una ley de medios que consagrará el más grande aparato de comunicación al servicio de la fracción gobernante, detrás de la "democratización de la Justicia" se esconden el propósito de sacar progresivamente del campo de juego a la molesta Corte Suprema actual y la intención de subordinar al Consejo de la Magistratura al partido dominante, que a su vez está regido por el dedo de la Presidenta.

Pocas dudas puede haber de esas intenciones cuando, en 2010, Carlos Zannini, el funcionario más cercano a Cristina Kirchner en los últimos tiempos, cometió un mayúsculo sincericidio, al admitir que "elegimos a esta Corte para otra cosa".

Hoy, asistimos a otro sincericidio sobre la reforma judicial, en boca del titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Marcelo Fuentes, quien justificó esas iniciativas, al señalar que, frente a la limitación de los privilegios de algunos, "antes, el correctivo era el golpe militar" y "ahora se quiere gobernar con las sentencias". Es algo que el oficialismo pretenderá demostrar en los próximos días, cuando se conozca la sentencia de la Cámara Federal Civil y Comercial sobre los artículos de la ley de medios impugnados por el Grupo Clarín si, como presumen fuentes gubernamentales, son declarados inconstitucionales.

Pronto, cuando arrecie la campaña, los jueces serán el chivo expiatorio de la inseguridad, como anoche fueron responsabilizados por la Presidenta por no haber declarado inconstitucional un viejo decreto sobre el servicio doméstico que, en todo caso, el kirchnerismo tardó nueve años en reparar.

El relato kirchnerista machaca y machacará sobre la idea de que todo fallo judicial contrario a los deseos del Poder Ejecutivo será un "alzamiento" contra decisiones populares. Vuelve sobre una frase de la propia Cristina Kirchner, que señala que el Poder Judicial "le ata las manos al Estado", aseveración que parece indicar que el Estado es sólo ella e ignora que la Justicia es tan Estado como ella.

Los fundamentos que emplea el oficialismo para defender la reforma se basan en que ninguna sentencia judicial puede contrariar la voluntad popular, a la que sólo puede entenderse como encarnada por la Presidenta. Ergo, por haber sido avalada Cristina Kirchner en las urnas por el 54% de los votantes en octubre de 2011, todos sus actos y proyectos sancionados sin chistar y a libro cerrado por su regimiento de legisladores deberían ser convalidados por los jueces, a quienes se les niega el control de constitucionalidad de las leyes. Se llegaría así a la absurda conclusión de que, en un juicio contra el Estado, un particular nunca podría tener la razón.

Se obvia, al hablar de la voluntad popular, que ni siquiera la proyectada reforma judicial fue sometida a consideración del electorado. Nada decía en 2011 la plataforma electoral del kirchnerismo, que en rigor no se conoció, más que por su eslogan "La profundización del cambio". Paradójicamente, por lo visto, la voluntad popular kirchnerista es ciega.