El Gobierno defiende el acuerdo con Irán. La AMIA y la DAIA se venían oponiendo porque ese tratado sólo habilita a tomar "interrogatorios", en lugar de autorizar al juez federal Rodolfo Canicoba Corral a "indagar" a los sospechosos.

Ayer, la cancillería persa ratificó que "no habrá indagatorias", con lo cual confirmó que las advertencias de las entidades judías eran correctas. Pero el Gobierno avanza, contra viento y marea.

El Gobierno se está acercando a Irán y está dispuesto a pagar un costo político muy fuerte. Pero, más allá de cualquier motivación política que impulse esa estrategia oficial, el acuerdo tiene fuertes consecuencias legales.

Primero: el convenio que estudia el Congreso es un tratado internacional.

Segundo: tal como lo establece la Constitución nacional, todo tratado tiene rango superior a las leyes. Pero, atención, el texto del acuerdo dice que el juez Canicoba Corral, que podrá estar presente en Teherán, tendrá la ocasión de "interrogar" a los sospechosos. No dice que podrá "indagarlos", según lo que establece el Código Procesal Penal, que tiene rango de ley y que queda en un nivel inferior al tratado.

Tercero: la legislación iraní también establece que un ciudadano iraní sólo puede ser indagado por jueces iraníes.

Cuarto: el convenio obliga a los dos países a intercambiar toda la evidencia recolectada. Es decir, la Argentina le dará a Irán todas las pruebas recogidas en 19 años y no se sabe bien qué le dará Irán a la Argentina.

Quinto: Irán, según un cable de la agencia persa IRNA -cable de la agencia oficial, que lleva el código de noticia 1066752-, sigue sosteniendo que Israel estuvo detrás del atentado. Télam, cuando tradujo el cable, se ocupó de no incluir ese párrafo.

Sexto: en consecuencia, ni el acuerdo, en los términos legales en que la Argentina lo celebró con Irán, ni el contexto político parecen garantizar que los interrogatorios que eventualmente se vayan a tomar en Teherán tengan validez de declaración indagatoria que requiere inexorablemente el Código Procesal para poder avanzar con un procesamiento y terminar en una condena firme. ¿La política está desviando otra vez a la Justicia?

El constitucionalista Daniel Sabsay, que asesora a la DAIA, consideró que lo que se hable en Irán frente a la "Comisión de la Verdad" en Teherán tendrá el simple valor de una "charlita", pero aclaró que "obstruirá la posibilidad del juez de avanzar".

¿Es posible salir de esta encerrona? Sí, pero sólo si se declara inconstitucional el tratado que debatirá el Congreso.

Es decir, el Gobierno, en lugar de facilitar la condena de los acusados por el atentado, parece sembrar nuevos obstáculos legales a una causa que lleva 19 años.

Carlos Menem quiso frenar la pista siria. Cristina Kirchner, directamente, parece dispuesta a borrar la pista iraní, avanzando con un acuerdo de dudosa utilidad.