La interpretación del juez de "trato equivalente" entre los bonistas litigantes y los que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010 es que a partir de ahora cada vez que la Argentina cumpla con los pagos de deuda, les deberá pagar el 100% de lo adeudado a los acreedores rebeldes. Y ese 100% no es la deuda que el país dejó impaga en 2001, sino que se duplica al considerar los intereses vencidos y penalidades.
Es decir, los US$ 1450 millones involucrados en el fallo se componen de un capital original de 650 millones y el resto son intereses vencidos.
Si uno extendiera el problema potencial a toda la deuda en situación de impago, acumularía pasivos en bonos por US$ 11.200 millones, en vez de los US$ 6200 millones originales. Negar el problema no ha hecho que éste desaparezca, desafiando también en el plano de las finanzas una creencia que el Gobierno aplicaba a la situación inflacionaria, a la política energética y al transporte, entre otros casos.
El juez Griesa ha decidido que aun cuando hay apelaciones posibles a la Cámara, la Argentina deba depositar el 15 de diciembre el monto reclamado, los US$ 1450 millones, en una cuenta "custodia" hasta que se determine el monto exacto del pago. Y ha decido proceder de esa forma basado en las declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner y del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, en el sentido de que la Argentina no cumpliría con un fallo desfavorable .
Si la Argentina no logra una nueva "cautelar" de la corte de apelaciones, deberá elegir entre hacer el depósito y seguir litigando o incumplir por primera vez
un fallo de la justicia norteamericana y generar probablemente un default técnico. Malvinizar la cuestión de la deuda no ha servido de nada.
Ahora sólo queda elegir la mejor decisión para la Argentina, midiendo los costos y los beneficios de las distintas alternativas.
Tomar una decisión basándose en la mirada de la política interna sobre la calidad moral de los oponentes puede ser simpático, pero muy peligroso.
